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Los administradores de Segovia 21 vuelven a los juzgados

Los que fueran administradores de Segovia 21 hasta septiembre de 2012 han vuelto a los juzgados, esta vez para prestar declaración ante la jueza que investiga la querella que los administradores desde esa fecha, el despacho de abogados Verae presentaron contra ellos en junio del año pasado y que fue admitida por el juzgado en septiembre, en el que hasta ahora es el último capítulo de las acusaciones mutuas que sucesivamente han ido presentando unos contra otros ante los juzgados.

Soto, en el juzgado, en una imagen de archivo.

Casi medio año después, las diligencias de la jueza han obligado al que fuera consejero delegado de Segovia 21, Atilano Soto, el exdirector general, Jesús Sánchez, el presidente de la empresa Fomento Territorial, Elías Benatar y el exconsejero, Miguel Ángel González a acudir al juzgado en la mañana de este 28 de febrero para prestar declaración ante las acusaciones de los delitos de apropiación indebida y administración desleal de las que se les acusa en la querella.

En la denuncia se incluyó documentación de la Agencia Tributaria sobre la presunta emisión de facturas falsas sobre prestaciones ficticias de servicios durante la época en la que los denunciados estaban al frente de Segovia 21.

La profusa denuncia que les ha llevado de nuevo al juzgado presupone que el contrato de gestión integral que Segovia 21 firmó con Fomento Territorial estaría inflado, tanto en el número de metros a urbanizar, como en los costes de urbanización que se habrían concretado en pagos “desmesurados” a favor de la empresa de Benatar.

Obras de urbanización de Segovia 21.

Verae iba incluso mas allá en la demanda argumentando sus sospechas de que el excedente de dinero que Fomento habría percibido de Segovia 21 habría terminado en el ex diputado popular, Jesús Merino —encausado en el juicio de la trama Gürtel— que a través de sus empresas podría haber sido “el destinatario final del dinero sacado de Segovia 21” mediante los pagos “desmesurados” a Fomento Territorial, en base a investigaciones de la Agencia Tributaria.

Verae reclamaba al juzgado por este motivo que se tomara declaración, exigiendo la comparecencia “personal” de Merino y su esposa como representantes legales de varias empresas que facturaron a Fomento Territorial en aquella época, sin que se tenga constancia de ninguna diligencia en este sentido por parte del juzgado.

Author: Redacción

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