Posted By Luis Besa on 20, Ago, 2018

Manifestación pro refugiados en 2016.

Hace un par de días colgué en un masivo grupo de segovianos de Facebook un enlace a una noticia de este digital. Era una apelación de Cruz Roja, que no consigue en Segovia ciudad pisos de alquiler para su programa de refugiados. Al poco rato tuve que retirar el enlace; en cuestión de minutos se llenó de comentarios, los más de ellos contrarios a la atención de los refugiados (en una sorprendente proporción, pongamos de 7 a 3). Los contertulios, además, generaban subtramas de discusión, algunas derivando al mal rollo. Lo quité.

Entre los argumentos contrarios a la atención de refugiados los había estúpidos, meramente xenofóbos (“que se vayan a su puto país a robar y violar”), que no vale la pena ni considerar. En cambio, me llamó la atención una señora que, con nombres y apellidos (pongamos María), contaba lo mal que lo había pasado durante la crisis, sin ayudas de ningún tipo, sin dinero y cargando con dos hijas y una madre. No pocos argumentos “contra” iban por este mismo sentido:  “A mí no me dieron nada, y a estos hay que ayudarles para hacer el bienqueda”, “Si hay que ayudar, que se ayude primero a los del país”, vienen a decir.

No es fácil de rebatir. Desde una visión general llamémosle de izquierdas, o de humanismo cristiano, hay que ayudar a los refugiados por solidaridad: todo aquel que es perseguido en su país o huye de situaciones que atentan a la dignidad humana merece apoyo humanitario.  No por verdaderos, estos argumentos me parecen poco persuasivos. Ya existe una red de apoyo a refugiados liderada por la ONU; la mayoría de los solicitantes de asilo lo hacen por razones de expectativas de progreso vital o económico. Por ejemplo, en Segovia, la gran mayoría de acogidos al programa son venezolanos.

¿Entonces qué le decimos a María? En primer lugar se impone conocer el programa de Protección Internacional y Solicitud de Asilo en España, impulsado y sufragado por la UE para aquellos que, independientemente de cómo llegaron a territorio UE,  “tengan un temor fundado a ser perseguidos en su país por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual”.

En una primera fase, acogida, que dura hasta 6 meses, al beneficiario se le concede techo y comida, se le facilitan conocimientos administrativos e idiomáticos, y se le dota con un subsidio de 51,6€ mes para gastos personales (adultos, menores de 18 años reciben 19€). Pasados estos seis meses, y si no abandona el programa (un porcentaje no cuantificado simplemente “desaparece”, previsiblemente, entran en la emigración ilegal y se van a vivir en otros países donde cuentan con familiares), acceden a una segunda fase de integración. Allí las ayudas pueden ser de un subsidio de 347€ mes (cantidad que se eleva a 792€ para familias de cinco o más integrantes), más 376€ por persona (hasta 717€ para familias de cinco miembros) para el pago de un alquiler. Este subsidio con cargo a Europa se puede prolongar durante 12 meses. Se supone que mientras se tramita su concesión de asilo. La mayoría de estas concesiones, creo (de nuevo me encuentro con cierta opacidad en los datos), resultan negativas, pero el beneficiario cuenta ya con un permiso de residencia “humanitario” y tiene la puerta abierta para consolidar por otras vías su permanencia en Europa.

En Segovia se han atendido sobre 200 personas desde 2016 por este mecanismo, unas 150 en Cruz Roja, el resto en otras ONGs del sector, que en el más caro de los supuestos “han costado” 8.600€ por refugiado, o sea que como mucho, estamos hablando de un gasto anual estimado de 850.000€.  Debo recordar aquí que la factura anual de la  renta de Ciudadanía, es decir, los cerca de 500€ mes que paga la Junta a personas sin recursos (más de medio millar en Segovia) asciende anualmente a más de 70 millones de euros (unos 3M€ anuales, solo en Segovia). Eso sin contar con otros mecanismos universales de los que todos podemos disfrutar, ayudas concretas, sanidad, educación gratuita…

María, no es cierto pues que no ayudemos a los de casa. Sí lo hacemos, y además a escote entre los españoles, en tanto que los refugiados reciben ayuda de la UE, por así decir, es lo que nos paga la Europa rica para evitar la saturación de sus redes públicas asistenciales (y otros problemas).

Todos conocemos la situación demográfica de España, Castilla y León y Segovia. Es un hundimiento en toda la regla. Aludía recientemente Juan Luis Gordo a la necesidad de “importar” personal aunque solo fuera para cuadrar a medio y largo plazo el Estado del Bienestar. Soy algo escéptico frente a este argumento economicista. Creo que la crisis del Estado del Bienestar no se resuelve ampliando la masa laboral de gente con salarios entre bajos o muy bajos. Dicho lo cual  es de sentido común que o se tira de refugiados (económicos o políticos, tanto da) o nos vamos al garete.

Por otro lado, si consultamos las progresiones demográficas nos encontramos con que, solo África, con 1.500 millones de habitantes, la gran mayoría con rentas medias diez veces inferiores a las de España, tiene una proyección demográfica de hasta  2.400 millones en 2050  (en este mismo plazo la UE se estancará por debajo de los 500 millones, la mayoría de más de 50 años). En otras palabras, la presión “de entrada” a Europa es tremenda y más que será, y solo en lo que África concierne. Este tráfico debe ser ordenado. Y cuando se dice que debe ser ordenado quiere decirse que ni podemos permitirnos el lujo “buenista” de abrir las puertas de par en par, ni negar la evidencia de que la mitad de los segovianos de aquí a dos generaciones tendrán raíces foráneas.

Fracasado el mito de las políticas de desarrollo endógeno (no se puede europeizar el tercer mundo y las razones son muy complejas), ¿qué queda? ¿Más alambradas en las fronteras? No sé. La política de la UE apunta a más “devoluciones en caliente” apelando a que un país es responsable de recepcionar a aquellas personas que salieron irregularmente de sus fronteras. Tampoco me parece de recibo no multiplicar los procesos de expulsión en aquellos casos, sangrantes pero minoritarios, en las que el inmigrante acumula un historial de pequeña delincuencia (las chicas estas albanesas que llevan más de 1.200 denuncias por hurtos, no sé que pintan aún aquí), o las absurdas políticas de protección a los manteros y otras fórmulas especialmente dañinas para el tejido económico.

Esto no gustará a los “buenistas”. Pero es lo que pienso. Hay que seguir avanzando en programas como el que ahora tenemos en marcha, mejorarlo y reforzarlo. Probablemente, incrementar también los flujos de deportación en aras de minimizar fracturas sociales. Por supuesto, hay que mantener un perfil humanitario en el socorro de emigrantes, no es admisible dejarlos tirados en el mar, hay que rescatarlos siempre y en todo lugar. Lo que no quiere decir que haya que llevarlos por defecto a Barcelona (como anteriormente a Malta, a Lesbos o a Lampedusa). Y en este sentido, me parece cuestionable el papel,  infinitésimo en términos numéricos pero altamente simbólicp en términos mediáticos, de iniciativas como el Acuarius u Open Arms al saltarse el consenso europeo deviniendo, en la práctica, involuntarios colaboradores de las redes de trata.

Por último, hay que despolitizar. La teoría del chivo expiatorio hace que el malestar social se canalice hacia supuestos grupos de “culpables”. En muchos países, y quizá la Italia de Salvini es el oximoron, esta mediatización se convierte en una efectiva bandera populista que permite ganar elecciones. Hasta la fecha, España ha sido una admirable excepción en el panorama europeo. Debemos seguir siéndolo. Amagos con los de Casado (PP) o de Rivera (C’s) de asumir esa bandera son de una irresponsabilidad apabullante.

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