La Junta concederá la calificación de “estación” de autobuses a las instalaciones de Ezequiel González siempre que el Ayuntamiento retire —cumpliendo la sentencia del Tribunal Supremo— la marquesina ilegal, instale una nueva estructura “en consenso con la comunidad de vecinos” y ejecute las necesarias obras en la campa y también algunas estructurales.
Este es, según se desprende de la nota emitida por la delegación territorial de la Junta, el resultado de la reunión que mantuvieron este martes, 22 de abril, el director general de transportes de la Junta, José Antonio Cabrejas, y la concejala de Tráfico, Movilidad y Seguridad Ciudadana, María José Andrés, convocada para encontrar una solución a los problemas de la Estación de autobuses —técnicamente, apeadero— de la capital.
El encuentro se celebraba después de que, en febrero pasado, una sentencia judicial declarará ilegal la privatización de la gestión de la estación (precisamente por no tener esa calificación) y el Ayuntamiento reaccionara advirtiendo que cerraría la instalación el 1 de julio por no poder mantener su funcionamiento.
Ninguna de las dos administraciones quiere llegar a esa situación y la solución parece clara: realizar las obras necesarias para que la instalación actual pueda superar los mínimos para que la Junta la declarare “estación” —existen informes técnicos que concretan las necesidades— catalogación con la que sí se podría volver al modelo de explotación que desea el Gobierno local.
Tras la reunión “de trabajo”, según recalcó, el delegado territorial de la Junta, Javier López-Escobar, dio por hecho que “hay un acuerdo” entre ambas partes, aunque la concejala María José Andrés lo negó: “hemos empezado a trabajar y lo hemos hecho en buena sintonía, pero aún estamos hablando y el acuerdo, si llega, lo cerrarán la alcaldesa y el consejero”.
El punto de fricción es, claro, el económico: la Junta ofrece sólo “asesoramiento y ayuda” para la conversión en estación, pero da por hecho que todos los costes económicos han de ser asumidos por el Consistorio, “como responsable de la instalación y de la situación en la que se encuentra”, siempre según el delegado.
Sin embargo, la concejala afirma que sigue entre sus objetivos y “no renuncia” a lograr la implicación económica de la Junta en las obras y recordó que la fecha del 1 de julio para cerrar la instalación sigue vigente aún.
La urgencia y el futuro
El hecho de que el anterior regidor fijara —a modo de ultimato que además comprometía a su sucesora en el cargo— el 1 de julio como fecha de cierre de la estación de autobuses, obliga a la Junta y al Ayuntamiento a actuar con premura, si no en el inicio de la ejecución de las obras, si al menos, en un compromiso con pasos decididos para hacerlas.
En principio, para el corto plazo, la Junta pretende que se cancele de forma inmediata la fecha del ultimato “para poder seguir avanzando en un clima más sosegado” al tiempo que el apeadero se acomoda para convertirse en estación.
En el medio plazo, ambas administraciones admiten que se hace necesario —la concejala Andrés lo considera una exigencia irrenunciable— planificar la construcción de una nueva estación o bien la ampliación y modernización de la actual de forma que se zanje el problema de forma definitiva.
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