Se acabaron los recursos. Las decisiones que llevaron a la cúpula de la entidad a fijar sueldos y retribuciones millonarias a los directivos de Caja Segovia mientras esta caminaba hacia su desaparición serán juzgadas y en el banquillo de los acusados estarán todos aquellos que entonces tenían capacidad de decisión en la entidad segoviana desde los cargos que ocupaban en su cúpula.
La Audiencia provincial ha dictado sendos autos desestimando los últimos recursos de apelación del que fuera presidente, Atilano Soto, los vicepresidentes Manuel Agudiez y Elena García Gil, el director general, Manuel Escribano, el secretario general, Antonio Tapias y el director de recursos humanos, Enrique Quintanilla, para ratificar el auto que en marzo ordenaba la apertura del juicio oral en base a los supuestos delitos de administración desleal y de apropiación indebida de los autores de aquellas decisiones.
Los recurrentes sostenían que tras las investigaciones no existían indicios delictivos y pedían el sobreseimiento de las actuaciones aunque la Sala de la Audiencia se muestra firme para rechazar la pretensión de “revisar una decisión que es firme” y tras señalar el exceso de tiempo empleado en las investigaciones de este caso y afea la estrategia de los acusados de emplear “tácticas dilatorias” pidiendo nuevas diligencias con la intención de “prolongar indefinidamente el procedimiento” que se inició en 2011.
Tras esta nueva decisión judicial se espera que los trámites pendientes de presentación de acusaciones concretas, tanto por la Fiscalía, como por las acusaciones particulares y populares se desarrolle en los próximos meses y que, en la segunda mitad de 2018, según calculan fuentes judiciales, se abra de manera efectiva el juicio oral.
La última duda de IU.
Los autos han sido desvelados este 19 de diciembre por IU, personada en la causa y cuyo abogado, Alberto López, aún alertó sobre el papel que la Fundación Caja Segovia puede jugar en la apertura finalmente del juicio. Pese a su contundencia, a López le preocupa el tono condicional que la Sala de la Audiencia utiliza en el punto sexto de los argumentos de derecho en los que se refiere a la solicitud de admisión de una prueba pericial aportada por la Fundación señalando que “será en su escrito de calificación para que tal impugnación sea tomada en consideración en el supuesto de que se celebre el juicio oral”. El abogado cree que el origen de la duda “sólo puede ser que se produzca una nueva retirada de la perjudicada, la Fundación Caja Segovia”.
19 diciembre, 2017
Para que no se diga que la justicia española no es garantista eh y mientras el resto de españoles que garantías tenemos que se hará justicia alguna vez por todas.