Posted By Redacción on 30, May, 2018

Las construcciones objeto del expediente que ha denunciado IU.

El grupo municipal de IU contempla trasladar a la Fiscalía el expediente sobre la prescripción de una infracción urbanística grave en una finca del barrio de San Marcos si las explicaciones que reclama sobre el caso a los gobernantes locales no aclaran las dudas que actualmente tiene su portavoz, Ángel Galindo, de que se hubiera podido cometer un delito de prevaricación en el proceso.

Tras el estudio del expediente de Urbanismo —cuyo acceso ha estado rodeado de dificultades, incluida la firma de un documento de confidencialidad, pese a que Galindo es un concejal del Ayuntamiento— el concejal cree que el Ayuntamiento dejó morir el expediente sancionador contra los propietarios para conseguir un acuerdo que permitiera a la ciudad adquirir otro terreno en el entorno de la iglesia de la Veracruz, una operación que ha calificado como “una cacicada”.

IU reclama respuestas concretas a las dudas de un proceso que se inició en 2012 cuando, tras denuncia del entonces concejal del mismo partido, Luis Peñalosa, se abrió un expediente de reposición de la legalidad y otro sancionador contra el propietario de una finca de la calle José María Heredero, que mostró su disposición a restituir la legalidad con un plazo de seis meses cuyo cumplimiento, sin embargo, los inspectores municipales no lo comprobaron hasta medio año después de que expirara ese plazo, un dilatado plazo que genera las primeras dudas del portavoz.

Otros cuatro meses después, nuevos informes recomendaban archivar los expedientes e iniciar un nuevo proceso de restauración de la legalidad urbanística. Se hizo lo primero pero no se inició el proceso, otro aspecto del que IU quiere conocer la razón porque “no hay excusa ya que las infracciones graves prescriben a los cuatro años y había tiempo de sobra”.

De acuerdo con la investigación del concejal, hubo otros informes, ya en 2015, instando a la apertura de nuevos expedientes “a los que tampoco hizo caso el equipo de Gobierno” y cuando se quisieron abrir los procesos, en 2016, la infracción ya había caducado. “Estamos ante acciones suficientemente graves para que Alfonso Reguera y la alcaldesa den explicaciones y convencernos de que no se ha dado trato de favor”, lamenta Galindo.

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