Posted By Redacción on 6, Mar, 2014

El alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, ha comparecido hoy, 6 de marzo, ante el juez del número tres de Segovia, donde se estudia la denuncia por presunta prevaricación que el PP presentó contra él después de que el regidor retirara un coche del depósito municipal sin abonar la multa o las tasas correspondientes.

Arahuetes, que llegó al juzgado quince minutos antes de su cita, fijada a las 11 de la mañana, empleó una hora en aportar su versión ante el juez. Arahuetes compareció como testigo, sin posibilidad por tanto de no responder al abogado del denunciante, Jesús Postigo en nombre del grupo popular. “He dado la misma versión que he dado en los últimos meses, sobre todo en el mes de noviembre, donde hubo varias versiones. He dicho a la juez que Jesús Postigo ha mentido en varias ocasiones, le he explicado dónde ha mentido y, cuando archive el expediente, que espero que sea pronto, iniciaré las acciones legales que correspondan”. El alcalde auguró una denuncia por calumnia o denuncia falsa. “Lo estudiaré”, dijo. En su declaración, el alcalde ratificó que fue él mismo quién estacionó el coche a las 9 de la mañana, antes de irse para Valladolid.

El aún alcalde afirmó desconocer los términos de la denuncia,  de la cual se desprende la posible existencia de un delito de prevaricación por abuso de autoridad -por no pagar la tasa de retirada de vehículo- y otro de coacciones -por valerse de su condición de jefe de los agentes y funcionarios municipales para que le retiraran la denuncia. La denuncia se interpone también contra Claudia de Santos, por presunta prevaricación al dar carpetazo al expediente sancionador actuando como alcaldesa en funciones.

El alcalde cuenta a su favor el testimonio del agente, que en una pasada rueda de prensa asumió la responsabilidad del error y reconoció públicamente que el vehículo estaba correctamente estacionado. En contra de Arahuetes está el hecho de que nadie ha visto el expediente sancionador.  En el PP sostienen que el coche estaba “indebidamente aparcado por ser una zona exclusivamente reservada a Fomento”. Más calado tiene la propia declaración de Arahuetes ante el pleno, en la que él mismo afirmó sin ambages no haber pagado la tasa: “una vez visto el error no tuve que pagar la tasa porque había habido un error de la Policía Municipal, error que admití, perdón que asumí y no hice más manifestaciones al respecto”, dijo Arahuetes en aquella ocasión.

Ayer la versión de Arahuetes cambió en este punto. De no pagar la tasa “porque no hizo falta”, se pasó a la siguiente versión: “yo no pagué la tasa de la grúa porque no me la requirieron. Cuando fui a retirar el vehículo había reconocido el guardia su error y permitieron que lo retirara simplemente firmando la retirada del vehículo, no porque yo me negara a pagar la tasa, que es la gran diferencia”.

Y ciertamente, ahí está la gran diferencia. Como recordaba el PP en una nota de prensa “según la normativa de circulación, cuando la grúa municipal retira un vehículo, “los gastos que se originen por la retirada del vehículo se deberán abonar, como requisito previo a la devolución del vehículo”. Cualquier ciudadano, incluido el acalde, así debe hacerlo y luego, si cree que tiene razones para ello, recurre”. Es la experiencia diaria de los conductores segovianos que acuden a retirar sus coches de la grúa, puede que lleven razón o puede que no, pero todo el mundo abona la tasa y, si luego se les retira la sanción, se les devuelve.

En el caso del alcalde, y que se sepa solo en el caso del alcalde, esto no ha sido así. “No se le requirió”.

¿Un tema menor?
Salvo que seas del PP o del PSOE, la opinión pública segoviana considera el tema de la grúa “una alcadada menor”. Con Arahuetes apurando sus últimos días antes de reintegrarse a la “vida civil” (dejará la alcaldía en el próximo pleno), el suceso solo tiene el morbo de ver al alcalde declarando en los juzgados. Fuentes jurídicas explican que, al tratarse de una cuantía mínima, aún en el caso de un fallo condenatorio sería de ribetes simbólicos. Igualmente, una sentencia absolutoria no abre la puerta a ninguna denuncia por calumnia o “falsa denuncia”, a modo de devolución del “favor” contra Postigo. “Esto solo existe en la imaginación de Arahuetes”, explica un abogado, “el PP se limitó a aportar al fiscal documentación sobre una actuación presuntamente irregular del alcalde, el fiscal apreció indicios de delito en esa documentación y lo elevó al juez. El PP no se ha inventado nada”.

No obstante, y para el PP, una sentencia condenatoria sería la ratificación de lo que vienen diciendo desde hace 8 años. “Que el alcalde es un ser prepotente con dos varas de medir, una para él, y otra para los demás. Exige pagar al resto y, cuando le toca a él, se enfada y no paga y además miente”, señala un concejal conservador. También está la brumosa cuestión del expediente  que nadie ha visto, documentación que ayer requirió la jueza al Ayuntamiento. Si el expediente fue manipulado posteriormente al estallido del escándalo la cosa podría ponerse realmente fea y la sanción dejar de revestir aspectos meramente simbólicos.

Pero en el fondo, y para el PP, de lo que se trata es de añadir un impresentable colofón en la biografía del que se autodeclara “el mejor alcalde en la historia de Segovia”: el alcalde que se llevaba por la cara el coche de la grúa.

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