Posted By Opinion on 12, Jul, 2017

Como era de prever, a Montoro no se le ha escapado el techo de gasto. Con el apoyo de su Grupo, C´s, Coalición Canaria, Nueva Canaria, Foro Asturias y UPN –centro y derecha- ha sacado adelante el acuerdo por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de las Administraciones para el periodo 2018-2020, y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2018. Se trata del primer paso para poder aprobar los presupuestos de 2018, y en el peor de los casos prorrogarlos en 2019, con lo cual el PP podría llevar las elecciones a 2020, con la esperanza de una fuerte recuperación económica y mejora de las expectativas de los españoles y del PP. El avezado ministro sabe que teniendo aprobados los presupuestos como herramienta legal y presupuestaria la gestión del día a día está en sus manos.

El techo de gasto, como se conoce el proceso, marca el límite de gasto máximo del Estado de carácter no financiero y los objetivos de déficit público y estabilidad presupuestaria, tanto para el Estado como para el resto de las Administraciones. Unos requisitos que nos establece Europa y con los que se inicia, una vez aprobados, la tramitación del Presupuesto del Estado para 2018. Tras las dos reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que están representadas las comunidades autónomas, se ha acordado una propuesta que cuenta con el apoyo, por supuesto, del Gobierno y las comunidades del PP, Canarias y la abstención de Extremadura, gobernada por el PSOE; el resto de comunidades votó en contra. Con esta propuesta se blinda en el Congreso el apoyo de Coalición Canaria y Nueva Canaria, a lo que se unirán los diputados del PNV y Ciudadanos.

El ministro de Hacienda ha dado un giro de 180 grados en su política de gastos e ingresos, a la vez que no ha le han dolido prendas en reconocer que le hubiese gustado más su primer planteamiento, pero que no tiene mayoría y se ha visto obligado a negociar. Ante la rebelión de gran parte de las Comunidades Autónomas de signo diferente al color del gobierno en la primera propuesta del ministro al CPFF, Montoro ha mantenido el incremento de casi 1.500 millones de gasto público con respecto a 2017 (1,3 por ciento), y ha rebajado en 1.000 millones el objetivo de déficit público para el conjunto de las comunidades, lo que le reporta el apoyo de Canarias, que es tanto como decir de los diputados de Coalición Canaria y Nueva Canarias —fue quien planteó esta demanda— y la abstención de Extremadura, aunque no se traduzca en votos en el Congreso, ante la posición maximalista del PSOE y Podemos de votar en cualquier caso en contra de la propuesta del Gobierno popular.

Pero la negociación no ha terminado ahí. A Montoro le ha salido cara la negociación. En una semana se ha dejado 5.400 millones de euros. Además de rebajar el déficit público, ha ‘regalado’ otros 1.200 millones de euros a las comunidades autónomas con cargo a la liquidación del ejercicio 2015, cuando no les era favorable. A eso hay que unir los 2.000 millones de euros que le ha sacado C’s en rebaja fiscal y lo no escrito que va tácitamente recogido en el acuerdo para aprobar los presupuestos de 2017 con el PNV, y que tiene pinta de “acuerdo de legislatura tácito”. Ya que si no se aprueba el presupuesto de 2018, y se da continuidad al de 2019, muchos de los compromisos adquiridos no podrían madurar. Lo mismo ocurre con Coalición Canaria y Nueva Canarias, aunque el voto de este último se siga haciendo de rogar para gloria y gozo de todas las comunidades ante la relajación del cumplimiento del déficit, incluidas las de signo socialista.

Quien se ha llevado el gato al agua ha sido C’s. Exigió y ha conseguido una rebaja de 2.000 millones de euros para apoyar el techo de gasto. Se trata de elevar la exención del límite de tributación del IRPF de 12.000 a 14.000 euros, y de mejorar la deducción por rendimientos de trabajo entre los que ganen 14.000 y 17.500 euros, lo que costará 1.500 millones de euros. Además, se crearán tres impuestos negativos: uno, para los que tengan un hijo con discapacidad; otro, para las familias numerosas de cuatro hijos y otro para familias con un mayor a cargo. Ya se sabe que una cosa es predicar con el relato y otra es dar trigo.

Bajar impuestos cuando las pensiones tienen un déficit estructural anual de 20.000 millones euros y las comunidades requieren de más recursos para desarrollar sus políticas sociales no deja de ser una irresponsabilidad, aunque el Gobierno tenga la firme voluntad de financiarlo con deuda pública, más cuando los objetivos déficit público fijados por Bruselas se siguen sin cumplir.

Pero dejar abandonado el área social que forma parte de las señas de identidad, sólo por conservar el relato y la esencia de lo que decimos ser, cuando te están robando la cartera, también lo es, sino se minimizan los efectos negativos. La izquierda pragmática siempre es más solidaria y responsable que la izquierda romántica. Los errores se pueden terminar pagando muy caros. En política, lo mismo que en otros ámbitos de la vida, hay soluciones factibles pero no óptimas. El óptimo casi nunca llega.

Comparte en tu WhatsApp