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La fiscalía pide 4 años de cárcel por malversación al ex-alcalde de Hontanares

Pedro Luis Cuesta, en una movilización vecinal en 2011.

La Audiencia Provincial de Segovia abrirá el 20 de noviembre la vista contra el ex-alcalde de Hontanares de Eresma (Segovia), Pedro Luis Cuesta Llorente, y G.L.S. que fuera secretaria municipal  interina hasta 2012. La fiscalía pide para Cuesta 4 años de prisión por malversación y otros 8 de inhabilitación para cargo y empleo público; así como de inhabilitación de doce años para empleo o cargo público por otro delito de prevaricación.

Los hechos se remontan a 2006, cuando el alcalde del PSOE de Hontanares de Eresma autorizó en connivencia con la entonces secretaria municipal interina y también acusada la dotación irregular de una plaza de técnico en Urbanismo, destinado a la propia secretaria, así como pagarle a la acusada un máster de gestión urbanística en ICADE. con unos costes de matriculación de 10.7000€ que fueron abonados con cargo a los presupuestos municipales sin que tal dispendio fuera aprobado por el pleno municipal. La idea era habilitar curricularmente a la secretaria para que cubriera una plaza de técnico urbanista en el Ayuntamiento creada ad-hoc para la interesada, sin que existiera tampoco ningún expediente técnico que acreditara la creación de esa plaza en el catálogo municipal de puestos de trabajo.

De hecho, y siempre según el relato de la fiscalía, en marzo de 2007 el alcalde en connivencia con la empleada simuló que en un pleno de 2007 se había aprobado la creación de la plaza, para poco después convocar el oportuno concurso de oposición, al que concurrieron varios candidatos pero que terminó ganando la acusada, que junto con el alcalde había designado tanto a los miembros del tribunal como redactado las bases de la convocatoria primando el desempeño previo de funciones públicas.

Creación de una plaza de técnico en Urbanismo

Paralelamente y como es preceptivo,  desde alcaldía se procedió entonces a informar del estado vacante de la plaza de secretaia municipal al Colegio de Secretarios de Ayuntamiento, que tiene opción de ofertar el puesto entre los habilitados nacionales que puedan estar interesados en la plaza. Fue el colegio el que detectó el cúmulo de irregularidades en la creación en la nueva plaza, poniéndolo en conocimiento de la subdelegación de Gobierno y la delegación de la Junta. La respuesta del alcalde fue que “este ayuntamiento tiene potestad para crear y cubrir sus plazas de manera que estime conveniente”.

Ya con la plaza de técnica en urbanismo en propiedad y al seguir vacante la de secretario, la acusada solicita la excedencia para continuar ejerciendo como interina hasta 2012, en que ya con una nueva corporación dirigida por Javier García, del PP, toma plaza de secretario un nuevo titular. Es entonces que la acusada solicita incorporarse a su plaza de técnica de urbanismo, algo que que se le deniega al haber sido amortizada la plaza por acuerdo del pleno en 2012. La acusada inicia entonces pleito contra esa anulación, solicitando una indemnización de 114.536€, procedimiento que se encuentra paralizado por prejudicialización penal. Para este procedimiento la acusada aportó documentos supuestamente aprobados en pleno y que la fiscalía considera “falaces”.

Por todo ello, a la ex-secretaria interina se le pide las mismas penas que al alcalde en lo tocante a malversación y prevaricación, además de otros cuatros años de cárcel y multa de 15 meses por otro delito de falsedad; y tres años de prisión y nueve meses de multa por estafa procesal. Además la fiscalía reclama que la acusada devuelva los 10.700€ del coste del máster más los intereses.

 

Author: Redacción

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