Posted By Redacción on 23, Jul, 2018

La aplicación de la Ley de Memoria Histórica parece ser una cuestión de dinero. A finales del año 2016, un particular se dirigía a la concejala de Gobierno Interior y Personal, Patrimonio y Contratación, Marisa Delgado, para alertar de la existencia de la placa de homenaje a los caídos que incluye el escudo preconstitucional y encabeza el nombre de José Antonio Primo de Rivera y solicitar que se realizaran las gestiones para su retirada en base a la Ley.

La concejala pareció tomar interés en el caso y un mes después remitía un escrito al obispo, César Franco, en el que, además de argumentar legalmente la necesidad de retirar la cartela manifestaba la “voluntad e interés” de la Corporación en la aplicación de la normativa y reclamaba al obispo que adoptara las medidas pertinentes para acceder a la petición municipal.

Dos meses —marzo de 2017— tardó el asesor jurídico del Obispado en responder con una breve misiva en la que, sin trabas, se daba “autorización al Ayuntamiento de Segovia para que proceda a la retirada de la citada placa”, un permiso que acompañaba incluso con el acuerdo de la Comisión Territorial de Patrimonio emitiendo informe favorable a la realización de la obra menor al no existir “elementos que impidan la retirada de la placa siempre que no se destruya para su conservación íntegra”.

Fin de la comunicación. La idea de pagar la actuación no parece entrar en los planes del Consistorio donde parecen considerar que la obra debe realizarla el Obispado por ser propietarios del edificio y los que solicitaron en su día el permiso para su colocación.

Depende de la placa.

Se da la circunstancia de que la pasada semana, la Concejalía de Patrimonio generó una viva polémica cuando trató de retirar, sin publicidad alguna y sólo con medios municipales, una placa cerámica instalada en la plaza de San Facundo alusiva al “milagro” del Corpus Christi bajo el pretexto de conservar la propia placa y con la intención de sustituirla por otra en la que desapareciera la palabra “judíos” como autores del sacrilegio que narra la leyenda por considerar que el texto original podía ofender a ese colectivo.

Pese a que la propiedad de esa placa es particular —la instalaron los feligreses de la Trinidad en 1940— y también la fachada en la que está colocada, la Concejalía trató de retirarla sin siquiera solicitar permisos a los propietarios o dirigirse a ellos para que asumieran los costes de los trabajos.

El caso contrario parece ser el de la cartela de la iglesia de San Miguel en la que los propietarios sí han concedido expresamente los permisos con la única advertencia de que la fachada debe quedar en su estado original, pero el Ayuntamiento no ejecuta la obra en la creencia de que es la propiedad la que debe asumir los gastos.

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