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Los españoles desplazan a los emigrantes en el alquiler social de viviendas

Los solicitantes españoles constituyen el grupo mayoritario de los peticionarios de viviendas sociales en Segovia, desplazando a los peticionarios inmigrantes, que tradicionalmente han sido mayoría entre los solicitantes, según ha explicado el concejal de Servicios Sociales, Andrés Torquemada, que subrayó la existencia de “un cambio de tendencia” en cuanto a los usuarios de este servicio que, en torno al 80 por ciento, son ciudadanos autóctonos.

En este sentido, ha cuantificado en 80 las solicitudes de alquiler social que en este momento tramita el Ayuntamiento de la capital cuya alcaldesa, Clara Luquero, ha estampado su firma junto a la del consejero de Fomento. Juan Carlos Suárez Quiñones en un convenio con el que ambas administraciones tratan de facilitar a los ciudadanos la tramitación de las solicitudes.

 

Luquero y Suárez Quiñones firman el convenio en la Sala Blanca del Ayuntamiento.

Luquero y Suárez Quiñones firman el convenio en la Sala Blanca del Ayuntamiento.

El convenio permitirá la gestión coordinada de las 287 viviendas sociales que ofrecen ambas administraciones en la capital a través de los Centros de Acción Social (Ceas) de la concejalía de Servicios Sociales desde los que se canalizarán las solicitudes necesitadas de una vivienda en régimen de alquiler social.

El texto, rubricado este 10 de enero en el Consistorio supondrá el intercambio fluido de información entre las dos administraciones que se prevé que se traduzca en una gestión del servicio “rápida y eficaz” con una única referencia para que el ciudadano realice todas las gestiones en los Ceas. Además, durante los cuatro años de vigencia, una comisión de seguimiento velará por el correcto desarrollo del acuerdo.

En Segovia hay en este momento 287 viviendas para alquiler social, 127 pertenecientes al parque público de la Junta —tiene casi 1.600 en la región— y 114 del Ayuntamiento a las que se suman otras 20 de particulares a las que la ciudad subvenciona parcialmente los gastos de alquiler. Hay además otras 26 viviendas para uso exclusivo por menores de 35 años en condiciones ventajosas.

Suárez Quiñones ha recordado que el alquiler de vivienda constituye el eje central del Programa de Vivienda Social sustanciado en una convocatoria mayor y el apoyo decidido a las personas con las rentas más bajas en el desarrollo de un servicio público de interés general.

La alcaldesa mostró su satisfacción por el acuerdo y presumió de que la capital tiene un amplio parque de viviendas sociales “que tienen pocos ayuntamientos en la región” y recordó que, complementariamente, existe un programa municipal de ayudas para ayudar a familias en riesgo de exclusión afrontar el pago de los alquileres.

Autor: Redacción

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