Posted By Redacción on 12, Nov, 2020

Pacto Mañueco-Tudanca, hoy agua de borrajas.

Si el espíritu de consenso plasmado en el cacareado pacto para la reconstrucción firmado a mediados de junio se había volatizado ya en verano, la decisión del PSOE de Castilla y León -el partido, no se olvide, más votado en las elecciones autonómicas y con mayor número de procuradores en las Cortes- de abandonar la mesa constituida para intentar consensuar un nuevo modelo sanitario para Castilla y León ha consumado la ruptura entre el gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco y el primer partido de la oposición.

Dado el absoluto ninguneo y el sistemático desprecio con los que el gobierno Mañueco y en particular el vicepresidente Francisco Igea, (a estas alturas mero perro de presa del presidente) venían obsequiando al PSOE de Luis Tudanca, la reacción de éste último no ha sorprendido a nadie. Y sin embargo no por ello resulta ser una pésima noticia para los ciudadanos de esta comunidad, ya que, si alguna cuestión de verdadero alcance futuro tenía ese chapucero pacto, era la de revisar un modelo sanitario al que le han estallado todas sus costuras y sustituirlo por un renovado sistema público de Salud que garantice una atención de calidad a todos los castellanos y leoneses con independencia del lugar donde residan. Eso y el de diseñar un nuevo modelo de atención residencial a las personas mayores, algo de asboluta prioridad después de que el Covid convirtiera las residencias en una especie de ratoneras, en las que la pandemia se ha cobrado hasta la fecha cerca de 3.100 vidas.

Aunque en el pacto de reconstrucción no figuraba la recuperación de la atención presencial en los centros de salud y consultorios, los socialistas han venido haciendo de ello un verdadero caballo de batalla. Recelaban de que el semicierre de esos centros a los ciudadanos, despachados a base de consultas telefónicas, fuera aprovechado en la practica para sentar las bases de la reforma de la atención primaria “modelo Aliste“, que la consejería de Sanidad se vio obligada a dejar en suspenso al irrumpir la pandemia. Recelo justificado, ya que la consejera Verónica Casado y su mentor, el vicepresidente Igea, en ningún momento han renunciado a aplicar esa reforma que supondría la muerte por inanición de la inmensa mayoría de los 3.600 consultorios locales existentes en Castilla y León.

La consejería se ha cerrado en banda ante la petición de recuperar la atención primaria presencial y de ahí no se mueve ni siquiera después de haberse constatado las letales consecuencias de esa atención telefónica: Sonia Sainz-Maza, la burgalesa fallecida de un cáncer no diagnósticado al no haber podido acceder en tiempo a una consulta presencial, no ha sido la única víctima mortal de ese cerrajazo de los centros de salud. Tras su caso, han ido aflorando otros con el mismo resultado fatal. Pero ni ello ni las cerca de 140.000 firmas que se han adherido en change.org a la campaña “Por teléfono no se cura” han conseguido que Casado e Igea recifiquen

La gota que parece haber colmado el aguante de Tudanca ha sido el rechazo de PP y Ciudadanos a una moción socialista presentada en el último pleno de las Cortes proponiendo un plan de contigencia sanitario que reclamaba, además de la atención primaria presencial, una incentivación que hiciera posible la contratación de nuevos profesionales sanitarios y nuevas medidas para reducir las listas de espera.

La moción, apoyada por las cuatro formaciones que integran el grupo mixto, fue derrotada al recibir el voto en contra de los dos partidos que sustentan al gobierno Mañueco. PP y C´s tumbaron asimismo otra moción socialista que proponía la fiscalización por el Consejo de Cuentas de todos los ingresos y gastos de la Junta relacionados con la crisis del Covid, así como una comisión de seguimiento de la gestión económica de todos los fondos participada por todos los grupos parlamentarios, los agentes del Diálogo Social, el Tercer Sector y la Federación Regional de Municipios y Provincias.

Añádase a todo lo anterior el encontronazo entre el PSOE y la Junta a causa de la negativa de la consejería de Familia a informar sobre las residencias de ancianos de titularidad privada, alrededor de 200, en las que el Covid se ha cobrado víctimas mortales, conflicto que ha desencadenado la petición por parte del grupo socialista de una comisión parlamentaria de investigación sobre los fatales efectos de la pandemia en los centros residenciales.

Con ello ha quedado meridianamente claro, si es que no lo estaba ya, que los primeros Presupuestos de la Comunidad de la presente legislatura -hasta ahora el gobierno Mañueco ha seguido manejándose con los últimos aprobados bajo la presidencia de Juan Vicente Herrera– no serán fruto de ningún consenso. Pese a que PP y C´s disponen por sí mismos de la mayoría suficiente –41 procuradores- para sacarlos adelante, Fernández Mañueco tenía especial interés en que el PSOE se prestara a un consenso presupuestario. Y no tanto porque ello redujera aún más el margen de maniobra socialista para ejercer la oposición como porque de esa forma se evitaría tener que pactar con su propio socio –abiertamente dividido en dos facciones, la de Igea, atrincherada en la Junta, y la afín a Arrimadas, absolutamente mayoritaria en el grupo parlamentario- las prioridades presupuestarias.

A tenor del debate sobre el techo de gasto (10.980 millones) de que dispondrá el primer Presupuesto, se supone que el PSOE enmendará a la totalidad el Proyecto, que en principio solo contará con el apoyo de PP y C´s y del procurador de “Por Ávila“, el partido provincialista escindido del PP. Pese a que no apoyó la investidura de Mañueco, Pedro José Pascual es el único procurador de la oposición que ha respaldado el techo de gasto. “Por Ávila” se está dejando querer por la Junta y Mañueco está encantado en complacer a sus antiguos correligionarios abulenses, no vaya a ser que su único voto pueda resultar decisivo en el futuro si en un momento dado Arrimadas decide descabalgar a Igea de la Junta.

Personal del SAMUR desinfecta la residencia Mixta de Segovia.

Entretanto, el presidente de la comunidad sigue encantado de conocerse. No tanto por el sondeo de “Sigma Dos”, cuyo sesgo partidista conoce él mejor que nadie, como porque la insolvente y errática gestión de la Junta sobre la pandemia no le está pasando ninguna factura política. Al contrario: en contraste con Isabel Diaz Ayuso, está pasando ante la opinión pública como ejemplo de gobernante responsable que antepone el interés general al de su partido. Castilla y León suma ya más de 7.000 muertos por la pandemia y, pese a que la Junta es la Administración responsable tanto de la Sanidad como de las residencias sanitarias, el mayor coste político de semejante desastre sigue recayendo sobre el gobierno Sánchez.

Y después de haber incumplido flagrantemente los acuerdos del Diálogo Social firmados el pasado 23 de marzo -los trabajadores incluidos en ERTEs siguen esperando aquel el complemento a que se había comprometido la Junta- este miércoles volvía a hacerse la foto con los agentes sociales para presumir de un Plan de Choque que a saber cómo y cuando se aplicará. Pese a haber sido ninguneados, si es que denostados, por la Junta, UGT, CC.OO. y Cecale han vuelto al redíl. Veremos cuanto tardan en volver a llegar las lamentaciones.

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