Posted By Redacción on 20, Mar, 2014

Como el Tribunal Supremo no permite el cobro de tasas por la explotación del estacionamiento de autobuses por no ser estación, sino apeadero, que la Junta lo convierta en estación o que se lo quede. Este es el resumen de la amenaza lanzada por Pedro Arahuetes tras la reunión de la Junta de Gobierno Local como consecuencia directa de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que declaró ilegal la privatización de la gestión de la estación, que de este modo regresaba a manos municipales, junto a un agujero económico de 600.000 euros.

La asunción de esa gestión debería haberse producido este jueves, 20 de marzo, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, donde sin embargo, se ha optado por el retador acuerdo con el que se trata de pasar la pelota al Gobierno regional, al que se comunicará que el Ayuntamiento “no está en disposición”  de asumir la gestión; que “no tiene inconveniente” en poner la instalación a disposición de la Junta; que, como alternativa, se propone que la Junta pague las obras para transformar el lugar en Estación de transporte de viajeros, manteniendo el municipio la gestión; y que mantendrá abierto el lugar “de forma transitoria y excepcional” hasta el 30 de junio, fecha que marca como tope para que la administración regional tome una decisión definitiva. Entonces ya habrá otro alcalde.

Conocido el acuerdo, el delegado territorial de la Junta, Javier López Escobar, aseguró reconocer en el texto “el estilo de Arahuetes que consiste en adjudicar responsabilidades en terceros”, reiteración que restaba sorpresa a una situación que difícilmente se produce en otros municipios.

No obstante, consideró el acuerdo “innecesario”, aludiendo al hecho de que existe una reunión ya programada para el mes de abril, en la que participarán los responsables regionales de transporte, la concejala del área y él mismo, precisamente para tratar asuntos como el de la Estación de Autobuses y que es un encuentro que el regidor ya debería saber que está previsto.

López Escobar recordó al Ayuntamiento que no puede dejar de prestar el servicio a los ciudadanos o en caso contrario, deberá “asumir sus responsabilidades”, mientras que la Junta, si llegara ese caso, “autorizará el aparcamiento donde lo crea adecuado”, advirtió tajante, aunque sin citar posibles ubicaciones. “La Junta actuará, en la medida de sus posibilidades para garantizar la prestación del servicio público de transporte”, recalcó.

Pese a ello, el delegado se mostró confiado en que el regidor “rectifique” este nuevo órdago, “como lo hizo cuando amenazó con quitar a los bedeles de los colegios”.

En el mismo sentido se manifestó el grupo popular en el Ayuntamiento, que a través de una nota pública en la que detalla la sucesión de actuaciones erróneas realizadas en la estación de autobuses a lo largo de los últimos años, recuerda las obligaciones legales del municipio respecto a ese servicio.

Para la oposición, que recuerda las muchas decisiones y gastos adoptados unilateralmente por el Gobierno de la ciudad, el de la estación de autobuses es sólo un ejemplo del largo listado de asuntos que Arahuetes no ha logrado solucionar durante sus mandatos e ironiza sobre este asunto: “los ciudadanos ya van comprendiendo cuáles son algunos de los ‘motivos personales’ de Arahuetes”.

“Bastantes millones”

No es la primera vez que Arahuetes tensa la relación con la Junta ante problemas derivados de su gestión. Tras un varapalo judicial fruto de una mala —y quizá soberbia— planificación de la gestión de las instalaciones municipales de transporte por autobús que se cifran en números redondos en 600.000 euros, el presidente de la Corporación, a diez días de su renuncia, da un paso al frente para subir la apuesta y encontrar nuevos responsables.

Su discurso en conferencia de prensa deja clara esa dirección: “Ahora, la Junta tiene un problema en Segovia”, aseveró tras incidir en que el consejero de Fomento [Antonio Silván] lleva “siete años sin recibirme”.

Lo cierto es que la Estación de autobuses de Segovia ha sido foco de conflictos del consistorio frente a la Junta, las empresas de transporte y hasta los vecinos de la zona durante los sucesivos mandatos de Arahuetes, además de un pozo sin fondo en le que se han realizado inversiones millonarias,“bastantes millones”, según un conscientemente inexacto Arahuetes, que no han logrado eliminar todos los defectos estructurales, la precariedad del lugar, su aspecto anticuado o su calificación de apeadero.

Para el siguiente
Aunque la política de enfrentamiento directo con la Junta es una constante en la acción de Gobierno de Arahuetes, el nuevo órdago, que puede ser el último como regidor, sorprende por producirse a diez días de su renuncia al cargo, tal como él mismo anunció en febrero.

De este modo, pese a la existencia de reuniones previstas entre los responsables de transportes de ambas administraciones, el regidor se marchará dejando “marcado” el punto del que habrá de partir su sucesor (se supone que Clara Luquero): el enfrentamiento.

En esta situación, además de fomentar la teoría de que estas bravatas sólo buscan sacudirse de responsabilidades, hace pensar que el alcalde da por seguro que su línea de actuación política se va a mantener sin modificaciones incluso después de su salida del Consistorio.

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