Mendicidad en la calle Real de Segovia.
El Consejo de Cuentas de la Castilla y León ha remitido un informe sobre la fiscalización de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), la ayuda económica asignada por la Junta a personas sin ingresos y que supone unos 500€ al mes. Según el informe, que analiza la evolución de la prestación entre 2011 y 2015, en la provincia de Segovia se registraban 533 personas titulares de la ayuda en 2015.
Según este cálculo la provincia con un mayor gasto per cápita en esta prestación es Palencia, 39,43 euros por habitante, seguida de León y Valladolid, con 39,05 y 35,43 euros por habitante, respectivamente. Por el contrario, las que menos son Soria, Burgos y Segovia, con 12,99, 13,48 y 17,63 euros por habitante, respectivamente. El informe detalla igualmente el descenso registrado en el número de solicitudes, de 943 presentadas en Segovia en 2011 a 405 en 2015, lo que supone un 57% de descenso.
En términos medios, un preceptor se mantiene 3 años cobrando la prestación. En general se trata personas sin empleo en situación de exclusión social estructural, de nacionalidad española en el 88% de los casos, aunque si procede de otro país lo más probable es que sea de Marruecos. Mayoritariamente, en más del 60%, los preceptores son de mujeres y con cargas familiares, y lo más habitual es que tengan una persona o más a su cargo. El estado civil más probable es soltero, con una edad comprendida entre 25 y 45 años y un nivel de estudios de educación primaria. Su hábitat normal es la ciudad y su domicilio una vivienda en alquiler.
El gasto total en la prestación ascendió en 2015 a 72.975.958 euros, lo que supone el 9% del total de la Gerencia de Servicios Sociales. Más de la mitad del gasto se realizó en las provincias de León y Valladolid, el 25% en cada una, seguida de Salamanca con el 13%, mientras que Burgos solamente supone el 7%. Los menores porcentajes recaen en Segovia y Soria con el 4% y 2%, respectivamente. El gasto en RGC ha experimentado un crecimiento del 163% desde su entrada en vigor, derivado del aumento progresivo del número de titulares en nómina y de beneficiarios.
Más control
Para el Consejo, y considerando el incremento del gasto en la prestación producido en el periodo analizado, se debería aumentar el número de efectivos destinados en las gerencias territoriales a la gestión de la RGC, especialmente los dedicados a tareas de seguimiento. A su vez, la GSS debería promover un aumento de los efectivos de los CEAS dedicados a las funciones de seguimiento, que permita detectar en mayor medida situaciones de economía sumergida así como identificar la verdadera convivencia o composición familiar. En este sentido, también debería aumentar el número y periodicidad de las reuniones de coordinación y las sesiones formativas con los CEAS, especialmente con los dependientes de las diputaciones.
Asimismo se recomienda a la Junta promover actuaciones con el ECyL, al objeto de potenciar tanto los servicios destinados a los perceptores de RGC, tratando de iniciarlos en plazos más breves, como las ofertas de empleo dirigidas a ellos.
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