Posted By Opinion on 8, Ago, 2017

La ministra Báñez recordaba a los empresarios españoles el pasado mes de junio que era el momento de subir el salario a los trabajadores, no sin antes apuntar que el asunto forma parte de la negociación colectiva que compete en exclusiva a empresarios y representantes sindicales. Las declaraciones de la ministra sonaban más a oportunismo político que otra cosa: ella fue la que impulsó la reforma laboral de 2012 que propició una caída drástica de los salarios y la precarización del empleo, que se ha cebado con jóvenes, mujeres y mayores de 45 años.

Sin embargo, España necesita recuperar unos salarios justos que retribuyan adecuadamente el trabajo por cuenta ajena y permitan apuntalar la recuperación económica a medio y largo plazo. Para ello es imprescindible que los hogares ganen el poder adquisitivo que han perdido desde 2008 y el consumo se recupere.

El Gobierno y la ministra de Empleo y Seguridad Social no pueden limitarse exclusivamente a hacer una declaración de intenciones al albur de unos buenos datos puntuales de empleo y crecimiento. Deben mantener un papel activo y catalizar la negociación colectiva para que los salarios permitan mejorar el bienestar de la sociedad y avanzar hacia un nuevo modelo económico, lo que hasta el momento no han hecho.

La renta disponible marca el nivel de bienestar de un país. Los expertos auguran que no se recuperarán los niveles previos a la crisis hasta la próxima década. Y eso que hemos recuperado en estos meses los niveles de riqueza de 2008. Un PIB que se está alcanzando con casi dos millones menos de trabajadores que entonces. A su vez, las rentas del trabajo representan ahora tres puntos menos en el PIB que en 2008, y las de las empresas han crecido en punto y medio. Se ha producido una transferencia de renta de los asalariados hacia la empresa. La recesión ha sido superada, por suerte, pero la carga ha recaído sobre los trabajadores principalmente: han reducido sus salarios, han mejorado la productividad y se ha destruido mucho empleo. Hoy en España muchos trabajadores tienen una renta baja. El 15 por ciento no llega a 650 euros/mes y el 50 por ciento no alcanza los 1.400 euros.

Con esta estructura salarial resulta complicado mantener tasas de crecimiento a medio y largo plazo que estén orientadas más allá de la supervivencia. Sólo con la garantía de mantenimiento del empleo y unas rentas más altas se podrá reactivar la economía con gastos que puedan abordarse a medio y largo plazo. Quien no gana más de 800 euros al mes lo tiene muy complicado para endeudarse a la hora de comprar un coche, una vivienda u otro bien duradero. Con salarios bajos se está frenando el crecimiento y el desarrollo económico del país. De ahí la necesidad de cerrar una negociación colectiva en 2017 con subidas salariales ligadas a la productividad, con mejoras mayores para las rentas más bajas que permitan a los trabajadores una recuperación paulatina de su poder adquisitivo. Un objetivo no exento de dificultades salvo para aquéllos cuya acción política se limita a la verborrea oportunista sin pararse a meditar sobre la concatenación de pros y contras a los que llevaría cada acción.

Lo cierto es que en lo que va de año las organizaciones sociales y empresariales han sido incapaces de articular un mecanismo que permita establecer la banda de subidas salariales en la negociación colectiva. Los sindicatos propugnan una subida salarial ligada a la subida de precios para no perder poder adquisitivo como ha ocurrido en estos últimos años, con subidas del 0,5 por ciento en 2014 o del 1 por ciento en 2016; mientras los empresarios apuestan por subir las subidas a los resultados de sus empresas y no referirse al comportamiento de los precios. Son muchas las empresas para las que aún persisten los efectos de la crisis y se encuentran en pérdidas. Por suerte cada vez menos, pero la virtud de una buena negociación es buscar el punto de equilibrio para garantizar el empleo a corto plazo y la mejora de la productividad y los salarios a medio y largo.

Hasta el día de hoy los convenios negociados en 2017, que afectan a cuatro millones y medio de trabajadores, marcan un incremento del 1,35 por ciento, muy lejos del 2,5 que propuso la patronal para 2017. Nos encontramos, pues, ante un problema para el que no existen soluciones mágicas y que va a requerir de tiempo, siempre y cuando el viento nos siga viniendo de cola y no se tuerzan las perspectivas.

La mejora de la renta salarial y del consumo puede venir propiciada por la exención del IRPF para las rentas entre 12.000 y 14.000 euros /año –las menores a 12.000 euros ya están exentas— como han anunciado a raíz del pacto del techo de gasto para 2018 el PP y C’s. De materializarse en los Presupuestos de 2018 se traduciría en una rebaja fiscal de 2.000 millones de euros que conllevaría un poquito más de poder adquisitivo y su traducción directa al consumo. Una medida no exenta de polémica en un momento en el que aún no se vislumbra el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, y cuando no se articulan mecanismos para compensar por las rentas más altas la rebaja fiscal.

Si alguien ha perdido poder adquisitivo a raíz de la crisis han sido los empleados públicos. Primero con el recorte de la paga extra que después se recuperó y después con las pérdidas por el diferencial de inflación. El ministro de Hacienda ha afirmado que sus retribuciones crecerán por encima del 1 por ciento, tomando como referencia el crecimiento. Los empleados públicos necesitan un nuevo marco retributivo que les permita, no sólo recuperar el poder adquisitivo, sino contar con retribuciones justas. La Función Pública necesita una urgente reestructuración en todos los niveles de la Administración, pero también garantizar salarios dignos y proporcionales al desempeño y funciones que realizan, así como una carrera profesional ligada al desempeño fundamentada en pautas objetivas. Se trata de una asignatura pendiente de la democracia española que ningún Gobierno se ha atrevido a abordar.

La mejora de los salarios en España es una excelente oportunidad para que el Gobierno y la ministra pongan de manifiesto su capacidad de gestión para impulsar un cambio de modelo que permita mejorar el bienestar de todos. Lo estamos esperando. Es el momento de pasar de las musas al teatro.

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