Posted By Redacción on 10, Oct, 2014

El Ayuntamiento solicitará al juzgado que paralice cautelarmente las obras de construcción del palacio de Congresos en La Faisanera apoyándose en la sentencia conocida esta semana que consideraba ilegal la licencia de construcción de la infraestructura al no ajustarse a las normas urbanísticas.

La alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, indicó este 9 de octubre que la paralización debería adoptarse “independientemente de los recursos que sin duda presentarán” y de forma inmediata. “El juez nos ha dado la razón”, sentenció.

Con la petición, que se cursará al Juzgado en los próximos días, Luquero da continuidad a la línea dura mantenida por su antecesor en el cargo, Pedro Arahuetes, contra la infraestructura que promueven la Junta y la Diputación y desoye al presidente provincial, Francisco Vázquez, que el lunes se mostró confiado precisamente en que la regidora abandonase el litigio en “correspondencia” a la “relación de amistad y acercamiento” que parecían haber iniciado ambas administraciones en los últimos meses.

Nada más lejos de la realidad. Aferrada a las 13.131 firmas que se recogieron durante la campaña en contra de la infraestructura hace un año —desde el PP ironizan desde entonces sobre la procedencia de las rúbricas— Luquero repitió el argumentario de entonces: “Los ciudadanos no quieren ese Palacio cuya inversión, además, no es prioritaria y trata de encubrir un proyecto fracasado como Segovia 21” Además, si se hace un Palacio, ha de ser en la capital”.

Y si del discurso de Vázquez, el día anterior, se deduce que mantener el conflicto volverá a generar el enfrentamiento entre las administraciones, la regidora parece dispuesta a aceptar el reto: “No quiero conflictos con las administraciones, pero lo primero son los intereses de los ciudadanos y defendiendo eso no me voy a doblegar ante nadie”, dijo para concluir aún más tajante: “si las administraciones caen en ese estilo mezquino de chantajear, será cosa de otros”.

La tensión sigue creciendo. Vázquez no tiene ninguna intención de renunciar al que es su principal proyecto al frente de la Diputación, así qué mantiene el tono de advertencia hacia la alcaldesa a la que le recomienda que se asesore sobre las consecuencias, también económicas, que podría tener para el Ayuntamiento la paralización de las obras por petición municipal.

También ha dejado ver en las últimas horas que el Gobierno de la ciudad también tiene sobre la mesa asuntos que podrían complicarse enormemente si se exigen responsabilidades por ellos. Así, en el Ayuntamiento fue el único concejal que votó en contra de la adjudicación del centro Carlos Melero, postura que le permitiría recurrir aquel acuerdo en base a la sentencia del TSJ y también ha explicado reiteradamente que dispone de argumentos para exigir responsabilidades en otros asuntos, como la destrucción del teatro Cervantes o el dinero del CAT, a los que ya hizo referencia el pasado lunes.

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