Posted By Opinion on 22, Ene, 2019

Artículo de Cosme Aranguren Gallego. Centrados en Segovia.

El 22 de enero comienza la vista oral que ha de juzgar las actuaciones de componentes del Consejo de Administración y del Comité de Dirección de la extinta Caja Segovia. En el año 2011, UPyD presentó ante los juzgados de Segovia denuncia contra los componentes de los citados órganos colegiados por considerar presuntamente delictivos los hechos que permitían percibir a los miembros del Comité de Dirección cantidades que se adjudicaron en el año 2010 en concepto de prejubilaciones y dotaciones post empleo.

UPyD, partido político al que pertenecíamos ha desaparecido, pero desde ‘Centrados en Segovia’, grupo formado por antiguos militantes de UPyD se viene siguiendo la evolución de las actuaciones, aunque por dificultades económicas no hemos podido seguir como parte acusadora.

Centrados en Segovia, que dispone de la mayor parte de la documentación del sumario y la ha analizado en profundidad con ayuda de expertos, quiere denunciar, una vez más, y recordar a la opinión pública los hechos que a continuación se describen y que están avalados por un Informe Pericial que nuestro grupo solicitó en mayo de 2016, que se sufragó por colecta pública entre los segovianos, está en el juzgado y que esperemos sea uno de los documentos clave para analizar y juzgar los hechos.

El montante de los derechos consolidados a favor de los miembros del Comité de Dirección asciende a un total de 33,7 millones de euros, de los que 17,2 corresponden a prejubilaciones y los restantes 16,5 a compromisos post empleo instrumentados en tres pólizas distintas. ¡ATENCIÓN! En los últimos autos se habla reiteradamente de los 17,2 M€ de Prejubilaciones. Pero los compromisos post empleo concepto similar a los planes de pensiones, se han ido diluyendo de forma inexplicable.

En efecto; el procedimiento ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción  nº 2 de Segovia ha evolucionado de tal forma que en principio habría  quedado centrado en la posible ilegalidad de los 17,2 millones de euros correspondientes a las prejubilaciones, siendo inexistentes – tanto en el Auto de la Audiencia como en los escritos de la Fundación Caja Segovia y en el de los acusados -las alusiones a las irregularidades de las pólizas post empleo, las pérdidas experimentadas por Caja Segovia en 2010 y la ocultación de información obligatoria en los Informes de Gobierno Corporativo. Lo que esperamos pueda completarse y tenerse en cuenta en el desarrollo del juicio y en la resolución que se dicte.

A juicio de Centrados en Segovia las mayores irregularidades cometidas por Caja Segovia se localizan, precisamente, en dos de las tres pólizas de dichos compromisos post empleo, a saber: la inexistencia de autorización por parte del Consejo de Administración y el especial beneficio que se atribuyeron a través de las mismas tres de los ocho miembros que componían el Comité de Dirección.

Caja Segovia declaró unos beneficios en el año 2010 de 16,2 millones de euros cuando, en realidad obtuvo pérdidas de 195,2 millones. Y en estas condiciones económicas se repartieron ‘la pasta’ el 31 de diciembre de 2010. Y aún quedaban 2 M€ para los directivos que se quedaron en la entidad el año 2011 para facilitar ‘la transición’ a Bankia.

Caja Segovia infringió la normativa vigente sobre información de las retribuciones a favor de los directivos ocultando deliberadamente las dotaciones efectuadas para prejubilaciones y compromisos post empleo en las Cuentas Anuales y en los informes de Gobierno Corporativo.

Se produjo una modificación carente de todo sentido y rigor, y realmente descarada, de las condiciones de prejubilación; para lo cual bastará repasar las actas de los Órganos de Gobierno y Dirección de los años 2006, 2008, 2010. Destacando en cualquier caso las actas de fecha 22 de diciembre de 2010, tanto en cuanto a su contenido, como a horarios señalados en las mismas y toma de decisiones. Y el asombroso envío de 27 M€ el último día de existencia de Caja Segovia como tal, el 31 de diciembre de 2010.

En los años 2010 y 2011 se produce un disparatado incremento de la retribución fija de los principales directivos de la entidad, sin duda en un intento de justificar unas mayores retribuciones de cara a la inminente jubilación.

Han pasado más de 7 años y por fin se alcanza el objetivo que nos habíamos propuesto en el ya lejano 2011: que los hechos sean juzgados. Esperemos que el tribunal facilite un proceso en el que todo se analice con rigor. Los ciudadanos nos merecemos que todos los hechos se aclaren y que se devuelva el dinero si ha habido alguna ilegalidad. De forma inexplicable para nosotros, y reiteradamente lo hemos denunciado, la Fiscalía de Segovia sigue sin ver irregularidad alguna en todo lo ocurrido y por tanto nos quedamos sin acusación pública; cuestión a nuestro entender del todo incomprensible.

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