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Las acusaciones del caso Caja Segovia, pendientes de un informe de la aseguradora

El juzgado número 2 de Segovia ha vuelto a requerir a la compañía aseguradora Caser la información concreta de las pólizas que suscribieron los directivos de Caja Segovia, un documento que el abogado de IU, Alberto López Villa, considera “indispensable para determinar la posible responsabilidad civil” de los seis encausados en el caso de las prejubilaciones millonarias de la entidad de ahorro.

A la espera de los citados informes, López Villa explicó que se ha solicitado una prórroga para presentar el escrito de acusaciones —para el que, en principio, se fijó un plazo de diez días— o por el contrario el juez decide no esperar la documentación “con lo que todo iría más rápido”.

Explicó también que desconoce el ritmo al que está trabajando la Fiscalía en esta cuestión aunque “suele ser la primera en presentarlo, antes que las partes”, por lo que podría producirse en las próximas jornadas, de acuerdo con sus valoraciones.

El abogado compareció ante los periodistas junto al procurador regional de la formación, José Sarrión, que se acercó a Segovia a apoyar os esfuerzos de IU de Segovia en este caso, “un procedimiento oscuro en el cual ni la propia Junta de Castilla y León ni ninguna entidad hicieron el esfuerzo suficiente para evitar lo que finalmente terminó ocurriendo”.

Un músculo inexistente.

Sarrión criticó con dureza al presidente regional, Juan Vicente Herrera por el “fracaso demostrado del ‘músculo financiero’ del que hacía gala aunque lo cierto es que lo que ha ocurrido es un desmantelamiento de las cajas de ahorro en nuestra comunidad”.

Por contra, elogió la lucha para que se esclarezca lo ocurrido en Caja Segovia para lo que actúa desde el frente institucional, con preguntas parlamentarias dirigidas a la Junta “intentando recibir explicaciones de por qué se da el visto bueno y no se controla lo que estaba pasando en aquel momento”, y desde los tribunales.

“Quien tenga que pagar que pague. La sociedad ha perdido y las promesas de musculo no se han cumplido”, resumió el político.

Un auto emitido el 7 de marzo por el Juzgado número 2 de Segovia abría la puerta al inicio del juicio oral y señalaba concretamente al que fuera presidente del consejo de administración y del comité de retribuciones, Atilano Soto; el vicepresidente del consejo y vocal en el mismo comité, Manuel Agudíez; la vicepresidenta segunda del consejo y secretaria de retribuciones, Elena García Gil; el director general de la Caja, Manuel Escribano; el secretario, Antonio Tapia; y el director de recursos humanos, hasta 2009 y subdirector general de medios, después, Enrique Quintanilla como encausados en este caso como presuntos autores de delitos de administración desleal y apropiación indebida.

 

Author: Redacción

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