Posted By Redacción on 6, Ago, 2020

Los grupos municipales del Ayuntamiento de Segovia miran con recelo y cierta expectación la propuesta del Gobierno para el uso de los remanentes municipales. A la espera del trámite en los órganos nacionales, PP, Ciudadanos, IU y Podemos Equo, se mantienen, como ocurrió cuando la Federación de Municipios (Femp) asumió el acuerdo, en contra de la propuesta aunque también inciden en la necesidad de que se debata en profundidad en los órganos municipales la postura que adoptaría la ciudad.

La iniciativa no tiene en este momento apoyo suficiente en el Congreso.

La idea, plasmada en un Real Decreto aprobado por el último Consejo de Ministros, es que las entidades locales cedan el dinero de sus remanentes —entre 6 y 7 millones en el caso de Segovia— a modo de préstamo al Ministerio de Hacienda que lo devolvería, con intereses legales, en el plazo de 15 años.

A cambio, el Gobierno abriría otro crédito para que las administraciones reciban el 35 por ciento de ese dinero durante dos años. A Segovia le corresponderían entre 2 y 2,5 millones aproximadamente. Sumarse o no a este plan tiene carácter voluntario para las entidades locales, obligadas a decidir antes del 15 de septiembre. No hay “Plan B” y si se opta por no aceptar no hay acceso a cantidad alguna de los remanentes.

Ahí comienzan las quejas de los populares, que utilizan palabras como “chantaje” para definir la propuesta, en palabras del portavoz, Pablo Pérez, y también de Ciudadanos cuya representante, Noemí Otero, se refiere a “un chantaje inmoral”. Ambos partidos coinciden en reclamar que se modifique la Ley Orgánica de 2012 (Ley Montoro) que bloquea los remanentes para que los ayuntamientos puedan usarlo libremente. Además, recuerdan que en el pleno de junio se aprobó por unanimidad una moción que reclamaba precisamente que el Ayuntamiento pueda disponer íntegramente esos fondos para gastos generales.

Por su parte, el portavoz de Podemos, Guillermo San Juan, opta por la “prudencia” a la hora de considerar la propuesta del Gobierno ya que afirma que “mejora la anterior propuesta de incautación de recursos que realizó de manera oficiosa la ministra de Hacienda” pero que considera “insuficiente”, además de no abordar “la auténtica necesidad de los municipios: superar la Ley Montoro”. San Juan confía en que la evolución de la tramitación mejore “sustancialmente” el texto definitivo.

Finalmente, en Izquierda Unida, Ángel Galindo se apoya en el comunicado que emitieron sus representantes en la Femp tras el acuerdo inicial en el que se consideraba el documento “claramente insuficiente”, se alertaba de que no aportaba una “solución aceptable a la situación económica de los ayuntamientos” y se mantenía la aspiración de que se derogue la Ley Montoro de estabilidad presupuestaria.

El PSOE, entre cuentas e informes

Mientras que la vicesecretaria regional del PSOE, Virginia Barcones, alababa el acuerdo ante los alcaldes y concejales de la provincia con los que se ha reunido este miércoles, el portavoz del PSOE y concejal de Hacienda, Jesús García, también se mostraba satisfecho de la posibilidad de que se desbloqueen los remanentes, si bien reconoció que la adhesión o no del Ayuntamiento de Segovia requiere una importante reflexión para analizar su repercusión.

García, que ejerce estos días de alcalde por la ausencia de Clara Luquero, ha reclamado informes a la intervención y la tesorería para conocer las repercusiones sobre la caja municipal de una eventual adhesión al acuerdo. No obstante, el edil defendió el modelo que propone el Gobierno porque “viene a resolver un problema que generaron otros”, mientras que, a su juicio, “no es posible técnicamente hacerlo rápidamente [el desbloqueo de los fondos de los remanentes municipales] de otra manera”, descartando así la derogación de la Ley Montoro pese a que eso ha sido precisamente lo que se ha reclamado reiteradamente desde el Gobierno local en los últimos meses.

El Real Decreto de medidas financieras extraordinario y urgente para entidades locales establece un plazo de algo más de un mes, hasta el 15 de septiembre, para que los ayuntamientos que lo deseen —mediante decreto de la alcaldesa en el caso de Segovia— se adhieran a la propuesta, “presten” sus remanentes al Estado y soliciten su acceso al crédito extraordinario para la recuperación económica y social a través del que recibir el equivalente al 35 por ciento del dinero que ceden. En cifras aproximadas, el Ayuntamiento de Segovia “prestaría” entre 6 y 7 millones que Hacienda le devolvería hasta en 15 años y recibiría entre 2 y 2,5 millones, el 40 por ciento este año y el resto, el siguiente, para inversiones de agenda urbana y movilidad sostenibles; cuidados de proximidad y Cultura, según el Real Decreto. El espectro de gastos permitidos es amplio ya que los epígrafes citados incluyen aspectos como la aplicación de Planes de Movilidad, proyectos de peatonalización, renovación de redes, tratamiento selectivo de residuos o rehabilitación de espacios públicos. También caben refuerzos en Servicios Sociales y en materia de cultura, acciones de promoción, creación de infraestructuras, recuperación del patrimonio o infraestructuras culturales.

2 Comments

Fe
6 agosto, 2020
Los siguientes remanentes que va a incautar el gobierno serán los ahorros depositados en los bancos..ya lo dijo Pablo Iglesias : que todos los recursos y riqueza están a disposición del estado…estado que está quebrado..vivimos de lo que nos da Europa para pagar pensiones, sanidad, funcionarios….
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Enrique IV de Segovia
6 agosto, 2020
Pues ya sabemos lo que va a hacer y a votar cada partido en el Ayuntamiento, carecen de independencia respecto de lo que deciden en Madrid sus direcciones políticas y así nos va en esta tierra. Los ciudadanos de Segovia no tenemos líderes políticos con ideas y pensamientos propios y si el partido a nivel nacional les dicen que hay que prender fuego a los ahorros del consistorio, se prende fuego y punto.
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