El juzgado número 4 de Segovia está investigando la existencia de delitos ecológicos en la cadena de vertidos que padeció el Eresma el pasado mes de junio y que se saldaron con un incremento de la contaminación y la muerte de miles de peces. Fuentes de la Delegación de Gobierno explican que el Seprona ha remitido al juez el informe de su investigación en tanto se sigue a la espera de que lleguen las analíticas del Laboratorio de Toxicología de la Benemérita.
Corresponderá ahora a la justicia valorar el alcance de las administraciones implicadas, fundamentalmente, la Confederación Hidrográfica del Duero y el Ayuntamiento de Segovia, este último en tanto responsable del mantenimiento de los colectores que tras cegarse por la acumulación de sedimentos provocaron el vertido al río durante varios días de miles de litros de aguas residuales sin procesar. Eso fue el 5 de junio. Diez días después, la convergencia de aguas atestadas de contaminantes y el descenso del caudal, redujo a prácticamente a cero el oxígeno, con la consecuente muerte de los peces. Se calcula que el percance terminó con la mayoría de peces en unos 8 kilómetros del Eresma, desde la salida general de la depuradora (en fase de mínimos por obras), hasta pasado Hontanares.
Lo cierto es que las gráficas en tiempo real de la estación de control de calidad de las aguas de Hontanares seguían mostrando para los días del 26 al 30 de junio una mínima cantidad de oxígeno (no llega a 1 mg por litro, siendo lo normal 7,5). Buena prueba de ello es el vídeo adjunto, tomado en las proximidades de los Lavaderos hace cinco días, en el que se aprecian alevines boqueando en la superficie del río. El boqueo se produce cuando la falta de oxígeno fuerza a los peces a buscar fuera del agua el oxígeno para respirar. El caudal era el 30 de junio sobre las 20.00 horas de unos 0.44m3/s.
El juez deberá dilucidar si la gravedad de los vertidos trasciende la mera infracción administrativa y da lugar a un encausamiento por delito ecológico. En sucesos similares, este tipo de incidentes se han saldado con fuertes multas por encima de los 200.000€ y penas menores de prisión (4 meses, por ejemplo, para los responsables de un vertido de amoniaco en Cantabria en 2013). En Segovia, no constan antecedentes de sanción a la administración por este tipo de sucesos, pese a una abundante jurisprudencia relativa a vertidos de purines y similares, de menor impacto toxicológico que los registrados el pasado mes.
Últimos comentarios