Posted By Fernando Sanjosé on 13, Feb, 2019

Atilano Soto y Manuel Escribano charlan con su abogado durante un descanso, en la Sala de la Audiencia.

El desfile de consejeros de Caja Segovia llamados a testificar en la cuarta sesión del juicio oral por las prejubilaciones de los directivos de la entidad no aportó demasiadas novedades que no entraran dentro de lo predecible: estaban los que acudían a las reuniones con aparente desconocimiento absoluto de lo que tenían entre las manos para levantar una con la que votar a favor de lo que se les proponía y los que acabaron “escandalizándose”, ya al final del todo, cuando trascendieron las cantidades individualizadas, por las mareantes cifras fijadas para el cuadro de directivos —aunque nada molestos porque al resto de empleados se les aplicara el famoso 74,7%, fijo para todos, del sueldo para calcular su prejubilación— e incluso llegaron a protestar, más o menos, en las últimas reuniones pero que incluso así, “quizá por falta de valentía en ese momento”, en palabras del sindicalista, aunque entonces en el Consejo de administración y la Comisión de Control a título particular, Fidel García Hernández, dieron por buenos los acuerdos.

El tedioso, por repetitivo, carrusel de preguntas y respuestas con los siete exconsejeros que pasaron por el estrado llegó a cansar incluso al magistrado presidente del tribunal, José Miguel García, que —ya pasadas las 14.30 y cuatro horas largas de sesión— tras ordenar despejar el pasillo de testigos que esperaban desde primera hora y no llegarían a declarar este 12 de febrero, reclamó a los abogados que redujeran la lista de comparecientes porque “no están aportando nada relevante”.

Primer listado aparecido en prensa.

Y es que, en general, los testigos coincidieron en apuntar que en todas las reuniones que están especialmente en estudio en este juicio — las celebrada por el Consejo de administración de 2006, 2008 y 2010 y las de otros órganos complementarios en las que evolucionó el sistema de pensiones— se hablaba de las prejubilaciones mencionando únicamente cifras generales, cuando se hacía y no pormenorizadas respecto a cada directivo, que si bien se podían calcular aplicando a los sueldos el conocido 74,7% fijado en los acuerdos del sistema para fijar las cuantías a percibir, casi ninguno lo hacía, entre otras cosas porque no conocían siquiera la cuantía exacta de esas nóminas. Además, las aprobaciones se sometían a asentimiento y casi nunca a votaciones individualizadas en medio de reuniones protagonizadas por la celeridad, y que los números concretos no se conocieron hasta el final, desde finales de 2011 y verano de 2012 —cuando ya existía una denuncia de UPyD en la Fiscalía también y trascendieron también a la ciudadanía a través del desaparecido periódico elacueducto.com que el 30 de julio de ese año publicó el primer listado pormenorizado de cifras y directivos beneficiarios— y en la propia Caja comenzaron a reconocerse las cuantías concretas correspondientes a cada cual en función de los acuerdos de los distintos órganos de Gobierno.

Desmemoriados y dóciles

Falta de memoria, reconocimiento de “falta de conocimiento técnico” de las cosas que se aprobaban en la Caja y de ausencia de estudio previo de los documentos sobre los asuntos que se llevaban a aprobación fueron denominadores comunes en las declaraciones del exconcejal de Coca, Fernando Aceves (vocal del Consejo desde 2006 y miembro del comité de auditoría) que reconoció que “no me leía las actas”; el sindicalista de CC.OO., Eduardo Aguado (en el órgano de Gobierno entre 2006 y 2012) “El 90 por cien de los acuerdos eran por asentimiento y si había pegas en algún asunto el presidente o el director hacían los esfuerzos necesarios para que se aprobara”; o la exalcaldesa de Sepúlveda, Concepción Montes (de 2008 a 2012) que aseguró “estar desvinculada de todo” y a tenor de su declaración, también lo estaba entonces. De su discurso de desprende que iba, votaba y se marchaba. De los detalles, poco pudo aportar.

Las primeras voces críticas llegaron a la sala por videoconferencia, sistema utilizado para tomar declaración a Felicísimo del Pozo, retirado en Alicante, miembro de la Comisión de Control entre 2007 y 2012, que aseguró haberse escandalizado cuando conoció las “exageradas retribuciones” fijadas en el “plan de jubilación de los de arriba”, aunque reconoció que nunca protestó: “Lo trataban en el Consejo [de administración], pasaba a comisión de control y apaga y vámonos” resumió el proceso a la vez que reconocía su incapacidad para discernir la legalidad o no del proceso. “En mi caso poca. Siempre me he dedicado a la ganadería y el campo”, respondió llanamente a las preguntas de los abogados, a los que también desveló que “algunos tenían más información que otros” y su sensación de que “me parece que se nos ocultó bastante información”.

Plena confianza

Una de las comparecencias más esperadas en la jornada era la del exsecretario del Consejo de Administración y actual vicepresidente de la Diputación provincial, Miguel Ángel de Vicente, que también reconoció que en las reuniones en las que se aprobaron las prejubilaciones se hablaba en términos porcentuales pero sin determinar las cantidades concretas, mientras que, cuando ya se dieron a conocer esas cifras detalladas a los consejeros fue cuando algunos miembros del organismo “se rasgaron las vestiduras” sin que lo hubieran hecho antes.

El exsecretario, que llegó a reconocer que en algunos momentos se aprobaron  modificaciones del sistema de prejubilaciones “sin haber leído la memoria económica íntegramente”, destacó la “relación de confianza” que había entre los consejeros y los directivos que hacía que en ningún momento se produjera susceptibilidad hacia las propuestas que se les hacía “porque no teníamos motivos de duda”. Además, recalcó que los procesos de la Caja tenían una exhaustiva supervisión de organismos externos como el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o la Junta de Castilla y León.

De Vicente subrayó además que el sistema de prejubilaciones no afectaba sólo a los directivos que están siendo juzgados, sino que se creó para el conjunto de los empleados de Caja Segovia y de él “se beneficiaron más de un centenar de trabajadores”.

Pedro Palomo actuando como testigo.

También atrajo especial atención el testimonio del que fuera consejero entre 2007 y 2012, además de miembro del Comité de dirección, Pedro Palomo, que también hizo alusión a la “acreditada solvencia” de los directivos de la entidad en la que se basaba la confianza del Consejo en sus actuaciones y propuestas. El entonces presidente de la Federación Empresarial (FES) y actualmente de la Cámara de Comercio también coincidió en señalar que las prejubilaciones se trataban como una cantidad global y sin cifras individualizadas y subrayó la ausencia de intervenciones o votos en contra de los sucesivos acuerdos sobre el sistema y las retribuciones a los directivos.

Por otra parte, durante todos los interrogatorios, la representación legal de IU continuó con su línea de actuación tendente a demostrar la mala situación financiera de la Caja como justificación a la presunta administración desleal de los acusados, aunque todos los testigos a los que preguntó se pronunciaron en sentido contrario en cuanto a ratios de morosidad, beneficios durante los últimos ejercicios y la implicación de la entidad en inversiones inmobiliarias “en la media de otras entidades similares”, coincidieron los testigos.

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