Posted By Opinion on 2, Abr, 2016

Hace unos días, la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León aprobó las normas por las que los empleados públicos de la Administración Autonómica y del SACYL recuperamos permisos. Son los días libres que se suprimieron en el año 2013, dentro de las medidas de ahorro y recorte de los presupuestos públicos. Enlace

La medida fue anunciada el año pasado en período electoral, y se encuadra dentro de la recuperación de derechos perdidos por los trabajadores públicos. Sólo se aplica después de llevar un tiempo trabajando en la administración; de ella quedan excluidos un importante número de trabajadores que tienen poca antigüedad, son interinos o tienen contratos provisionales.

Estos días libres, son añadidos a los habituales por vacaciones y libre disposición, y se aplican de forma progresiva según los años trabajados.

Las medidas, ahora aprobadas, no solo nos permiten recuperar los días que nos corresponden  a partir del año 2016, sino que entre 2016 y 2017 disfrutaremos los que no disfrutados el pasado año 2015.

Como muestra de la importancia de la medida, me podré como ejemplo: llevo 34 años trabajando en el SACYL y las nuevas medidas me permitirán disfrutar este año 2016 de 15 días libres más (10 por mi antigüedad y 5 más como una parte del año 2015).

Bienvenida sea la recuperación de los derechos perdidos, yo como todos los profesionales a los que nos afecta, los disfrutaremos con satisfacción.
Pero me voy a permitir reflexionar en lo que no veo reflejado en los titulares y las firmas de Consejería y Sindicatos. ¿Cómo va afectar esta medida a nuestro ya maltrecho sistema sanitario público? ¿Se verán afectados los pacientes?

Nos parezca exagerado, o no, el disfrute de esos días, es innegable que muestra de nuevo el abismo existente entre los derechos de los trabajadores en la administración pública y las empresas privadas; les dejo la cuestión para un sosegado diálogo con sus amigos.

El coste económico de esta medida ha sido cuantificado por la Gerencia Regional de Salud, 16 millones de euros en 2016 y 2017, por incorporar los días pendientes de 2015, y de 12 millones de euros a partir de 2018. Enlace

Es importante señalar que esta medida se encuadra dentro de dos parámetros generales:

• El presupuesto de la Consejería de Sanidad crece en 2016 el 1 %, “para que pueda destinar más al personal y las inversiones”. Enlace 
• Se ha presentado un Plan anual de Gestión continuista,en el que se ha comunicado a las áreas de salud que dispondrán de similar presupuesto que en 2015. Enlace 

Si la medida llevara aparejada una adenda económica y un aumento de las plantillas de forma estable, sería un buen estímulo para el empleo y una mejora de la calidad en nuestra sanidad. Pero la realidad nos dice que volveremos a ver cientos, miles de contratos de días u horas de profesionales, aumentando la precariedad en el empleo sanitario.

¿Se ha pensado que pasará en los puestos de trabajo en los que ya hay escasez de plantillas y no hay profesionales en paro, como pasa en varias especialidades médicas?

De nuevo la experiencia nos dice que veremos un incremento de las listas de espera, reducciones de consultas, profesionales soportando más cargas de trabajo, reducción de plantillas, acumulaciones… Quisiera equivocarme y que pronto se anuncien otras medidas, hasta ahora no conocidas.

Todos los agentes sociales y profesionales que defendemos un sistema sanitario público de calidad, sostenible y eficiente, debemos ir más allá de los titulares y la sana alegría de los beneficios personales.

A la vez que reclamamos la restitución de nuestros derechos; hay que pedir que estas medidas se financien adecuadamente, vayan acompañadas con un desarrollo detallado de acciones y consecuencias. Si no es así, podemos encontrarnos con otra vuelta de tuerca a la deteriorada calidad de nuestra sanidad pública.

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