Se llama “venta forzada”, es decir obligar a la propiedad a vender la casa en caso de que la propiedad no pueda asumir los costes de la restauración. Como medida de presión el Ayuntamiento de Segovia está decidido a emplear esta prerrogativa en el caso de un inmueble de la plaza de San Lorenzo, en concreto de la calle Puente de San Lorenzo, ante los reiterados incumplimientos de la empresa propietaria para acometer la restauración del inmueble.
La alcaldesa Clara Luquero se refirió a ello en su comparecencia semanal ante los medios de comunicación tras la junta municipal de Gobierno.
Actualmente, hay dos edificios en el entorno de la plaza del arrabal segoviano que preocupan especialmente. Uno es la casa colindante con La Churrería. Según explicó Luquero, la propiedad ha presentado ya un proyecto de rehabilitación. La otra es la de la calle del puente, y ahí las cosas no son tan fáciles. Ante los reiterados incumplimientos de los decretos de urbanismo, Luquero avanzó que se va iniciar un expediente de “venta forzosa”. Aclaró que “las razones son de no cumplir el ornato, no existe un peligro para los ciudadanos. La propiedad nos dice que no tiene dinero para la obra y que no lo puede hacer”.
Se trata de una medida de presión para que la empresa propietaria acometa de una vez las obras de construcción (solo tienen que conservar la fachada) para la que tienen licencia de obras. “En una de malas, se sacaría a subasta, pero por lo general los propietarios prefieren o bien cumplir con la ley o traspasar la casa”, aclaran en Urbanismo, que recuerdan que ya se tanteó el uso de esta figura para solucionar la ruina del Hotel Victoria. “Ocurre que el litigio por la herencia de la propiedad lo impide”, señalan las mismas fuentes.
La incipiente degradación del entorno considerado Bien de Interés Cultural preocupa en Segovia, que no quieren que se acumulen nuevos casos.
Tira y afloja con el INSS por la tasación del inmueble
La comisión informó también de la contraoferta efectuada por el viejo edificio de la Seguridad Social. El convenio inicial estipula que, además de la cesión de los terrenos sobre los que se construyeron las nuevas dependencias, el consistorio debía pagar por el viejo edificio, donde está previsto albergar las oficinas de Urbanismo.
Una primera tasación de la propia Seguridad Social cifraba en 1,9 millones de euros el precio a pagar. “Las revisiones de nuestros arquitectos no están conformes con esta tasación, porque una tercera planta considerada como piso tiene una altura de 1,50. Según nuestros informes, hay que rebajar en 400.000€ la oferta”, dijo Luquero.
La alcaldesa lamentó cierta tardanza con que desde el INSS se está llevando el tema. “Han tardado 6 meses en darnos una valoración”, dijo, y recordó que, en cualquier caso, la compra deberá pasar por Consejo de Ministros y las previsiones son que el inmueble pase a titularidad municipal no antes de 2018. Urbanismo deberá seguir en la carretera de Palazuelos.
Diputación
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12 mayo, 2017
Me parece perfecto que les obliguen a vender las casas a aquellas personas que ignoran la rehabilitación por el mero hecho de especular en pos de tiempos mejores , no aquellos que no disponen de medios y eso si que no se le olvide al Ayuntamiento los gastos generados ( Servicios emergencias, ocupaciones , otros ) descontarlos del justiprecio, a ver si todavía así les regalamos dinero del erario publico.
12 mayo, 2017
Pues con la medida tomada por la alcaldesa, de machacar con el IBI a los vecinos del recinto amurallado, esto va a ser el pan nuestro de cada día. Claro, que posiblemente sea lo que ella quiera.