Catalá ve en riesgo la convivencia en Cataluña si hay declaración unilateral

Posted By Redacción on 10, Oct, 2017

Rafael Catalá, ministro de Justicia, inauguró el 9 de octubre el VI Ciclo de Justicia de El Norte de Castilla, un foro que reúne a lo más granado de la magistratura de Castilla y León para debatir problemas del sector. El acto se celebró en el Esteban Vicente, y aunque en principio no estaba previsto atender a la prensa, el ministro concedió dos preguntas, las dos sobre Cataluña y relacionadas con lo que hará el Gobierno si tal como parece el 10 de octubre Puigdemont declara la independencia de Cataluña o algo bastante parecido.

Y Catalá, a diferencia de Pablo Casado que poco antes había encendido las redes ejemplarizando en el presidente mártir Lluís Companys -condenado por la República a 30 años de cárcel por declarar la independencia catalana en 1934 y finalmente fusilado por el franquismo el octubre de 1940- la suerte que le espera a Puigdemont, no añadió nada a lo ya sabido. Que el gobierno lo tiene todo controlado (esperemos que mejor que el 1-O), que se contemplan todas las hipótesis y se está trabajando para que la declaración no se lleve a cabo.

Añadió eso sí, un matiz, y es que hasta la fecha la presumible declaración unilateral era un problema legal y ahora es, también, convivencial. “Sería una declaración inexistente e ineficaz, que crearía una gravísima crisis institucional y los más importante, abriría una crisis de convivencia entre los catalanes”, dijo, y recordando la masiva manifestación unionista del 8 de octubre recalcó que “hay una altísima parte de los catalanes que no están a favor”.

Así están las cosas. Desde luego, Catalá no entró al trapo de las palabras de Casado y desvió la cuestión recordando que también la de Companys terminó en “una declaración que no fue. Hay que aprender del pasado y evitar repetir errores”.

Mantenimiento de los juzgados “rurales”

Ya en el acto, Catalá pasó balance a las magras actuaciones acometidas en lo que va de legislatura. Con minoría parlamentaria no está siendo precisamente 2017 el año de las grandes leyes. Recordó que hay una subcomisión en marcha para analizar los problemas de la justicia, que en 2017 se han duplicado los capítulos de inversión en justicia, que se han evacuado consultas sobre si hay que gravar con IVA el turno de oficio (que es que no) y avanzó que en los próximos días se tocarán aspectos de la ley inmobiliaria para dar más garantías a los consumidores. Seguir trabajando, admitiendo lo complejo del proceso, en la digitalización de la justicia. Como deberes en el horizonte colocó la necesidad de promover una profunda reforma de la justicia penal. “Nuestro modelo de investigación criminal es único -en el sentido de obsoleto- en Europa”, dijo.

En lo que concierne a Segovia una buena noticia; Catalá dio por concluido todo el proceso de centralización de servicios judiciales y dijo que el trasladar partidos judiciales rurales (en Segovia, Santa María la Real de Nieva, Cuéllar y Sepúlveda) es ya un debate cerrado, es innecesario y, muy al contrario, se mostró partidario de reforzar la “justicia rural” dando más medios a los juzgados de paz.

La mala noticia es que, como es sabido, no habrá más juzgados en la audiencia de Segovia. Se crean cuatro nuevos en Castilla y León, en concreto en Ávila, Valladolid, Burgos y León, atendiendo a la saturación de sus respectivas salas. José Luis Concepción, presidente del Tribunal Superior de Castilla y León y también presente en el encuentro, recientemente se había mostrado disconforme con la creación de dos de estos cuatro juzgados, y considerado más prioritarios los de Medina del Campo, Aranda de Duero y Miranda de Ebro, e incluso, una nueva sala en Segovia, según dijo en la inauguración del año judicial el pasado 27 de septiembre. También fue crítico con la falta de inversión en instalaciones en Valladolid y Segovia, donde las obras de los nuevos juzgados van a paso de tortuga. Iniciadas este año, el plan de obras contempla su finalización dentro de 50 meses.