Bankia se convierte en el blanco de los imputados por Navicoas

Posted By Redacción on 6, Feb, 2014

La primera ronda de comparecencias ante el juez de los consejeros imputados por el juez Jesús Martínez Puras en el “caso Navicoas” se zanjó sin respuestas a las principales cuestiones planteadas en el proceso, pero al menos dejó dos cosas claras: se mantiene la discrepancia sobre la claridad en las sesiones del consejo y se ha fijado un blanco sobre el que descargar responsabilidades: Bankia, a la que la Fundación Caja Segovia quiere exigir que pague la deuda que originó el proceso.

Elena García Gil y Manuel Agudíez, ex vicepresidentes de la Caja, coincidieron en buena parte —aunque no exactamente— de su declaración. Para ambos, el proceso fue transparente y los consejeros sabían qué aprobaban: la asunción de la deuda tributaria, de 6,8 millones, de la empresa participada y la suscripción de una hipoteca por esa cantidad respaldando la operación con el aval del Torreón de Lozoya y otros inmuebles.

Elena García Gil, la primera en declarar ante el juez.

De las declaraciones de ambos a los periodistas se desprende que todo el proceso se tuvo que realizar con celeridad a causa de “la premura impuesta por la Agencia Tributaria”, de acuerdo con García Gil, apuntalada por Agudíez cuando explicó que trabajaron con un ultimato de Hacienda, que aceptó el pago de 6,8 millones después de negociaciones y descartar así otras vías sobre la mesa: acudir al acto de disconformidad “que habría supuesto 72 millones más intereses” o rubricar un acto de conformidad con 36 millones de coste.

En esa situación de apremio por parte de la Agencia Tributaria y con Bankia rechazando hacerse cargo de la deuda —pese a que la integración ya estaba firmada— la Caja se habría visto “obligada” a la operación que ahora se investiga.

Sin embargo, Los ex vicepresidentes, creen que esa operación es reversible y esta remarcó que desde la Fundación “se están dando los pasos para que [Bankia] pague el acto que originó la hipoteca y así liberar el Torreón”. Agudíez llegó a afirmar que “nadie se va a llevar el Torreón, que es sólo un aval y no se ha perdido, ni mucho menos”.

Sobre la negativa de Bankia a asumir la deuda, el coordinador de IU, José Ángel Frías, explicó que de las declaraciones se desprende que un informe del bufete de Garrigues se mostraba favorable a que la Caja asumiese la deuda.

Sin embargo, en el paquete de documentos recabados durante las diligencias previas existe otro informe, este del bufete de Emilio Fuentetaja, que concluía precisamente en sentido contrario. Algunos consejeros han asegurado reiteradamente en los últimos meses que nunca conocieron el contenido de ese segundo informe.

Transparencia y oscuridad

Poco más aportaron las comparecencias citadas o las del resto de comparecientes de la mañana: Fernando Aceves; Juan Ignacio Antón Contreras; Manuel Berzal; José Pablo Lozoya y Juan José Martín Casado, que “no aclararon por qué la Caja era el administrador de hecho”, tal como apuntó el abogado de UPyD, Andrés Herzog.

Lamentó igualmente que los comparecientes hubieran rechazado sistemáticamente sus preguntas y remarcó que a través de las distintas comparecencias se evidenciaron las discrepancias entre dos sectores de consejeros: los que denunciaron y aseguran que no se les informó y que “no sabían lo que aprobaron” y los que afirman que el proceso se realizó con absoluta transparencia e información.

No obstante, el titular del número 5 apuntó en su auto del 2 de diciembre de 2013 que rechazaba la existencia de esa manipulación tras estudiar las actas escritas y la grabación de la del 17 de julio de 2012.

Durante este jueves, 6 de febrero, están citados a declarar el presidente de la Federación Empresarial Segoviana (Fes), Pedro Palomo; el actual director provincial de Educación, Antonio Rodríguez, el diputado provincial de Acción Territorial, José Luis Sanz Merino; Ana María Valiente Borrego; el alcalde de Boceguillas, Alfredo Velasco; Jesús Manuel Yubero.

El último compareciente será el diputado de Asuntos Sociales y Deportes, secretario del consejo entonces, Miguel Ángel de Vicente, quien recibió de los gestores de la Fundación la única copia existente de la grabación de la reunión del consejo del 17 de diciembre, cuyo recibí firmó con la advertencia de no haber revisado su contenido antes de entregarlo a su vez al juez, según consta en la documentación incorporada a las diligencias previas de este caso.