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Opinión: Las tasas judiciales y el PP

Por Félix Montes. Senador del PSOE por Segovia.

La Ley de Tasas Judiciales del Gobierno del PP, aprobada en 2012, ha tenido un claro rechazo por la sociedad debido a su clara y evidente inconstitucionalidad, produciendo la violación del derecho de los ciudadanos al acceso a la Justicia y a obtener la tutela judicial efectiva consagrada por la Constitución Española.

Su vigencia ha confirmado los peores augurios sobre su aplicación. La Ley ha materializado una injusta barrera para el acceso a la Justicia y una considerable brecha en el Estado de Derecho. Además, se ha privado a nuestros jueces y magistrados del conocimiento de miles de injusticias y quejas del conjunto de los ciudadanos. El conocimiento de la realidad social ha sido hurtado a juzgados y tribunales.

Una norma, esta Ley de Tasas del PP con objetivo recaudatorio, que ha resultado disuasoria para el acceso a la Justicia por los ciudadanos. El resultado más preocupante es la liquidación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Un efecto, el disuasorio, cuyas consecuencias, y así ha sido reconocido por magistrados, fiscales, abogados, secretarios judiciales, personal al servicio de la Administración de Justicia, han resultado tremendamente negativas para los ciudadanos.

Al tiempo es necesario denunciar el auténtico fracaso recaudatorio de la Ley, no se ha recaudado lo previsto a través de las tasas. Además se desconoce el destino de lo recaudado en un año y medio (512 millones de euros hasta julio de 2014), que no se ha destinado, como prometió el anterior Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a mejorar la asistencia jurídica gratuita, como han denunciado comunidades autónomas con competencias en Justicia.

Por ello, y a pesar de la reforma de las tasas del Ministerio de Justicia en febrero de 2013, la Plataforma Justicia para Todos, impulsada por el Consejo General de la Abogacía Española y en la que participan el Consejo de Consumidores y Usuarios, los sindicados CCOO, UGT, CSI-F, USO y STAJ, asociaciones de jueces, fiscales y secretarios judiciales, y todos los partidos políticos con representación parlamentaria, a excepción del PP, mostraron su rechazo a la modificación de la Ley de Tasas por considerarla que seguía siendo una barrera al derecho fundamental de los ciudadanos al acceso a la Justicia.

En todo caso es oportuno aclarar que la reforma de 2013 no modificó la cuantía fija de las tasas (hasta 1.200 euros), ni la aplicación de la cuantía variable en relación a la capacidad económica real de los ciudadanos, que tienen que abonar hasta 2.800 euros por un recurso de apelación civil o hasta 3.200 euros por una casación ante el Tribunal Supremo, además de mantener la inclusión de las personas físicas en este tributo.

Y no sólo los operadores jurídicos rechazaron la imposición de tasas judiciales, también la mayoría de los ciudadanos (83% de los españoles), -según un sondeo de Metroscopia- considera que no hay razones que justifiquen el pago previo de una tasa para acudir a la Justicia, y un porcentaje similar (79%) cree además que los importes establecidos en la Ley son excesivos.

La contestación social y profesional ha sido unánime. Hay cinco recursos de inconstitucionalidad interpuestos, además de otras cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por Juzgados de lo Social, de Primera Instancia y de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, que consideran que las tasas son un impedimento innecesario e injustificado para obtener el derecho a la tutela judicial efectiva.

Al tiempo recordar que la Sala Cuarta del Tribunal Supremo adoptó un acuerdo no jurisdiccional que establece la no exigencia de tasas judiciales al trabajador, sindicatos, beneficiario de la Seguridad Social, funcionario o personal estatuario en recursos de suplicación y casación.

Por otro lado, muy recientemente, el Informe encargado por la Comisión de Libertades y Derechos de los ciudadanos (LIBE) del Parlamento Europeo sobre el impacto negativo de la crisis económica en los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos, hecho público el pasado 18 de marzo, incluye una referencia expresa a España y al acceso a la justicia y constata que las tasas judiciales han supuesto una seria barrera para ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva por parte de muchos ciudadanos, al ser desproporcionadas y desiguales.

Esa es la realidad y la auténtica verdad sobre la cuestión. Por ello la supresión ahora de las tasas judiciales para las personas físicas, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado mes de febrero, supone una más de las rectificaciones de este Gobierno ante sus decisiones contra los derechos de la ciudadanía, también en materia de Justicia. Y una vez más, también, con un acentuado tufo electoral. “¡Vaya tropa!” que diría el insigne Romanones.

Pero, en todo caso, estamos ante una supresión de tasas parcial y técnicamente chapucera que, al afectar sólo a personas físicas, seguirá impidiendo el acceso a la justicia, en condiciones de igualdad, a algunos colectivos como al de autónomos, pequeños empresarios y ONGs. Otra marcha atrás, parcial, que, además de dejar en el aire el destino real de los más de 500 millones de euros recaudados en concepto de tasas judiciales, confirma que, en efecto, las tasas han dificultado el acceso de los ciudadanos a la Justicia.

El Gobierno ha justificado esta nueva rectificación con el argumento de que “ningún ciudadano deje de acudir a la Justicia por motivos económicos” y de que la Justicia “esté al alcance de todos, garantizando la tutela judicial efectiva”. De este modo, el negativo de la foto nos permite ver ahora la imagen que el Partido Popular se ha empeñado machaconamente en ocultar y negar.

Como en tantas otras medidas y decisiones del Gobierno del PP, no hablamos de economía sino de ideología. Hablamos de cómo el Gobierno del Sr. Rajoy ha utilizado la coartada de la crisis y de la situación económica global para demoler un modelo público de sanidad, de educación, de protección a la dependencia, a los desempleados y a las familias.

En definitiva hablamos del balance real del Gobierno del PP; balance marcado por destruir el modelo social que se había conseguido en España, un modelo basado en los derechos de los ciudadanos, en este caso el derecho a la justicia en términos de igualdad.

Pero, además, la supresión de las tasas deja también en el aire el futuro de la conocida como Justicia Gratuita, cuya financiación, el Gobierno, de manera irresponsable y, una vez más, estrambótica, vinculó a la ley de tasas, en vez de garantizar su sufragio por las Administraciones Públicas competentes, por cuanto la Justicia Gratuita es un derecho constitucional.

Justicia Gratuita, cuya revisión legislativa se encuentra desde hace más de un año en el Congreso de los Diputados. Una nueva modificación que, otra vez, ha concitado el unánime rechazo de todos los operadores jurídicos involucrados.

Llegando, en ese sentido, el Consejo General de la Abogacía Española, a criticarla por burocratizar en exceso el servicio generando costes innecesarios y anticompetitivos, por no respetar la labor de los abogados ni de los Colegios, y, sobre todo, por suponer mayores dificultades en los ciudadanos para acceder a la Justicia y afectar gravemente a algunas garantías constitucionales.

Otro asunto que es imprescindible aclarar es el de los Juzgados especiales para agilizar los desahucios en casos de alquiler. En septiembre de 2007, el Gobierno socialista contempló la creación de juzgados especiales para agilizar los desahucios en casos de alquiler, y lo hizo junto a una batería de deducciones fiscales y de ayudas económicas directas al alquiler y a la emancipación de los jóvenes, todo ello, en el marco de un amplio y ambicioso plan de fomento del alquiler en nuestro país.

Y sería bueno despejar ideas y activar la memoria. En 2007 el paro era de 1,8 millones, el menor registrado en toda la historia. El problema de la vivienda era otro, los alquileres eran caros porque nadie quería alquilar por miedo a no poder echar a los inquilinos, y muchos alquilaban pisos con la intención de realquilar hasta los sillones o los sofás y hacer negocio con ellos, sin que hubiera manera de que el propietario de la vivienda pudiera ver salvaguardados sus derechos.

En cambio, durante estos años de Gobierno del PP, mientras los desahucios de viviendas no han parado de crecer, desmesuradamente, teniendo su germen en las hipotecas al 100%, el Gobierno de Rajoy ha mirado hacia otro lado, tras laminar las ayudas al alquiler y a la emancipación de los jóvenes y recortar, con la última reforma fiscal, las deducciones a propietarios e inquilinos.

La sensibilidad social de un Gobierno a la hora de encarar los problemas de los ciudadanos se ha de observar siempre, a través del prisma de la realidad socioeconómica sobre la que opera. Extrapolar medidas de un momento a otro, aislándolas de la realidad y del contexto en los que se conciben, es el caldo de cultivo habitual para la demagogia más populista.

Y es que sin duda es tremendamente complicado seguir argumentando, en Segovia y cualquier otro lugar de España, que la herencia o la crisis económica justifiquen toda la grave y dañina acción destructora del Gobierno del Partido Popular.

Author: Redacción

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