Hasta 220 trabajadores y empleados municipales, especialmente del grupo de administrativos y técnicos medios, incluidos policías y bomberos, han resultado afectados por el “error informático” que hizo que en sus nóminas de 2012 se practicaran retenciones por IRPF por debajo de lo que correspondía. El desfase es, en conjunto, de 114.000 euros.
El Ayuntamiento detectó el error a tiempo de “arreglarlo” frente a la Agencia Tributaria y ahora reclama a los trabajadores afectados que compensen las diferencias a base de restarla en plazos mensuales de sus nóminas.
El problema es que en Personal se propone que el pago se realice a lo largo de 10 meses, un plazo que se antoja demasiado corto, especialmente para un elevado grupo (en torno a 90, el 40%) a los que las retenciones no realizadas les suman más de 900 euros, es decir, 90 ó más euros mensuales, una “mordida” demasiado severa.
La propuesta de los trabajadores pasa por ampliar el plazo que propone Personal, de diez a 22 meses para realizar los pagos, mientras que algunos de ellos ya han presentado escritos formales en este sentido, según ha podido saber esta redacción.
Paga extra
Pero no todo son gastos. En el capítulo de ingresos, los trabajadores municipales esperan recibir —esta misma semana, junto a la nómina ordinaria— la parte devengada de la extra de Navidad de 2012, una partida global de 222.306,81 euros, unos 400 euros de media. Aquella paga no se pagó por Decreto del Gobierno, aunque este pago, aprobado por el pleno municipal, se basa en la parte proporcional de la extra navideña generada hasta la entrada en vigor la orden.
La subdelegación del Gobierno reclamó formalmente en febrero que se anulara el acuerdo municipal y que por tanto no se efectuara el pago, aunque la respuesta del Consistorio fue un nuevo acuerdo plenario rechazando el requerimiento y mantener el compromiso de pago.
Todo parece indicar que si la representación del Gobierno en Segovia piensa recurrir los acuerdos en los tribunales, esto ocurrirá después de que los funcionarios reciban los pagos y por tanto, no cabrá la suspensión cautelar.
De hecho, la pausada actuación de la Abogacía del Estado aparenta ser consciente de que en otros puntos del país, los tribunales ya están dando la razón a los Consistorios que deciden hacer estos pagos.
Diputación
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