La sentencia dictada por el Tribunal Supremo sobre la expropiación del talud de la avenida del Padre Claret supondrá un desembolso al Ayuntamiento en torno a 8 millones de euros, entre los 5,83 millones de euros del justiprecio y los 2,5 millones de la afección y los intereses de demora desde octubre de 2007. A dicha cantidad hay que descontarle los 109.158 euros ya pagados por el Ayuntamiento, que fijaba en dicha cifra el justiprecio de la finca, así como el importe que determine el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Concretamente, la sentencia del TS obliga al TSJ de Castilla y León a fijar el justiprecio de la expropiación del talud de la avenida del Padre Claret, utilizando los mismos criterios de la sentencia de instancia, salvo en la aplicación del aprovechamiento bajo rasante, que no podrá ser tomado en consideración para calcular el aprovechamiento urbanístico aplicable. El descuento de dicho concepto puede oscilar entre 0 y 100.000 euros para los propietarios y 1,2 millones de euros para el gobierno municipal socialista. Es decir, que el coste final de esta expropiación para las arcas municipales, en el caso más favorable, será de más de 7 millones de euros, si bien lo más probable es que ronde los 8 millones de euros.
El origen de este largo pleito iniciado en 2006 es la falta de acuerdo del exalcalde Arahuetes y el exconcejal Conde Arambillet con la propiedad, que pretendía una expropiación de la parcela, debido a que por ella pasaban instalaciones públicas. Según es público y notorio en aquel momento la propiedad estaba dispuesta a resarcirse de la expropiación de la parcela con terrenos rústicos o urbanos, por importe de 3 millones de euros, pero el gobierno socialista, incluida la actual alcaldesa Clara Luquero, no aceptaron y ahora le va a costar a las arcas municipales, probablemente, en torno a los 8 millones de euros.
Para el grupo popular este es un ejemplo elocuente de la nefasta y peligrosa forma de gestionar el ayuntamiento durante los 12 años de gobierno socialista de la Sra. Luquero. El constante recurso a los litigios judiciales, que en los últimos seis años (2009-2014) ha supuesto el pago de terrenos por adjudicaciones y expropiaciones derivadas de sentencias judiciales por importe de otros 8 millones de euros y gastos por asesoramiento jurídico y contenciosos por importe de 1,26 millones de euros. Como bien puede comprenderse, para el cumplimiento de esta sentencia no existe la suficiente consignación presupuestaria, por lo que su aplicación agotará prácticamente el remanente de tesorería, e impedirá la realización de la mayoría de las inversiones que la ciudad necesita.
Sin embargo, lo lamentable es que con el cumplimiento de esta sentencia no se habrán zanjado todas las contingencias del ayuntamiento, como ya ha advertido el grupo popular en varios debates sobre presupuestos y su liquidación. Concretamente, respecto a la expropiación en la confluencia de la calle Soldado Español con la avenida del Padre Claret, el Ayuntamiento, según sentencia del Tribunal Supremo de enero pasado, tendrá que pagar, de forma inminente, en torno a 1,9 millones de euros netos, incluyendo el 5% de afección y los intereses de demora y una vez descontadas las cantidades ya abonadas.
Además, la sentencia reciente del TSJ de Castilla y León sobre la expropiación de suelo para el Instituto de San Lorenzo ha supuesto otro revés para el ayuntamiento, que, por el momento, se puede cuantificar en un pago adicional de casi 4 millones de euros, que si bien está recurrida ante el Tribunal Supremo, hubiera resultado prudente reservar alguna consignación presupuestaria.
A ello hay que añadir la intención del gobierno municipal socialista de negociar con la empresa concesionaria del Aparcamiento de Los Tilos, Isolux Corsan, una indemnización, que las propias fuentes gubernamentales han cifrado en 300.000€, a cambio de nada.
Si a esto añadimos el pago anual de 809.000€ durante los próximos once años, del préstamo del edificio de emprendedores y los 400-500.000€ anuales de gastos de mantenimiento del citado edificio, no podemos por menos que confirmar lo que hemos venido manifestado en estos cuatro años, que el estado de las cuentas municipales es extremadamente grave.
Lo peor de todo es que no sabemos si las contingencias que estamos mencionando son todas o solamente la punta del iceberg. Por ello reiteramos nuestra petición, rechazada por el gobierno socialista ante una moción del Grupo Popular, de encargar a una empresa experta en la materia una auditoría de la cartera de pleitos del Ayuntamiento de Segovia, al objeto de estimar, en términos de probabilidad, la cuantificación de las contingencias y el periodo en que previsiblemente pudieran tener lugar. Este informe que proponemos nos parece imprescindible para poder gestionar el Ayuntamiento en el próximo mandato corporativo.
Fuente: Nota de Prensa del Grupo del PP en el Ayuntamiento de Segovia
6 mayo, 2015
Pues nada, a tirar del famoso ‘colchón’ de pagos de pleiteos varios. Menuda lana debe tener, de impuestos municipales variados. Así nos va, parcheando y bacheando calles que no dan para más los presupuestos. Llevamos años pagando los pufos de unos y otros (no se salva ni una Corporación). ¿Seremos capaces de cambiar o tenemos lo que nos merecemos? ‘That is the question’ que decía el otro.