Los 7.554 empleados públicos de la administración regional siguen esperando a saber qué decisiones toma la Junta para devolverles el 75 por ciento de la paga extra de Navidad de 2012 que aún tienen pendiente de cobro y la restitución de derechos como los días de libre disposición (moscosos), los que se derivan de la antigüedad del trabajador (canosos) o los de vacaciones que perdieron en plena época de restricciones por la crisis.
Según los cálculos del sindicato UGT en Segovia, los empleados de la Junta dejaron de percibir entonces unos 12 millones de euros de la extra y exigen que se cumpla ahora el pago de unos 3 millones de euros, el 26,3 por ciento de aquel impago porque “tenemos los mismos derechos que los empleados del Estado”, según proclamó este 5 de octubre el secretario provincial, Miguel Ángel Mateo.
El Gobierno de la nación dictó hace un mes un Real Decreto para la devolución de otro 26,3 por ciento de aquella deuda por la paga extra (ya se hizo un abono, de una cuarta parte) que afecta directamente a los funcionarios del Estado, pero que la Junta se resiste a pagar argumentando que carece de partida presupuestaria para ello y amparándose en el déficit.
La última propuesta de la Junta pasa por establecer tres plazos —este año, la próxima primavera y la siguiente— para efectuar los pagos y este es el plantemiento con el que acuden a la reunión de la mesa negociadora en la que se sientan frente a los sindicatos, prevista para el 7 de octubre en Valladolid.
Ante esa pretensión de “discriminación”, la organización sindical fletará un autobús para transportar personas hasta la sede de la Consejería de Presidencia para participar en una concentración que pretende presionar a los representante de la Junta en la mesa para que aceleren los pagos y la restitución de los derechos perdidos.
Los representantes de UGT subrayaron que administraciones como la Diputación y el Ayuntamiento de la capital ya han acordado con sus trabajadores la devolución, incidiendo de nuevo en el trato discriminatorio que reciben los de la Junta, una situación que, por otra parte “tiene una clara repercusión en la economía local”.
Protestas en los centros.
Paralelamente, para el mismo día siete, también CC.OO. y CSI-F han llamado a la protesta de los trabajadores públicos de la región, a los que llaman a concentrarse ante las delegaciones territoriales de la Junta, las puertas de los centros hospitalarios o los patios de los centros escolares.
En Castilla y León hay un total de 84.327 empleados públicos dependientes del Gobierno regional —más que en el conjunto de los de la administración central (37.216) y los Ayuntamientos (34.869)— a los que aún se les deben unos 150 millones de euros, tres cuartas partes del montante total.
De este modo, el pago que propone ahora el Real Decreto, un 26,3%, supone un desembolso de unos 50 millones para toda la región, unos tres millones para la provincia de Segovia.
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