Las obras permanecen sin actividad desde hace un mes.
No pinta bien el futuro de las obras de construcción del edificio de los juzgados. La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha asegurado que las decisiones en torno a la reanudación de los trabajos —paralizados desde el final de agosto, como adelantó esta redacción— depende de las decisiones de la administración concursal que gestiona el concurso de acreedores en el que está sumida la adjudicataria de la obra, Corsan-Corvian y que lo que pase en este sentido “es ajeno a la voluntad del Gobierno de España”.
Barcones recordó que la entrada en concurso de acreedores de la adjudicataria, en febrero de 2017, se solventó parcialmente con una subcontrata del 20 por ciento del volumen total de la obra, que es la que se ha ejecutado en los últimos 16 meses, hasta agosto pasado y ahora “en la medida de nuestras posibilidades estamos tratando de que sea otro adjudicatario el que continúe porque en caso contrario habría que sacar otra licitación”, reconoció temiendo un largo proceso administrativo antes del regreso de las máquinas.
Barcones hacía estas declaraciones junto a la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, una de las voces locales, junto al diputado socialista, Juan Luis Gordo, que de manera más exigente se volvió hacia el Gobierno, entonces del PP, exigiendo soluciones que evitaran la paralización de las obras aunque en esta ocasión se limitó a asentir con rostro resignado a las palabras de la delegada del Gobierno.
Reivindicaciones de ida y vuelta.
Y es que las reclamaciones sobre el mantenimiento de las obras del edificio de Juzgados tienen carácter de ida y vuelta. Cuando comenzaron, con el PP en el Gobierno de España, un belicoso Juan Luis Gordo permaneció en todo el proceso en la vanguardia de las exigencias para el cumplimiento de plazos y ejecución de los presupuestos y plazos sobre la obra, llegando a presentar preguntas parlamentarias al Gobierno sobre la marcha de los trabajos y realizando diversas declaraciones públicas, siempre con la firme exigencia de que fuera el Gobierno el que solventara los problemas derivados de la entrada voluntaria en concurso de acreedores por parte de Corsan Corvian.
16 meses después, con cambio de Gobierno y aún sin solventarse el concurso de acreedores son los parlamentarios populares los que consideran que “no tendría justificación alguna la paralización de la obra, aunque fuera temporalmente” y los representantes socialistas los que utilizan excusas para eludir responsabilidades achacándoselas a “las decisiones judiciales”, mientras lo cierto es que la obra, en la calle Gerardo Diego, permanece parada sin máquinas ni obreros.
El edificio de juzgados se construye sobre una parcela de 13.087 metros cuadrados y en la primera fase del proyecto, la que se ejecuta ahora, se contempla erigir un edificio de 9.000 metros cuadrados de tres plantas y una más bajo rasante capaz de albergar los 10 juzgados ahora diseminados por la ciudad, además de la Fiscalía, el Registro civil y las oficinas de administración judicial. En una segunda fase se completaría la concentración con el traslado de las sedes de la Audiencia provincial y los servicios de Medicina Legal.
La construcción se adjudicó en diciembre de 2015 en 12 millones de euros en total con un plazo de ejecución de 55 meses. No obstante, no fue hasta septiembre de 2016 cuando se produjo el inicio real de la obra que ha atravesado desde entonces varias fases de parón y ralentización. Los presupuestos generales del Estado de este año reservaron una partida de 1,5 millones para este año..
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