La Sala de lo Contencioso del TSJ admitió el 2 de febrero la apelación presentada por la UTE Pigsur-Collosa que eleva la indemnización pendiente de pago por el Ayuntamiento a 1.240.665,10 euros, 113.658 más que la cifra fijada anteriormente, en base a la variación de la fecha a partir de la cual contar el lucro cesante que sufrió la empresa. La liquidación de aquel contrato supone así finalmente 4.856.578 euros, de los que ya se han abonado 3.626.814 euros quedando pendiente la nueva cantidad fijada por el TSJ, 1,2 millones.
En el Ayuntamiento se suceden los jueves las ruedas de prensa y en ese carrusel, la alcaldesa, en convocatoria expresa para dar cuenta de “los asuntos acordados por la Junta de Gobierno Local” eludió hacer referencia alguna a la sentencia, de la que se ha dado cuenta hoy —tres meses después de dictarse— en el órgano de Gobierno, pese a la trascendencia económica y su interés público ya que el aparcamiento de José Zorrilla ha sido durante años objeto de debate público y político y de distintas iniciativas, además la importante incidencia en sucesivos presupuestos que tuvo aquella rescisión de contrato y su compensación.
El líder del PP municipal, Pablo Pérez.
Poco después, en la misma sala, el portavoz del PP, Pablo Pérez, declaraba “indecente” la ocultación de datos a la ciudadanía desde el Gobierno local, sugiriendo además que esta es una práctica habitual del equipo de Clara Luquero, al que acusa de gestionar el asunto del aparcamiento con “bravuconería y chulería”.
Respecto a la incidencia económica, ha comparado los costes globales de la liquidación del contrato del estacionamiento con el presupuesto ordinario inversor del Ayuntamiento, que suele situarse de media en torno a 4’5 millones de euros, según explicó. “Al final se ha pagado a esta empresa más de lo que el PSOE suele destinar a inversiones ordinarias en la ciudad en un año, sentenció.
Clara Martín, responsable del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Segovia.
Lo cierto es que la sentencia íntegra se conocía horas después porque era el propio TSJ, en una práctica que es habitual, el que la remitía a las redacciones de los medios locales. Mientras, sólo tras la denuncia realizada por Pérez, la concejala de Urbanismo, Clara Martín, “buscó” los micrófonos para dar respuesta al líder de la oposición, aunque su única aportación fue negar que el coste total del conflicto administrativo sea de casi 5 millones una cifra que “no sé de dónde la ha sacado [el portavoz popular]”, según dijo, pese a que la sentencia refiere concretamente esa cifra global. Martín restó, además,importancia a la decisión judicial, que enmarcó en una mera “liquidación final”.
Pérez denuncia “mentiras” en el pleno
Por otra parte, el PP mantiene la presión sobre la titular del departamento de Urbanismo, tanto que realizó su comparecencia ante los periodistas con el lema “Mentiras del PSOE en pleno”, mientras insistía en reclamar al departamento información sobre las licencias en tramitación que hay en este momento y los tiempos que tardan en resolverse.
Si bien, celebró que en el pleno de abril se aprobara por unanimidad la moción que defendía para que se adopten medidas para agilizar la tramitación de las licencias, lamentó que la edil del Área no facilitara la información sobre las licencias en curso y reprochó que Martín “no dijera la verdad” en el pleno, cuando aseguró que los populares ya tenían esa información. Martín sumaba este martes a sus argumentos que la Ley de protección de datos impide facilitar esa información.
El líder popular quiso mostrarse tajante en este asunto asegurando que volverán a reclamar la información y si vuelven a obtener un “no” por respuesta, irán personalmente a Urbanismo para ver la documentación. “Echaremos una, dos, tres o las mañanas que sean necesarias porque consideramos que esa información es muy importante y debe conocerse. Bien por las buenas, o por las menos buenas, pero los segovianos deben conocer esa información y si se está haciendo algo por mejorar la situación”, concluyó
Diputación
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Otra de las “perlas envenenadas” que nos dejó Arahuetes y el Psoe de Luquero. A costa de subir impuestos pagamos los ciudadanos, cada vez menos y más pobres, todas las tonterías que se le fueron ocurriendo a este señor y que nos han dejado hipotecados como ciudad durante décadas. Gracias Psoe. Al año que viene a la oposición. Ya habéis hecho suficiente daño a Segovia y a los segovianos.
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Cerrado desde el 5 de noviembre de 2020 y eliminando puestos de trabajo de mujeres.
Ahora pensando en abrirlo privatizándolo y sin empleados.