Hoy, en el Día Internacional de las Personas Mayores, se arroja luz sobre los desafíos que enfrentan las personas mayores en Castilla y León al acceder a sus viviendas. Según un informe publicado por la Fundación Mutua de Propietarios y la Cátedra de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili, el 39% de los residentes mayores de 75 años en esta región española enfrenta dificultades al intentar llegar a sus hogares desde la calle La población de Castilla y León alberga a 333,918 personas de 75 años o más, lo que representa un 4.05% de la población regional. De estas, un 31% vive de manera independiente.
El informe también destaca que los castellanoleoneses otorgan una calificación promedio de 5.7 a la accesibilidad en sus edificios. Laura López Demarbre, vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Mutua de Propietarios, subraya que “estas carencias en accesibilidad conllevan una limitación en los derechos fundamentales de las personas mayores, como la libertad de residencia y circulación, el libre desarrollo de la personalidad y la igualdad”.
Las principales preocupaciones identificadas por los habitantes de Castilla y León incluyen padecer enfermedades crónicas (73%), problemas de movilidad (70%), carecer de una pensión de jubilación (60%), no contar con recursos económicos suficientes para subsistir (58%), y la soledad (53%).
Personas mayores paseando
Basándose en estas inquietudes, el estudio advierte que un 87% de los edificios de viviendas en la región requiere mejoras para eliminar barreras arquitectónicas y mejorar la accesibilidad. Esto implica la instalación de ascensores en el 8% de los edificios, la implementación de rampas en 1 de cada 4 edificios para superar el escalón de acceso al portal, y la inaccesibilidad de los porteros automáticos para las sillas de ruedas en más de la mitad de los casos. Las razones más comunes para no llevar a cabo estas mejoras de accesibilidad son la falta de acuerdo entre los vecinos (64%) y las limitaciones económicas (55%).
El informe de la Fundación Mutua de Propietarios recalca que la normativa es clara y permite que los propietarios exijan a la comunidad de vecinos asumir parte de los costos de las obras de accesibilidad. Además, todos los propietarios están obligados a contribuir económicamente, independientemente de su situación financiera, lo que impide que puedan oponerse a estas obras debido a limitaciones económicas, según explica el Dr. Héctor Simón, de la Cátedra de Vivienda. La falta de acuerdo y de acción en este aspecto representa un obstáculo fundamental en la mejora de la calidad de vida de las personas mayores en la región de Castilla y León.
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