Doce familias segovianas que invirtieron 30.000€ cada una en una cooperativa de viviendas a construir en el Sector A de la Carretera de Palazuelos (Segovia) han anunciado la presentación de una demanda contra Bankia para recuperar lo invertido. Corría 2008 cuando una quincena de familias entraron en la cooperativa Altos del Eresma al objeto de construir viviendas en el desarrollo urbano de la carretera de Palazuelos. Se trata de una unidad de actuación urbanística pendiente de desarrollo. La crisis inmobiliaria borró cualquier atractivo a la construcción de viviendas en la zona, por lo que, a la hora de la verdad, los propietarios mayoritarios (entre otros el Ayuntamiento) optaron por posponer la urbanización. La cooperativa quebró. Ahora, a través de una figura legal de 1968, los cooperativistas pretenden recuperar su inversión demandando a Bankia.
Y es que según explica Jaime Suárez, el abogado que prepara la demanda, “la ley 57/1968 obligaba a los cooperativas de viviendas a contraer un aval o un seguro para que en el caso de que la vivienda no se entregara los cooperativistas estos recuperasen la inversión”. Esta ley, diseñada en pleno desarrollismo franquista, pretendía garantizar los derechos de los cooperativistas. “España tenía entonces la legislación más garantista para este tipo de inversiones”, añade Suárez. Sin embargo, en prevención de que el aval o el seguro no se llevara a cabo (cosa muy común con el paso de los años, especialmente en unos tiempos en que prácticamente resultaba imposible perder dinero en el mercado de viviendas) la misma ley confería la responsabilidad subsidiaria a la entidad bancaría que abriera cuenta a la cooperativa. En otras palabras, si no había aval pero un banco abría cuenta a los cooperativistas, ese banco asumía la responsabilidad avaladora.
Este resquicio legal ha permitido a los abogados especializarse demandar subsidiariamente a los bancos para recuperar lo invertido. Según explican en su web “en 2009 iniciamos nuestra batalla contra aseguradoras y bancos, al amparo de la Ley 57/1968 y la disposición adicional primera de la Ley 38/1999. A día de hoy, hemos recuperado ya cerca de 300 millones de euros para más de 6.000 clientes”. Se trata de una vía legal refrendada por el Tribunal Supremo pero en “vías de extinción”.
Y es que entre las últimas medidas del gobierno del PP, en 2015 se aprobó la derogación de la ley 57/1968, estableciéndose que solo podían acogerse a la misma aquella promociones anteriores a 1 de enero de 2016.
Diputación
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17 febrero, 2016
Pues como impositor en Bankia, y con todos mis respetos, no lo veo claro. Ahora que va saliendo adelante la entidad (con intervención del Estado y de todos los españoles), que la entidad, intervenida por el Estado, y que, ójala, quede como banca Pública, pretendemos cobrar por todos nuestros males, como si fuera otro de los sacos sin fondo que se encargaron de pulverizar unos cuantos enterados, muchos imputados, investigados o como quiera que se llame ahora. Pues nada, la Justicia resolverá, pero sigo sin tenerlo nada claro.
17 febrero, 2016
A mi me cobraron por no pagar a tiempo la hipoteca, una comisión, voy a ver si pleiteo un poco… Ya!, ya sé que tenía que cumplir con mis obligaciones contractuales, pero oye, pero si cuela 😉