Posted By Opinion on 17, Abr, 2018

El máster de Cristina Cifuentes ha sacado a la luz muchos de los problemas estructurales que tiene la universidad española, que bien podríamos calificar de “miserias” para gran parte de ellos. Como no hay mal que por bien no venga, el ‘caso Cifuentes’ ha abierto un profundo debate sobre la Universidad y todo lo que gira en torno a ella: titulaciones, profesorado, número de centros universitarios, calidad de la formación, grupos de interés que pululan en torno a la universidad… El momento actual puede marcar un punto de inflexión para reorientar las universidades españolas, mejorar los centros eficientes y reconocidos y suprimir las titulaciones y centros que no aportan valor.

La Universidad española creció exponencialmente a raíz del desarrollo de la nueva organización política que marcó la Constitución española en el ámbito territorial. Hasta entonces el número de universidades y centros universitarios era escaso. Gran parte de ellas se concentraban en las grandes ciudades, lo que obligaba a gran parte de los españoles a desplazarse a Madrid, Barcelona, Salamanca o Granada, por citar alguna de las más significativas, con la consiguiente limitación de acceso, en especial para las personas más humildes. La actual estructura del sistema universitario derivado de aquella época ha generado una gran proliferación de universidades y centros que no se caracterizan precisamente por su especialización y que se han convertido, en algunos casos, en centros de poder de las comunidades autónomas. A la proliferación de centros públicos se sumó durante la década de los ochenta y noventa la puesta en marcha de un sinfín de universidades privadas. Una estructura costosa que no repercute como debiera en la bondad de nuestro sistema productivo.

Tuve la oportunidad, entre los años 1995 y 2004, de ocupar una plaza de profesor asociado en la Universidad Carlos III, en la Escuela Politécnica. La Carlos III, en aquella época, implantó un programa de calidad muy exigente con el profesorado, de lo cual pueden dar buena nota los alumnos y la valoración de la propia universidad. Pero a pesar de ser una universidad ejemplar adolecía también de los mismos problemas que otras muchas en España: exceso de titulaciones, proliferación de másteres para complementar el bajo salario del profesorado, y endogamia en la contratación de los docentes. Los catedráticos y jefes de departamento siempre han tendido a incorporar a su cuadro de profesores a aquellos alumnos que consideraban excelentes -y lo eran en la mayoría de los casos-y colaboradores en el ámbito externo, con independencia de su experiencia y conocimiento del área de formación, así como de su capacidad pedagógica. El doctorado ha constituido en muchos casos la criba para orientar la selección y provisión de profesores y de esa forma alimentar la endogamia interna y empobrecer la universidad y la calidad de la docencia. Al final las universidades españolas cuentan con un ejército de funcionarios cuya adaptación a los turbulentos cambios del entorno social, económico y tecnológico para desarrollar la docencia no es fácil. Se trata de una cuestión cultural de la organización que no es fácil cambiar de la noche a la mañana. Las agencias de evaluación de la calidad docente, la ANECA, y también las agencias autonómicas han contribuido a mejorar la docencia, pero también manifiestan síntomas endogámicos en el desarrollo de su función.

La supresión de las licenciaturas e ingenierías por grados y el complemento con másters para homologar con Europa con la Ley de Universidades de 2007, ha complicado aún más el panorama universitario, su calidad y clientelismo. Se trata en muchos casos de titulaciones sin utilidad alguna, que carecen del rigor y la solidez necesaria. Un sistema que favorece la contratación de profesores amigos, en muchos casos sin conocimientos ni experiencia docente, como expertos de la nada y el clientelismo político. Un buen ejemplo es el ‘caso Cifuentes’. Es la Comunidad que preside la que aporta recursos financieros a la Universidad ‘Rey Juan Carlos’, por tanto el rector y toda su pléyade, encantados de prostituir los principios y valores que han de regir la actividad universitaria, a cambio de recibir unos cuantos “maravedíes”. Indigno, tanto como la actitud de la receptora de las dádivas, con su actitud y mentiras. Algo impropio de una presidenta de Comunidad.

El ‘caso Cifuentes’ ha puesto de manifiesto la “titulitis” de la que padecen gran parte de los políticos españoles. Hemos podido comprobar cómo muchos de ellos mienten para aparentar lo que no son. E incluso algunos se han permitido la licencia de cambiar la denominación del supuesto máster o experto. Una situación parecida se produce en otros muchos ámbitos de la sociedad española. Los españoles tienen tendencia a presumir de lo que no tienen. Pero mucho menos sentido tiene que parlamentarios, ediles y consejeros presuman de títulos no cursados y superados, cuando su proceso selectivo no está vinculado a títulos, sino al veredicto de las urnas. Debe tratarse de una cuestión de estatus, pero qué mejor posición que respetar y no mentir a los ciudadanos a los que se deben.

Es el momento de recapitular y valorar nuestro sistema universitario, redefiniendo titulaciones, modificando los programas de estudio, buscando un nuevo sistema de selección del profesorado más trasparente y equitativo, y eliminado cualquier tipo de clientelismo. En definitiva, regenerando la universidad española. Un buen tema sin duda para la agenda política española que tan escasa anda de temas de calado.

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