Las administraciones echan cuentas de lo que han gastado en combustible en los años 2010, 11 y 12. Vale todo: gasolinas, diesel para vehículos, también el de calefacción. Son los combustibles por los que se pagó el “céntimo sanitario” —al final eran muchos más por litro y se llamaba Impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos— y los periodos por los que aún se puede reclamar, que ya hay plazos prescristos.
Los servicios de intervención de la Diputación ya hicieron las tareas en mayo, cuando elaboraron el informe que después recibió el visto bueno de todos los diputados, de acuerdo también en reclamar a la Agencia Tributaria 28.143,08 euros además de los correspondientes interese de demora, del 5 por 100 anual “devengados desde el pago del impuesto hasta su devolución”.
Para llegar a esa cantidad se han recopilado 359 facturas por un total de 1.532.386 litros de distintos combustibles. La mayor parte de esos consumos se derivan del departamento de Vías y Obras, en el que se concentra la mayoría del parque móvil de la administración provincial. Tres cuartas partes de lo que se reclama (21.000 euros) procede de facturas acumuladas por este departamento.
El ayuntamiento de la capital está realizando el mismo recorrido, aunque con algunas semanas de retraso. Los servicios de Intervención acaban de concluir el cálculo de las cantidades abonadas a través del impuesto declarado ilegal, que el concejal de Hacienda, Alfonso Reguera, contabiliza en “unos 20.000 euros”, para los que también se reclamarán los interese de demora.
La mayor parte de los combustibles consumidos entre 2010 y 2012 lo fueron por vehículos policiales, bomberos y coches para transporte de técnicos y concejales. No obstante, quedan fuera del cálculo los gastos más importantes: los de los autobuses urbanos o vehículos de limpieza y basura, cuya reclamación corresponde a las empresas concesionarias: Urbanos de Segovia y FCC, respectivamente.
La Junta no reclama.
“Sería absurdo reclamar”. Así de tajante se mostró el delegado territorial de la Junta, Javier López-Escobar ante la posibilidad de que se reclamara la devolución del impuesto del que se benefició la propia Junta. El delegado, por el contrario, defendió la bondad del impuesto, necesarios para que “la Sanidad siguiera funcionando”.
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