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Caja Segovia: la alfombra roja de otros tiempos

El próximo 22 de enero es un día marcado en rojo en los calendarios de muchos segovianos por la trascendencia del juicio oral que se inicia ese día —tras años de instrucción— contra once directivos en total de la que fue la todopoderosa y omnipresente en la provincia entidad de ahorro, Caja Segovia, a cuenta de las prejubilaciones y primas millonarias que cobraron de la entidad. Tres de los acusados principales participaron activamente en política y en aquella época acumulaban poder en instituciones y partidos, con el destacado caso del presidente de la entidad, Atilano Soto, que en su momento álgido llegó a acumular hasta una docena de presidencias, entre ellas la de la Diputación provincial.

Pero además del nutrido banquillo, repleto de personas que fueron considerados parte de la élite económica y política segoviana, por la sala tendrán que volver a pasar, estos como testigos libres de cargos y a solicitud de las partes, varios miembros que fueron del Consejo de Administración de la entidad lo que permitirá a los segovianos refrescar la memoria sobre un grupo de personas que fueron también —algunos se mantienen aún en la brecha— lo más granado de la época, tanto que algunos presidían la Diputación, el Ayuntamiento capitalino y algunos otros de la provincia, o la Federación Empresarial, además de sindicalistas y representantes de trabajadores e impositores.

Los acusados y las penas a qué se enfrentan

Atilano Soto.

Atilano Soto. Hasta ocho años de cárcel. Presidente del Consejo de Administración de Caja Segovia. La Fundación Caja Segovia le considera cooperador necesario en delitos de apropiación indebida y administración desleal y pide para él 3 años de cárcel y multa de 75.000€. Para la  Confederación Intersindical de Cajas (CIC), es autor de delito de administración desleal agravada y  cooperador necesario de apropiación indebida y reclama 4 años por cada acusación y multa de 1.800€. IU achaca al ex-presidente  delitos societarios y de apropiación indebida y reclama 8 años de cárcel y 36.000 euros de multa. Fianza solidaria de 6.835.000€ a pagar conjuntamente con el resto de acusados.

Elena García Gil.

Manuel Agudiez.

Manuel Agudiez y Elena García Gil. Hasta ocho años de cárcel. Vicepresidentes. Penas que pide FCS para cada uno de ellos:  3 años de cárcel y multa de 75.000€ como cooperador necesario en delitos de apropiación indebida y administración desleal. CIC: 8 años de cárcel en total y 1.800€ por autor de administración desleal (4 años) y cooperador necesario en apropiación indebida (otros cuatro años). IU: 8 años de cárcel y 36.000 de multa por apropiación indebida y delito societario. Además se les reclama, al igual que a Atilano Soto, inhabilitación para el sufragio pasivo y el ejercicio profesional de actividades relacionadas con el sector financiero o bancario, las responsabilidades civiles y el pago de las costas judiciales. Fianza solidaria de 6.835.000€.

Manuel Escribano.

Manuel Escribano. Hasta 9 años de cárcel y devolución de las cantidades. Director general de Caja Segovia. FCS: cuatro años de cárcel y multa de 100.000€ por administración desleal y apropiación indebida. CIC pide para Escribano seis años de cárcel como autor apropiación indebida y tres en calidad de cooperador en administración desleal. IU le reclama seis años de prisión y multa de 32.000€. Las mismas penas se reclaman para el secretario del consejo, Antonio Tapias, y para el también directivo Enrique Quintanilla. Los tres deben responder junto con los anterior de los 6.835.000€ reclamados como fianza a titulo de cantidades a devolver.

Beneficiarios a título lucrativo

Juan Antonio Folgado.

A los otros cinco acusados se les acusa de beneficiarios, responsables a título lucrativo, por lo que de probarse su culpabilidad se enfrentarían al retorno de las cantidades artificialmente engrosadas. Así Miguel Ángel Sánchez Plaza hace frente a 1.161.000€; Óscar Varas 737.890€; Juan Bautista Magaña 302.456€; Juan Antonio Folgado, que fuera concejal del PP, 290.031€; y a Malaquías del Pozo, responsable durante más de una década de la Obra Social de Caja Segovia, 107.778€.

Respecto a la Aseguradora Caser, la entidad encargada de gestionar las pólizas de pensiones, el juez reclama el retorno de 18M€ que irían a parar a la Fundación Caja Segovia.

Testigos desde el Consejo de administración

Entre las solicitudes de testimonio reclamado por las partes se han incluido hasta 15 consejeros que estuvieron en alguna o en las dos reuniones del organismo celebradas en noviembre de 2008 y diciembre de 2012. Así, se volverá a escuchar al secretario del Consejo, Miguel Ángel de Vicente, entonces alcalde de Collado Hermoso (PP); al que en ese momento era alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes  (PSOE) o  a la que presidía el Ayuntamiento de Sepúlveda, Concepción Monte (PSOE).

La cuota de cargos políticos en aquellos consejos era amplia y así, se reclamará también el testimonio del que era presidente de la Diputación, Javier Santamaría (PP); de quien en esa época era secretario de la Delegación territorial de la Junta, José Luis Sanz Merino (PP) o de quien compatibilizara el puesto en el Consejo con la vicepresidencia del Grupo popular en las Cortes regionales, Juan José Sanz Vitorio (PP); además del que en aquella época era teniente de alcalde de Coca, Fernando Aceves (PP).

Durante las sesiones también será llamado a testificar quien entonces presidía la Federación Empresarial (Fes), Pedro Palomo, al igual que los representantes de los trabajadores e impositores, como Eduardo Aguado (CC.OO.) Fidel García (SEC), José Pablo Lozoya o Juan Manuel de la Puente (PSOE y UGT) y de otros grupos de la Caja como Francisco Valverde, Manuel Berzal y Bonifacio García.

IU confía en que se devuelva el dinero

En cuanto a las acusaciones, junto a la Confederación Intersindical de Cajas (CIC) y la Fundación Caja Segovia, la formación política Izquierda Unida actúa como acusación popular, una posición que espera mantener tras resolverse el escrito presentado por las defensas buscando liberar a sus clientes mediante la aplicación de la doctrina Botín negando la legitimidad de las acusaciones. El abogado de la formación, Alberto López, ha reclamado además que se incluya como prueba el resultado de la Comisión de Investigación de las cajas de ahorro de Castilla y León que se ha seguido en las regionales para afianzar su criterio de que Caja Segovia no se encontraba en buena situación económica cuando se acordaron las retribuciones de los directivos.

En conferencia de prensa, el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Segovia, Ángel Galindo, se mostró confiado en que se produzca una sentencia condenatoria que obligue a los acusados a devolver el dinero que cobraron, mientras que la portavoz adjunta de IU, Ana Peñalosa, se mostró confiada en que “se haga justicia para satisfacer a los segovianos”.

Author: Redacción

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2 Comments

  1. El editorial se olvida un pequeño detalle: la Fiscalía no ve delito alguno. Sé que es muy poco popular decir esto pero creo qué es sustancial a todo el proceso.

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    • Efectivamente..este juicio está más que atado y bien atado, para que no pase nada claro..nadie irá a la cárcel, y dinero ya veremos si se devuelve o no, solo las acusaciones particulares lo tienen difícil..

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