La Subdelegación del Gobierno explica que forma de proceder de los presuntos autores es similar en todos los casos: los promotores de las viviendas solicitan inicialmente la autorización municipal para levantar una construcción compatible con el suelo rústico, tales como naves de guarda de aperos de labranza o alojamientos de animales y posteriormente llevan a cabo reformas del proyecto original modificando su destino inicial para convirtirlas en “merenderos” o inmuebles de uso recreativo e, incluso, en viviendas unifamiliares.

Para estas conductas, el Código Penal prevé penas de hasta 4 años de prisión, pudiendo ser responsables tanto los promotores, como los constructores y los técnicos directores de la obra. En este sentido —subraya la nota oficial— se ha tenido conocimiento de que la Audiencia Provincial de Segovia ha confirmado la condena que el Juzgado de lo Penal nº 1 de esta capital dictó por la realización de una edificación ilegal en suelo rústico con una persona condenada a 1 año y 6 meses de prisión, una multa de 4.800 euros e inhabilitación especial para profesión u oficio durante 2 años relacionado con la actividad constructora.