El Ayuntamiento trabaja mejor en secreto

Posted By Fernando Sanjosé on 10, Jul, 2014

Lo explica la alcaldesa y yo intento resumírselo: como parece que todos los grupos municipales están de acuerdo en tratar de evitar que el edificio del CAT —el proyecto aquel de los tropecientos edificios llenos de maravillas y ágoras para el encuentro, ni soñarlo— se convierta en un espectro de esos a los que estamos tan acostumbrados en Segovia, pues hay que hacer las cosas en conjunto. Todos a una con un objetivo común: el bien del ciudadano.

Hasta ahí, todo bien, pero es que ese trabajo grupal parece que implica obligación de secreto con la consigna de que no se sepa una palabra del asunto (o de los asuntos, que esta escenita ya la hemos visto con el Plan de las Áreas Históricas, por ejemplo): hablar con periodistas, pecado; que la ciudadanía se entere del estado del tema en cuestión, anatema.

Ocurre que esta semana, el compañero Sergio Arribas destapaba una reunión secretísima a la que acudió por la parte segoviana una comitiva de ediles muy principales, populares y socialistas —Peñalosa (IU) andaba liado, según leo— y por la parte del Ministerio, su Secretario de Estado para las Telecomunicaciones, Victor Calvo Sotelo

Con ese título en la puerta ya imagina usted el tipo de despacho y cuál de los interlocutores tenía la silla más alta y lanzaba el único mensaje que viene a resumirse así: “las condiciones en las que el Ministerio concedió el préstamo de 9,7 millones a interés cero y 12 años de amortización para las obras del primer edificio del CAT no se ha cumplido en el plazo fijado (diciembre de 2011) ni en sus prórrogas (diciembre de 2012 y 30 de junio de 2013) y me tienen que devolver ustedes toda la pasta, si es por las malas. Por las buenas, denme ya mismo lo que les queda sin gastar: 3,8 millones y lógicamente, paguen lo que ya han gastado en los plazos marcados cuando se lo dimos”.

La trascendencia del asunto es máxima. La pérdida del dinero supone un riesgo casi definitivo para el futuro del edificio o, en el mejor de los casos, la búsqueda de una cantidad “suficiente” para acabar la obra —para evitar que se caiga ya se está gastando y se gastará más— que con toda probabilidad supondrá el reequilibrio o supresión de otras partidas en el esquelético presupuesto municipal. El actual y el futuro.

Un desastre. Se piden explicaciones, claro, pero la alcaldesa Luquero ventila el asunto sin despeinarse, sin siquiera valorar lo mínimo la orden del Ministerio y sus graves repercusiones, amparándose en el “secreto pactado” entre los miembros de la mesa del CAT, que claro, el resto de protagonistas también mantiene, al menos oficialmente y que teóricamente están trabajando “dentro” en búsqueda de una salida airosa.

Y ya está: uno de los mayores marrones de los últimos periodos municipales en una situación enormemente delicada (y mucho es de temer, cara para la ciudad en todos los casos) y toda la explicación que se aporta desde la Alcaldía es que el que rompe su palabra y filtra informaciones a la prensa (al parecer se refería al portavoz del PP, Jesús Postigo, aunque no le nombró) es un “desleal” y que cuando los de la mesa lleguen a algún punto de solución —largo me lo fiáis, amigo Sancho— ya se explicará adecuadamente. Debe ser que el ciudadano no debe meterse en política. Y los periodistas, menos.

Merino, el palacio y el doble pago de Evisego
Al margen del nuevo escándalo del CAT, la alcaldesa Luquero sigue su evolución en el sillón de la Alcaldía y ha vuelto a mostrar su lado duro —ojo, no es bronco, que el estilo es otro— cuando se la ha preguntado por el inicio de las obras de construcción del Palacio de Congresos, en Quitapesares, cuyo replanteo se produjo esta semana con la previsión de un año de trabajos, un proyecto hacia el que mantuvo su absoluta oposición porque “estamos en contra de que se destine dinero público a una sociedad que tiene participación privada”.

Pero Luquero quiso sacar los cañones y sin más preámbulos y fijándose en la chuleta sobre la mesa, recalcó que una de las partes de la UTE adjudicataria de las obras “forma parte del grupo Ortiz, una de las empresas vinculada a la trama Gürtel”. Y siguió leyendo: Ortiz “pagó a diversas sociedades vinculadas a Jesús Merino 2,1 millones entre 2006 y 2008. Merino (entonces diputado del PP) tuvo que dimitir por su relación con el caso”. La salva tenía remate recordando que la misma empresa fue “de las que más trabajaron” en Pozuelo de Alarcón (Madrid) “en el momento en el que se coció toda la trama Gürtel, concluyó.

Y eso que la alcaldesa tenía motivos para la satisfacción, después de que el Banco de Santander hiciera efectivo el acuerdo alcanzado en 2008 por el que la entidad reintegraría los 311.323 euros que por error se pagaron (en una doble factura) a la empresa Urazca, que construía entonces una promoción de viviendas municipales de alquiler a través de la empresa municipal Evisego, si esta no lo hacía en el plazo de cinco años, como cabía esperar pues la firma entró en suspensión de pagos.

Aparentemente no celebró especialmente el importante ingreso en la cuenta municipal y más bien quiso hacer hincapié en la dura pelea política que se produjo cuando se destapó este caso, una época en la que la portavoz de la oposición era la hoy parlamentaria, Beatriz Escudero, a la que Luquero instó a “pedir perdón” por el contenido de aquellos ataques “incendiarios”, dirigidos directamente contra el anterior regidor y su actuación en el caso.

A la hora de escribir estas líneas, Escudero no había manifestado en público ninguna intención de seguir las recomendaciones de la alcaldesa, ni se espera que lo haga en privado o siquiera, en secreto.

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