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Opinión: El papel de la administración en la prevención de desahucios

Miembros de la plataforma en la Feria del Jamón.

Hace unos días la Avenida de Acueducto fue el escenario de una escena que ejemplifica la España del 2017: una familia intentando evitar su desahucio y la inauguración de una feria del jamón. España se rompe, pero no tanto por el Ebro, sino por la brecha de la desigualdad. La realidad es tozuda y a menudo desafía el discurso oficial de la recuperación económica. El drama de los desahucios ya no abre los noticiarios ni la portada de los periódicos, aparece como cosa del pasado. Por desgracia los estragos de la especulación inmobiliaria, las malas prácticas bancarias y notariales y el sobreendeudamiento de importantes sectores de nuestra ciudadanía van a perdurar en el tiempo, por mucho que algunos medios y algunos gobiernos lo ignoren. Aunque todavía no conocemos los datos anuales del 2017, es evidente que estadísticamente se ha producido una disminución significativa del número de desahucios en los últimos años. Aunque paradójicamente en el caso de Segovia, según datos del CGPJ, aumentaron los lanzamientos hipotecarios en 2016 con respecto a los datos del 2015 (122 casos en el pasado año). Esta disminución estadística aunque, evidentemente positiva, esconde unas tendencias que nos deberían preocupar.

Las causas de esta disminución del número de lanzamientos hipotecarios en los últimos años tiene que ver con la interacción de una serie de factores de diferente naturaleza: los bajos tipos de interés y reducción de cuotas, las refinanciaciones de muchas hipotecas; la aplicación de restructuraciones según los criterios del Código de Buenas Prácticas, la reducción del desempleo, las moratorias y la suspensión judicial de procedimientos de ejecución hipotecaria y la movilización ciudadana por el derecho a la vivienda (PAH, Stop Desahucios…) junto a la alarma social provocada por las más de 400.000 viviendas habituales ejecutadas desde el 2007 y los bancos están más predispuestos a negociar por la movilización de las plataformas de afectados. La combinación de todos estos elementos ha conllevado una contención de las cifras de lanzamientos por ejecución hipotecaria.

Actualmente nos encontramos en un nueva etapa, donde el riesgo de pérdida de vivienda, no viene dado tanto por el desempleo masivo como por el aumento de la precariedad social y laboral y ya venimos observando tendencias preocupantes: han aumentado los lanzamientos por impago de alquiler y los de familias multi-desahuciadas y una parte importante de las refinanciaciones y carencias concedidas en estos años encubren deudas hipotecarias financieramente insostenibles que desembocarán tristemente en nuevos lanzamientos. De hecho, la combinación en los próximos años del sobreendeudamiento provocado por hipotecas contratadas en los años –y con los precios- de la Burbuja, el estancamiento y reducción de los salarios y el más que posible incremento de los tipos de interés a medio plazo puede ser demoledora para cientos de miles de familias. En este sentido el riesgo de impagos y de insolvencia hipotecaria es una realidad palpable para amplios sectores de nuestra ciudadanía. Mientras tanto la mayor parte de las administraciones central, autonómica y local se empeñan en considerar las insolvencias hipotecarias y los desahucios como una rémora de la crisis económica y el desempleo masivo y se engañan con respuestas institucionales insuficientes y coyunturales pensadas para otro momento.

Desde que en el 2012 el Gobierno Rajoy aprobara el Código de Buenas Prácticas para la restructuración de deudores hipotecarios en situación de riesgo, se aprobara la primera moratoria anti-desahucios, y la Junta de Castilla y León pusiera en marcha la oficina autonómica anti-desahucios –SIAFRIDe- , y en colaboración con ayuntamientos como el de Segovia, se adaptaran las Ayudas de Emergencia Social para poder hacer frente a gastos hipotecarios, todos los instrumentos, prestaciones y servicios dirigidos a la prevención de los desahucios partían del hecho de que la causa era una situación coyuntural provocada por el desempleo y se centraron en proteger a aquellos ciudadanos que encajaban en una definición de riesgo de exclusión o vulnerabilidad social sumamente rígida y que dejaba fuera a amplios sectores sociales precarizados.

Tanto el Código de Buenas Prácticas, como la Moratoria anti-desahucios, como el acceso a Alquileres sociales del Fondo Social de Viviendas, como las ayudas de Emergencia Social extraordinarias están pensadas para familias con sus miembros en desempleo, con menores de edad, víctimas de violencia de género, dependientes, discapacitados o incapacitados laborales…es decir que encajan en una definición “de manual” de “familias vulnerables o en riesgo de exclusión”. Por suerte, o por desgracia la realidad es mucho más compleja y lo cierto es que estos instrumentos y prestaciones dejan fuera a la mayor parte de las familias que viven en riesgo de perder su vivienda, porque su situación no es de manual sino del mundo real, una de las caras de la precariedad actual: autónomos que malviven devorados por los gastos y con escasos ingresos, trabajadores a tiempo parcial, los que viven con el salario mínimo, parejas divorciadas que mantienen dos viviendas, trabajadores con salarios bajos, familias sobre-endeudadas que cuentan con propiedades difícilmente liquidables pero que les contabilizan como patrimonio…

Las familias no necesitan limosnas que además cargan sobre los recursos públicos y los contribuyentes, necesitan una verdadera Ley de Segunda oportunidad que obligue a los bancos a negociar y les permita reestructurar sus deudas de una manera ordenada, con seguridad jurídica y sostenible en el tiempo. Lo demás, mucho me temo que son parches.

Artículo de opinión de Guillermo San Juan, integrante del Consejo de Podemos Segovia

Author: Redacción

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