La sentencia de apelación dictada por la sala de lo contencioso administrativo del TSJ el pasado 22 de noviembre admitía parcialmente el recurso presentado por la que fuera concesionaria del aparcamiento subterráneo de José Zorrilla, la UTE Collosa-Pigsur, una decisión que se traduce en la incorporación de elementos de cálculo sobre aspectos como el lucro cesante —lo que la empresa dejó de ganar— entre 2016 y 2050 y otros.
Entrada peatonal al subterráneo.
El extenso documento, de 34 folios, fija los parámetros a aplicar por el Juzgado de Segovia, que en la sentencia primitiva dejó pendiente para la fase de ejecución los cálculos definitivos sobre el lucro cesante de la contrata. La cuenta definitiva arroja la cantidad total de 4,8 millones largos. Se trata de 1,2 millones, un 33 por ciento más, sobre la cifra que propuso pagar el Ayuntamiento (3,6 millones) en base a los informes de los técnicos municipales, pero, al menos, muy alejada de las aspiraciones de la UTE, que pretendía cobrar 15 millones.
El Ayuntamiento afrontará el nuevo desaguisado económico tirando de los remanentes de 2019 y aplicando una modificación presupuestaria que se aprovechará también para incorporar el abono obligado de otros dos “pufos” pendientes: la indemnización a los denunciantes del caso de la Casa de la Parra y la liquidación de intereses por la expropiación de una parcela entre Vía Roma y Padre Claret, la de “casa de Guardas”. En total, 2,2 millones de euros derivados de sentencias judiciales contrarias a las actuaciones del Consistorio. La aprobación del crédito extraordinario se incluirá en los asuntos del pleno del día 28 de febrero.
El PP denuncia el silencio de Luquero
Pablo Pérez da cuenta de la sentencia.
Además de la recurrente discusión que se ha reavivado por volver a la palestra la necesidad de realizar pagos millonarios derivados de sentencias contra el Ayuntamiento, la bronca política se ha incrementado después de que haya sido el portavoz del Grupo municipal del PP, Pablo Pérez, el que ha desvelado este 20 de febrero la existencia de la sentencia sobre el aparcamiento de Zorrilla. No lo ha hecho la alcaldesa, Clara Luquero, pese a que se dio cuenta del documento y del cálculo definitivo del coste de la liquidación en la Junta de Gobierno del 13 de febrero.
Según el acta completa, a la que ha tenido acceso acueducto2.com, en aquella sesión del órgano de Gobierno se dio cuenta de la decisión del TSJ justo al inicio de la sesión, en el capítulo de “Disposiciones, anuncios y comunicaciones oficiales”, un apartado que se suprime sistemáticamente en la información que se facilita a los periodistas y que tampoco aparece en el acta colgada en la sede electrónica de la web municipal, donde se pueden consultar los acuerdos de la Junta de Gobierno Local.
La alcaldesa “olvidó” también ese día hacer referencia al texto judicial y sus consecuencias durante los cinco minutos y medio que, en conferencia de prensa, dedicó a leer ante los periodistas con someras explicaciones los que aseguró que eran “los asuntos que yo considero más destacados” de los aprobados en la reunión celebrada dos horas antes. Que tampoco hiciera mención alguna a esta cuestión, de evidente trascendencia para la ciudad, tras la Junta de Gobierno de esta semana parece confirmar que no se trató de un olvido.
De esta manera, ha sido el portavoz popular el que ha decidido divulgar los textos judiciales. “No aparecía [en el orden del día] ningún epígrafe sobre esta cuestión, no se si porque no se quería dar a conocer, y me sorprendí porque no había previo aviso”, relató el portavoz que ironizó asegurando que le había causado extrañeza el silencio de los miembros del Gobierno y que “no lo anunciaran a los medios de comunicación al igual que venden todos sus grandes proyectos que pasan por la Junta de Gobierno Local”. Según su discurso “he esperado el tiempo suficiente y aprovecho para anunciarlo ya que el Gobierno no lo hace”, concluyó.
Pérez acusó a los gobernantes de ocultar conscientemente la información para que los segovianos no conocieran nuevas consecuencias de su “mala praxis” a la vez que exponía un largo listado de proyectos a los que se podría haber destinado el dinero gastado en el nuevo varapalo judicial entre los que citó “la renovación de toda la red de agua que aún es de fibrocemento, tener los polígonos como los chorros de oro o la ciudad asfaltada de arriba a abajo”.
La sentencia de apelación tiene fecha de 22 de noviembre mientras que el decreto del letrado del TSJ que declaraba firme el documento es del 3 de febrero.
Acueducto2. Noticias y actualidad de Segovia.
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21 febrero, 2020
Es imposible ser más inútil. Todo el que pleitea con el Ayuntamiento gana. Que pena que los votantes de Luquero no sean los que paguen todos estos desastres en exclusiva. Disfruten lo votado. Eso sí, llegará el 8 de Marzo y la Alcaldesa desfilará con la pancarta como si no hubiera mañana, pero condenando a esas mismas personas a irse a trabajar a Madrid por culpa de “cositas” como ésta. Una pena, nunca debió ser Alcaldesa, no vale. Pero la pasta es la pasta. Dimisión ya. Sí se puede, al Sotillo ya.
21 febrero, 2020
Esta señora con sus asesores no pueden dirigir un ayuntamiento como el de segovia ,tenían que tener responsabilidades económicas por su mala gestión de nuestro dinero , pero claro estos disparan con pólvora Ajena.
21 febrero, 2020
La “transparencia” del PSOE y la herencia de Arahuetes, que soportamos y financiamos todos los segovianos.
Después se ponen detrás de una pancarta, organizan tres saraos y sus huestes aplauden con ferviente entusiasmo.
Qué pena …
21 febrero, 2020
Así es la pesoe. Mediocridad e incompetencia.
Y así piensan sus votantes. Son mediocres e inútiles, pero son “nuestros” mediocres e inutiles. Y tan contentos. Penoso.
Pero hay una cuestión que nadie me sabe (o no quiere) responder. ¿Quien asesora a esta panda de mediocres?
Por lo que me suena, nuestro Ayuntamiento paga, y dicen que muy bien, a un “asesor jurídico”. ¿Cierto?
¿A ese “asesor” tambien le van a reducir la jornada “laboral” a 35 horitas cobrando lo mismo, en vez de ponerle de patitas en la calle?
En este Pais, por ahora llamado España, hasta que no echen todos los días a 1.000 funcionarios vagos e inútiles, y el resto vean “las barbas de su vecino pelar”, no funcionará nada de nada. Y cuanta mayor categoría del funcionario, que son los que tienen que controlar, mejor.
Es una vergüenza.
21 febrero, 2020
Calimocho el problema no son los funcionarios , que ellos para bien o para mal han hecho una oposición y ahí está para que todos lo hagamos. El problema son los 25 asesores de confianza del grupo A que son bocas agradecidas que han sido asignados a dedo. Esos asesores que van a decir , lo que quieren oír los que les colocan sin más.
21 febrero, 2020
Como ‘Calimocho’
21 febrero, 2020
¿y que tiene que ver que hayan hecho una oposición?
La oposición es para entrar. Eso no les da el derecho a no hacer bien su trabajo.
Por cierto, Lord, tu que eres un hombre despierto y viajado,…… ¿sabes de algún funcionario que hayan mandado al paro?…….. y hay mas de 3 millones. Dime, chato.