La abogada de la CIC, Julita Roman.
La Confederación Intersindical de Crédito (CIC), una de las acusaciones populares personadas en el juicio a los directivos de Caja Segovia ha decidido retirarse del proceso alegando motivos “exclusivamente económicos”, por lo que en este proceso, que se reanuda precisamente este martes, sólo habrá dos acusaciones: la que ejerce la Fundación Caja Segovia como parte afectada (acusación particular) y la popular, representada por Izquierda Unida.
En un comunicado emitido este 4 de febrero, la CIC explica que tras siete años de “esfuerzos personales y económicos para estar personados” en este proceso ha tomado la decisión de retirarse “ante la previsión de no poder hacer frente a los gastos que supone un procedimiento de este calado”.
En el mismo texto se subraya que el desistimiento “no supone en absoluto un cambio de parecer sobre el análisis de los hechos que se están juzgando”, a la vez que se sus representantes reiteran que “pensamos que existen indicios suficientes para considerar que ha existido administración desleal y apropiación indebida y de los cuales se deben derivar las oportunas responsabilidades penales y civiles”.
La Confederación se muestra además sumamente crítica con la postura del Ministerio Fiscal por no haber presentado acusaciones y “alinearse con las defensas de los imputados, provocando este hecho que resulte mucho más complejo continuar con las acusaciones particulares y populares”.
“Confiamos en que prevalezca la justicia y se esclarezcan los hechos que supusieron un quebranto económico tan importante para Caja Segovia y se restituya a la Fundación Caja Segovia y, en definitiva, a la sociedad segoviana lo que de un modo tan sutil y poco transparente se detrajo indebidamente”, concluye el texto.
Precisamente, la CIC era la parte acusadora que había solicitado las penas mayores para los acusados en este juicio, 8 años para el expresidente, Atilano Soto y los dos exvicepresidentes, Manuel Agudíez y Elena García Gil y 9 años de prisión para el que fuera director general de la Caja, Manuel Escribano, el exsecretario general, Antonio Tapias, y el que fuera jefe de Recursos Humanos, Enrique Quintanilla.
El juicio de Caja Segovia sólo ha celebrado la sesión inicial en la que se presentaron las cuestiones previas con las que las defensas trataron de deslegitimar a la Fundación Caja Segovia como acusación particular buscando el archivo del caso y de cuestionar la validez de la acusación a otros cinco exdirectivos acusados a título lucrativo, aunque todas ellas han sido rechazadas por el tribunal de la Audiencia provincial, formado por tres jueces.
De este modo, este 5 de febrero se inician las sesiones ordinarias en las que se sucederán las declaraciones de los acusados y una larga lista de testigos que prolongarán esta vista oral, inicialmente durante siete sesiones que se desarrollarán hasta el 19 de febrero.
5 febrero, 2019
Digan lo que digan, esto huele a presiones….
Viendo estas decisiones se demuestra el valor de lo que está haciendo IU, la acusación popular, la acusación que representa a la ciudadanía segoviana en general, afectada en un 90 %,porque casi toda Segovia ha tenido cuentas o cualquier otro producto en Caja Segovia y si pese al fiscal salen culpables, que lo saldrán, se demostrará que nos han robado a Segovia entera.
Espero que los segovianos sepan agradecer el esfuerzo de IU en las urnas por esto que es cuestión del trabajo de toda la organización y por el buen hacer de Ángel Galindo, y porqué no, espero que lo sepan reconocer en los pueblos en los que se presente IU, porque del expolio de Caja Segovia ha sido afectada gente de toda la provincia, y los esfuerzos siempre deben de ser recompensados.
5 febrero, 2019
Todo nuestro apoyo a la Fundación Caja Segovia y a Izquierda Unida en este juicio. Ánimo y gracias por vuestro esfuerzo.
5 febrero, 2019
Y mientras tanto el fiscal tan alegre, tan feliz y pretendiendo con sus “argumentos” lanzar la cortina de humo para que al final éste se quede en nada. Algún día a Izquierda Unida le tendremos que agradecer la valentía en que esto no quede impune y las tropelías que se cometieron en su día no queden en agua de borrajas. Qué tristeza da ver que se lleven 7 años de tramitación. Los políticos se enzarzan en discusiones vanas y la justicia es un tema que no interesa resolver.
6 febrero, 2019
Lo del Ministerio Fiscal, vergonzoso y lo de los “motivos económicos” no cuela.