La actualización catastral sancionada por decreto el pasado 2 de diciembre y que afecta a 94 municipios de Segovia se está convirtiendo en el caballo de batalla en los debates presupuestarios de los diferentes municipios afectados. Con una subida media del 7% la actualización responde a un Real Decreto emitido por el Gobierno y derivado de la prórroga presupuestaria para 2017.
Simplificando. Habitualmente, con la ley de Presupuestos de cada año se daba curso legal a las actualizaciones catastrales solicitadas por los municipios. En 2017, como el Gobierno carece de presupuestos (se habla de aprobarlo pasado marzo), y tras un año de parón por las elecciones, el ministerio de Montoro sancionó las actualizaciones por decreto.
El grupo municipal del PSOE emitía el 9 de enero un comunicado culpando al Gobierno de la subida en ciernes. “El PP ha aplicado una durísima revisión catastral a 2.452 localidades de España, entre los que se encuentran casi un centenar de municipios de Segovia, sin dar tiempo a los consistorios a reducir el impuesto y sin poder solicitar su aplicación progresiva, lo que significará un incremento en los recibos desde el mismo 1 de enero de 2017”, explican los socialistas segovianos para añadir que “en el alfoz de Segovia, Palazuelos, San Ildefonso, San Cristóbal o el Sotillo, sufrirá de forma especial esta subida, pero también muchas pequeñas localidades con serios problemas de despoblación y débiles economías locales”.
La dudosa aplicabilidad de la “compensación” del IBI en Cuéllar
A última hora, algunos municipios han intentando compensar la actualización catastral con una subida de los coeficientes. Es el caso, por ejemplo, de Cuéllar, que ha enfrentado la subida del 4% con una bajada proporcional en los coeficientes. Como es sabido, el IBI, que supone el principal ingreso de todos los ayuntamientos, se basa en un valor inmobiliario de la vivienda y que dicta la Gerencia del Catastro, ponderado por un coeficiente a criterio de cada pleno. Técnicamente, una subida catastral puede ser suavizada con un prorrateo a diez años (que es la opción a la que se acogió en su día el Ayuntamiento de Segovia) o bien, como ha hecho Cuéllar en el último pleno del 29 de diciembre, bajando el coeficiente para compensar la subida y dejar el “líquido a pagar” por cada vecino tal como estaba.
Sin embargo, esta última opción no parece revestir la legalidad suficiente. Y es que, como recuerda el concejal de Hacienda de Segovia, Alfonso Reguera, “las ordenanzas municipales deben estar aprobadas definitivamente el 1 de enero”, explica. Y para aprobarlas “definitivamente” no basta con el acuerdo del pleno. Como corroboran otros alcaldes consultados “esa vía no es válida, hay que publicar las ordenanzas en el BOP, dar un periodo de 30 días hábiles, atender los recursos y luego, ya sí, aprobarlo definitivamente”. Por tanto, por más que se juegue con los coeficientes si la medida no estaba definitivamente aprobada con anterioridad al 1 de enero…
…Y espectacular bajada en Hontanares
Claro que también se da el caso inverso. Hontanares de Eresma es uno de los seis municipios segovianos a los que la actualización ha pillado con el paso cambiado. Como ya actualizaron hace 5 años, el valor catastral estaba entonces más alto que el valor real. La actualización ha supuesto para ellos una bajada en los valores catastrales, descenso que en el caso de Hontanares alcanza al 10%. Por la misma regla de tres, estos municipios (además de Hontanares, Espirdo, Nieva, Santiuste de San Juan Bautista, Riofrío de Riaza y Maderuelo) no podrían tampoco compensar el mordisco a las arcas municipales con un aumento de los coeficientes. Pese a todo, María del Pilar Sánchez, alcadesa de Hontanares apela a la falta de información oficial del catastro “lo único que sabemos es a través de la prensa. Si a lo largo de este mes no nos comunican nada nos tendremos que poner en contacto con ellos. Con todo, es una bajada que se puede asumir”, explica.
Palazuelos: polémica por el IBI de Segovia 21
El IBI también se ha convertido en arma arrojadiza en Palazuelos, donde la actualización comporta una subida del 3%. Desde Palazuelos en Común se acusa al consistorio de subir el IBI y a la vez “hacer volar” la mitad de lo que adeuda Segovia 21, que con el voto a favor de PP, PSOE y AVR acordó sumarse al plan de viabilidad de Segovia 21 y que comportaba condonar la mitad de la deuda, incluidos 98.583€ pendientes de pago de los ejercicios del 2013 al 2015. “Desde Palazuelos en Común animamos a todos los vecinos con dificultades económicas a que soliciten del ayuntamiento la exención del 50% del IBI”, explican en una nota buzoneada por la localidad y rebotada en las redes sociales.
La formación próxima a Podemos recuerda que Segovia 21 debía 98.593€ en concepto de IBI (de tres ejercicios, de 2013, 2014 y 2015), de los que el ayuntamiento ha renunciado a cobrar la mitad. “Este acuerdo ni es ético, ni justo, ni defiende los intereses de los vecinos, dejando claro que el papel del alcalde es el de ser súbdito del presidente de la Diputación”, acusa José Luis Grande, edil de Palazuelos en Común.
Jesús Nieto, alcalde de Palazuelos del PP, contrargumenta que “si no hubiéramos aceptado el plan de viabilidad, Segovia 21 hubiera entrado en liquidación, de donde esa deuda no la hubiéramos cobrado ni en dos, ni en tres ni tal vez nunca en el peor de los casos. Al hace viable a Segovia 21 nos garantizamos el cobro de la mitad del IBI pendiente, y de la totalidad del de este año y subsiguientes”. Por otra parte el alcalde popular recuerda que “Palazuelos tiene 5 parcelas en Segovia 21. Además, al contribuir a viabilizar la sociedad permitimos a la Diputación refinanciar la deuda por la mitad. Eso permite que la Diputación no recorte proyectos, subvenciones de los que se benefician los pueblos de Segovia, incluido Palazuelos”.
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