Posted By Redacción on 26, Feb, 2016

El acuerdo, enmarcado en las conversaciones entre PSOE y Ciudadanos para investir presidente del Gobierno que incluye la supresión de las diputaciones provinciales, ha generado la inmediata reacción del PP en la Diputación —el debate se está replicando en los plenos de la mayoría de las corporaciones provinciales y locales de todo el país— que ha logrado sacar adelante la moción en la que exige al futuro Gobierno que respete estas instituciones y su conversión en “administraciones modernas y eficaces al servicio de los ciudadanos”.

Los populares se aferran al papel vertebrador de la administración provincial y como sustento de los pequeños y medianos municipios en asistencia, apoyo jurídico y económico para su funcionamiento, además de prestatarios de servicios de primera necesidad. “La pervivencia de las diputaciones en 200 años ha supuesto la pervivencia de los municipios”, dijo el portavoz popular, José Luis Sanz Merino, que pidió que “no se niegue la historia”.

Justo en sentido contrario de la desaparición, los populares creen que “hay avanzar hacia la descentralización a favor de las diputaciones y los municipios”.

En la defensa del texto, Sanz Merino, se mostró muy duro hacia el líder socialista, Pedro Sánchez, al que acusó de variar radicalmente su postura respecto a sus propuestas electorales y de haber firmado “a sabiendas que no se podrá cumplir”, ya que esa modificación requeriría la aprobación del Senado, donde el PP tiene mayoría. En este sentido ironizó sobre “las ganas de Sánchez de ser presidente, aunque sea sólo por un día” y de estar “comprando tiempo”.

El popular recordó también que “muchos presidentes” socialistas están también contra la posible desaparición de las corporaciones provinciales y, mirando al banco de los diputados del PSOE, aseguró que “se les ve que no están muy a gusto”, en referencia a otra propuesta sobre esta cuestión que presentó ese grupo y que fue rechazada.

Incómodo o no, el representante socialista, José Luis Vázquez, afirmó que las diputaciones penalizan precisamente a los municipios de menos de 20.000 habitantes a favor de los núcleos mayores, en los que “se duplican los servicios”. Según su discurso, “el debate está bien traído porque los ciudadanos tienen que saber qué son las diputaciones y porque permitirá reglamentar para que nos representen nuestros concejales, no los de las ciudades de más de 20.000 habitantes”.

No pareció convencer al diputado de UPYD, Juan Ángel Ruiz, que calificó la postura de los socialistas de “ambigua” y proclamó que en esta cuestión es Ciudadanos “el que sí la tiene clara”. Ruiz se mostró en contra de las corporaciones provinciales que “en algunas provincias dan cobijo a los líderes de los partidos gobernantes y generan un clientelismo indirecto”.

Con argumentos similares, además de lamentar que los diputados provinciales no sean elegidos directamente por los ciudadanos anunció su rechazo a las mociones la diputada de C’s, María Cuesta, cuyo discurso fue más breve de lo previsto por haberse “traspapelado” en plena intervención parte de la documentación referente a las mociones.

No a la inyección de más dinero a Segovia 21

Los portavoces de PP y PSOE unieron ayer sus discursos para rechazar con contundencia la propuesta, también conjunta, que UPYD y C’s presentaron para que la Diputación aprobara una ampliación de capital para Segovia 21 por 1,8 millones con intención de “salvar la finca de Quitapesares”.

Los grupos mayoritarios subrayaron que la propuesta no sería aplicable al encontrarse ya la sociedad en concurso de acreedores y “las decisiones las toma el juez”, además de suponer una elevada cantidad que creen que acabaría suponiendo retirar fondos de otras inversiones en los municipios y desestabilizaría el presupuesto. “Ahora vemos que también están contra los municipios”, reprochó el socialista Alberto Serna.

Las críticas arreciaron cuando populares y socialistas resaltaron la “incoherencia” de los proponentes, a los que recordaron que en el anterior pleno, Ruiz y Cuesta habían rechazado una propuesta de solución para evitar el concurso de acreedores mediante un aval de un crédito a favor de Segovia 21 “que suponía un coste cero para la Diputación”, de acuerdo con el popular, Sanz Merino, que tachó la proposición como “una ocurrencia”.

Ruiz se defendió asegurando que su propuesta trataba de “salvar la finca de Quitapesares, no Segovia 21”, mientras que su propuesta de gasto estaba acompañada de una serie de “recortes” en otras actuaciones que considera no urgentes y en asesores, además de un cambio en la estructura empresarial y de gestión.

La diputada de C’s, María Cuesta, defendió también la legalidad de su propuesta e hizo hincapié en la contratación de Javier de la Orden —del que preguntó si trabaja para el PP— como administrador único para proclamar que “esto es un chiringuito” e invitar al presidente, Francisco Vázquez a “seguir el ejemplo de Esperanza Aguirre y dimitir”.

Los asesores, al TSJ, apuesta por el policlínico y preocupación por la procesionaria.

En el mismo pleno ordinario de febrero, que se prolongó durante casi cinco horas, se debatió sobre el reciente auto del juzgado contencioso administrativo a partir de un recurso de UPYD que declaró “no ajustados a derecho” los nombramientos de tres asesores y reconocía el derecho a la formación de contar con un coordinador de grupo que, tras un agrio intercambio de reproches entre el popular, José Luis Sanz Merino y el de UPYD, Juan Ángel Ruiz —indignado con la interpretación de aquel fallo que los populares trasladaron a los medios de comunicación— concluyó certificando la intención del equipo de Gobierno de recurrir la decisión judicial ante el TSJ.

La Corporación aprobó una declaración en la que reclaman que se mantenga el uso socio sanitario del edificio del antiguo Policlínico para lo que se dirigirán a las administraciones implicadas —el Ayuntamiento y la Junta— para que actúen en este sentido.

Entre otros acuerdos, en la sesión se aprobó otra moción del PSOE, preocupado por las repercusiones de las plagas de procesionaria, tanto para las plantas de las que se alimentan, pero también sobre la salud de las personas, por lo que se insta a la Junta a que acometa inmediatamente una campaña para acabar con la plaga.

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