Posted By Luis Besa on 27, Jul, 2017

Los portavoces de los diferentes grupos del pleno de la Diputación de Segovia (PP, PSOE, UPyD y No Adscrito) han acordado asumir como declaración institucional la moción que el PP está presentando en los ayuntamientos y diputaciones de toda Castilla y León contra el referéndum auspiciado por la Generalitat de Cataluña para el próximo 1 de octubre.

La iniciativa, además de visionar ante la opinión pública a los partidos firmantes como paladines de la unidad nacional, tiene por objetivo respaldar a las instituciones del Estado “en su función de mantener y hacer cumplir el orden constitucional y la legalidad vigente”.

La declaración parte del artículo 1.2 de la Constitución que establece que “la soberanía nacional reside en el pueblo español” y reivindica el derecho a someter a referéndum consultivo de todos los ciudadanos “decisiones políticas de especial trascendencia” pero mediante propuesta del Gobierno y autorización del Congreso de los Diputados, según lo estipulado por el artículo 92.1.

Frente a este hecho jurídico, del que caben pocas interpretaciones, la Generalitat ha diseñado la llamada “ley de desconexión“, que desvincula de la Constitución y del Estatuto de Autonomía la acción del ejecutivo de Puigdemont, legitimando por mera mayoría parlamentaria del Parlamento Catalán la convocatoria del referéndum del que resultará la declaración de una República Catalana, caso de que gane el sí.

La ley de desconexión es ilegal de todas todas, tal como han informado en reiteradas ocasiones los propios servicios jurídicos del Parlamento Catalán y como parece ser el sentir de una parte importante del penúltimo gobierno de Puigdemont, que purgó a la mitad de sus consejeros por “tibios”. Los independentistas, sin embargo, apelan a una fundamentación filosófico-política, y no legal. Consideran que una mayoría parlamentaria tiene prevalencia sobre el ordenamiento jurídico vigente.

No es ninguna novedad histórica. Así ha pasado, por ejemplo, en la mayoría de los procesos disruptivos con el orden legal establecido del siglo XX. En algunos casos de manera revolucionaria y virulenta (la Revolución Rusa, la emergencia en los años 20 y 30 del totalitarismo en Italia, Alemania y España, o más recientemente la secesión de las repúblicas de la antigua Yugoslavia y la URSS), pero en otros de manera más o menos incruenta (difícil que no muera alguno) y apoyada por la comunidad internacional. Es el caso de la transición democrática de muchas dictaduras de la Europa del Este en los años 90 del siglo pasado, o el reciente desarrollo de las “primaveras árabes” en Túnez y en Egipto (en este último caso, mucho más traumáticamente).

Es importante destacar que la ley de desconexión es un borrador. Su aprobación está prevista en las 24 horas previas a la celebración del referéndum, o sea el 29  de septiembre (otra ilegalidad como la copa de un pino -toda ley previa a su entrada en vigor exige informes y plazos hábiles para ser recusada- pero no viene de aquí). ¿Cuál es el objetivo? Muy fácil, dado que los sábados y domingos los registros están cerrados, la recepción oficial del auto judicial que con toda seguridad anulará la desconexión no será recepcionado oficialmente por el Gobierno de la Generalitat hasta pasado el 1-O. Consecuencia, en la medida que es una ley técnicamente en vigor emanada del Estado, todo funcionario de la Generalitat tiene el deber de acatarla (eso es discutible, pero el catecismo indepe es lo que afirma y formalmente tiene sentido).

¿Van en serio? Yo diría que sí. Verán, en las últimas semanas la Generalitat ha cambiado la cúpula de la policía autonómica. Los mandos constitucionalistas -los que con toda lógica democrática dan prevalencia a las órdenes del juez frente a las del político de turno- han dado paso a un nuevo núcleo duro controlado por fervientes partidarios de la causa que afirman allá donde pueden su disposición a llegar “a las últimas consecuencias”.

Si nadie lo impide -y quiero pensar que sí- llegado el caso España se encontrará con dos cuerpos armados cuyas pistolas se apuntan entre sí. Los leales a la Constitución y el Gobierno Central y los leales a la Generalitat. Da miedo.

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