Posted By Redacción on 24, Feb, 2016

Los representantes de C’s y UPYD, el pasado miércoles.

La sociedad Segovia 21 volverá a copar las discusiones en el pleno que se celebrará en la Diputación provincial el próximo 26 de enero, en el que UPYD y C’s reiterarán, en forma de moción su planteamiento para “salvar” la entidad, ahora en concurso de acreedores, mediante una inyección de 1,8 millones de dinero público, en forma de ampliación de capital, que ambos partidos creen que se puede compensar “racionalizando” otros gastos.

La moción tiene algunas novedades sobre la fórmula que ya esbozaron hace unos días en una rueda de prensa conjunta y entre los gastos a “racionalizar”, la propuesta propone el retraso de las obras de reforma del teatro Juan Bravo —previstas para el segundo semestre de este año— por no considerarlas urgentes y disponer así de 440.000 euros para la ampliación de capital. También piden que se renuncie a la compra del Palacio de la Floresta (600.000 euros de ahorro, según sus cálculos), la reducción del número de diputados liberados, asesores y personal de confianza por 150.000 euros o la renuncia a 600.000 euros más en obras y equipamientos del Palacio de Congresos de la Faisanera.

La moción propone además que la sociedad se gestione desde la estructura de la Diputación y por sus funcionarios, se destituya a los gestores actuales, la empresa Verae y se asuma el pequeño paquete de acciones que aún tiene la Cámara de Comercio “por un precio simbólico”, eliminando así cualquier traba para que la Diputación pudiera adoptar las medidas que proponen.

Segovia 21 se encuentra en concurso de acreedores desde el pasado mes de enero, cuando fracasó el intento de lograr dinero para afrontar las deudas mediante un crédito avalado por el Gobierno regional. En los últimos días se ha nombrado administrador concursal al auditor profesional de La Coruña, Ramón Cuesta.

Personal eventual y castigos.

En otro orden de cosas, UPYD insistirá también en el conflicto que mantiene abierto con el Gobierno provincial por los puestos de personal eventual, con una moción que dará continuidad al debate abierto en los medios de comunicación tras conocerse el auto del contencioso administrativo que reconocía el derecho de UPYD a contar con un coordinador de grupo y consideraba tres de esos puestos nombrados por los populares, entre ellos el del coordinador de Presidencia “no ajustados a Derecho”.

El texto legal fue interpretado por el Gobierno popular —en una nota de prensa— como “un aval” a su política de Personal, además de anunciar que modificarían las funciones de los puestos cuestionados por el juez y advertir que se plantearán si suprime la figura del coordinador en todos los grupos, una propuesta que UPYD considera una “amenaza de castigo a quien ha osado alzarse contra los actos arbitrarios del poder”.

La moción insta al pleno a censurar aquella nota de prensa por su contenido “falsario, demagógico, dictatorial e interesado”, además de decidir si la institución recurre ese auto y, en el caso de que finalmente se lleve el asunto al TSJ, que sean los diputados que apoyen la decisión los que paguen los gastos, en vez de la propia Diputación.

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