Directivos de las empresas relacionadas con el Cat.
La presentación de las empresas que se han mostrado interesadas en ocupar el edificio Cide del Cat ha sido acogida con cautela por los grupos de la oposición que además de lamentar que el Gobierno socialista les contara los nombres sólo unas horas antes de la presentación pública y además no les invitara al acto celebrado en las salas nobles del Consistorio, han coincidido en tachar de “electoralista” el anuncio y critican que el edificio siga sin tener un Plan de gestión y no se conozcan las condiciones en las que esas firmas trabajarán en el inmueble de la carretera de San Rafael.
Lo representantes de PP, C’s, Centrados e IU han destacado también el hecho de que la mayor parte de las empresas presentadas ya trabajan hace tiempo en el marco del proyecto del Cat, disponiendo de oficinas en San Lorenzo y por lo tanto temen que su traslado al Cide se traduzca en “un mero cambio de oficinas”, mientras que ninguna ha concretado el número de empleos que supondrá su implantación en el nuevo inmueble y que tampoco se hayan definido con exactitud los espacios a ocupar, o el régimen de explotación de los habitáculos y sus costes para los inquilinos.
Mientras que el concejal de Desarrollo Económico, Jesús García Zamora, aseguraba que “estamos trabajando en la elaboración del documento y falta enriquecerlo con las aportaciones de las empresas y los grupos municipales”, desde la oposición se apunta que no se les ha presentado un solo papel, siquiera a modo de borrador, que indique avances en ese plan de gestión.
Presupuestos en el aire
En cuanto a la terminación de las obras, el Ayuntamiento firmó este 11 de diciembre un contrato con la empresa Rogasa, por 2,9 millones de euros, para que ejecute los trabajos pendientes en el interior del edificio en el plazo de seis meses. La partida deberá incorporarse a los presupuestos de 2019, pendientes de aprobación, aunque también en esta cuestión la oposición denuncia que no han recibido ninguna información sobre las cuentas pese a que el equipo de Gobierno tiene inicialmente intención de aprobarlas en el pleno del 28 de diciembre.
“Seguro que podremos convencer a algún grupo para que las apoye o se abstenga” aseguraba García Zamora, también responsable de Hacienda añadiendo que “no me podría creer que no se apoyen porque esto [en referencia al edificio del Cat] es un asunto de ciudad.
Esas palabras y la actitud de aparente pasividad del Gobierno son las que hacen temer a la oposición que la estrategia de los socialistas pasará por “chantajearles” para que aprueben los presupuestos bajo la amenaza de culpabilizarles ante la opinión pública de echar atrás el proyecto del Cat si no permiten que la votación salga adelante.
Sin embargo, los portavoces de los grupos, que aclaran que no pueden anunciar aún su voto porque desconocen todos los detalles de las cuentas, no descartan el escenario del rechazo al paquete económico que obligaría a prorrogar el de 2018 y al Gobierno a pactar una a una las modificaciones presupuestarias necesarias, negociaciones en las que sí sería viable aprobar la inversión en el Cide, los presupuestos participativos y otras partidas relevantes con apoyos puntuales, no necesariamente unánimes, de los grupos ajenos al Gobierno.
Lo cierto es que los plazos comienzan a apremiar. Si realmente se quiere llevar los presupuestos al pleno del 28 de diciembre, los grupos ya no tienen tiempo material para estudiar las cuentas y sólo cabría la posibilidad de que las conocieran someramente en una comisión de Hacienda que tendría que convocarse antes de que acabe esta semana para celebrarla como muy tarde el próximo martes y llevar el dictamen al pleno, de forma que, con presupuesto nuevo o prorrogado, el Gobierno pudiera operar con normalidad desde el mismo inicio del año. En caso contrario, la votación de los presupuestos se tendría que aplazar a enero.
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