Posted By Redacción on 11, Jul, 2021

El promotor, dos constructores y un director técnico están siendo investigados por la Guardia Civil de Segovia por presuntos delitos contra la ordenación del territorio por construir en suelo rústico no urbanizable en Cuéllar diferentes edificaciones al margen de la normativa urbanística, concretamente, una nave 15 veces mayor que lo permitido por la licencia, un merendero y una piscina “completamente ilegales”, según explica una nota emitida por la Subdelegación del Gobierno que apunta que este tipo de delitos puede acarrear hasta cuatro años de prisión, inhabilitación y fuertes multas.

La nota explica que el Seprona de la Comandancia de Segovia localizó en abril unas obras en suelo rústico no urbanizable con las que se estaban ejecutando diferentes construcciones cuyos usos no estarían contemplados por la normativa urbanística para esta clase de terrenos.

Las edificaciones consistían en “una nave 15 veces mayor a la permitida en la licencia y un merendero con piscina, carentes de autorización, por lo que eran completamente ilegales”, aspecto ratificado por la documentación municipal con la que se concluía que las construcciones “no se correspondían con las solicitadas en el proyecto, la parcela no contaba con la superficie mínima exigida en las normas municipales, ni con los retranqueos establecidos y el uso pretendido no estaba permitido para esa finca”. Además, las construcciones no eran autorizables.

A la vista de estos resultados, se procedió a la investigación del promotor de las obras, de los constructores y de un director técnico de los trabajos citados, a los que se les atribuye la comisión de un supuesto delito sobre la ordenación del territorio y el urbanismo. Asimismo, se acusa al dueño de las edificaciones de un delito de desobediencia, al haber hecho caso omiso a la orden de paralización de las obras dictada en un decreto de la Alcaldía de diciembre de 2019.

Desde la Comandancia de la Guardia Civil se insiste en que hay diferentes usos urbanísticos que están prohibidos por la legislación vigente para el suelo rústico. Especialmente restringidas están las edificaciones con un uso residencial, las cuales solamente podrán ser autorizadas tras la tramitación del oportuno expediente administrativo y prácticamente solo cuando amparen viviendas vinculadas a explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales.

Para estas conductas el Código Penal prevé penas de hasta 4 años de prisión, multa de 12 a 24 meses, que incluso pueden llegar al triple del beneficio obtenido, así como inhabilitación especial para profesión u oficio de 1 a 4 años, señalando como responsables a los promotores, constructores o técnicos directores de las obras ilegales. Accesoriamente, los jueces y tribunales pueden ordenar la demolición de la obra a cargo del autor del hecho.

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