La ocupación directa de un grupo de fincas por parte del Ayuntamiento para desarrollar el malogrado proyecto del Cat, del que sólo se construyó un edificio, aún sin terminar, y unas escaleras, se efectuó en base a la figura urbanística de la ocupación directa y a cambio, el Consistorio ofreció ceder a los propietarios derechos urbanísticos en el Sector Bonal —un área de desarrollo de 27 hectáreas entre las carreteras de Madrid, la variante SG-20 y Nueva Segovia— una opción que aceptaron la mayoría de los propietarios, que aún hoy esperan la creación de ese nuevo barrio de la ciudad.
No obstante, transcurrido el plazo legal de cuatro años para el desarrollo de los terrenos, uno de esos propietarios acudió al Juzgado exigiendo la expropiación de su finca por parte del Ayuntamiento y acaba de recibir el respaldo judicial a su reclamación en Primera Instancia y por tanto, aún es recurrible.
La portavoz municipal del Partido Popular, Raquel Fernández, ha alertado de esta situación —de la que el Ayuntamiento no ha dado cuenta pública— que achaca a la “nefasta gestión” de los socialistas y que a su juicio podría convertirse en una nueve fuente de deudas millonarias para la ciudad, más aún si el resto de los propietarios deciden seguir el mismo camino y exigir que se les paguen las fincas.
De hecho, Fernández cree que ese escenario empantanaría la economía municipal “en torno a cinco años” y denuncia que el Ayuntamiento “está bien lejos de ese escenario idílico sin deudas que llevan vendiéndonos un año”.
El concejal de Urbanismo, Alfonso Reguera, dibuja un panorama bien distinto en el que matiza que la finca en cuestión no es urbana, “sino suelo consolidable” por lo que su precio no es demasiado elevado y “es perfectamente asumible por el Ayuntamiento y no supondría ningún descalabro”. Eso si, como cree, no prospera el recurso que su departamento planteará a la sentencia con “muchas posibilidades de que el Superior (TSJ) lo tumbe”.
El también portavoz municipal aseguró además que este tipo de disputas judiciales con particulares “son habituales en todos los ayuntamientos” y consideró que la denuncia de los populares busca únicamente réditos políticos a partir de un asunto que, a su juicio, carece de gravedad.
Comisión extraordinaria de Hacienda para investigar el Cat.
Por otra parte, la líder del PP municipal ha anunciado que solicitará la convocatoria de una comisión extraordinaria de Hacienda para tratar de aclarar “gastos no explicados” realizados en la fase de puesta en marcha del proyecto del Cat. “Se trata de viajes, traslados y trabajos de consultorías que no han sido aclarados y que conforman un listado de gastos oscuros que queremos que se expliquen”, subrayó.
El PP acude a la fórmula de la “comisión extraordinaria” —que puede promover sólo una cuarta parte de los miembros de la Corporación y por tanto, el grupo popular en solitario pese a que buscará el apoyo de otros grupos— después de que el pleno rechazara la primera propuesta de formar una comisión investigadora por la oposición del PSOE apoyado por Ciudadanos, un grupo que Fernández tachó de “cómplices” de los socialistas para impedir aclarar las “sospechas más que razonables” en torno a aquellos gastos.
6 junio, 2018
Cómo siga ‘despertando la Segovia de alguno’ nos arruinamos del todo. Los adoquines de San Juan, los Buses y demás cositas, no las van a poder pasar por los morros antes de próximas elecciones. Aunque siempre nos quedará la Zambrano, la Guiomar, Santa Teresa levitando y alguna placa de calle a cambiar.
6 junio, 2018
Y ooooooooootra más del CAT y sus aledaños…