La menor que el pasado 13 de febrero desapareció de la residencia juvenil Juan Pablo II sigue siendo buscada por la policía tras la denuncia que formuló el propio centro, dependiente de la Diputación provincial, el mismo día de su desaparición según ha confirmado el diputado de Servicios Sociales, Miguel Ángel de Vicente, que aseguró que la dirección del centro ha actuado de acuerdo con las pautas que marcan sus protocolos.
La residencia es un centro de protección de menores “y no de reforma” según recordó de Vicente para explicar que las puertas del edificio están siempre abiertas ya que no tienen potestad para impedir que las personas entren o salgan cuando lo deseen voluntariamente, mientras que la tutela de la adolescente está en manos de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.
Como quiera que la búsqueda de la menor no está dando resultados hasta el momento, tanto el padre como la madre de Glenda, de 15 años, decidieron, dos días después de saltar las alarmas, realizar sendos llamamientos a través de las redes sociales y se han puesto en contacto con los medios de comunicación locales para pedir ayuda de los ciudadanos en la búsqueda, mientras que las pesquisas apuntan a las provincias de Lérida y Huesca como posibles lugares en los que podría encontrarse en estos momentos.
Diputación
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20 febrero, 2018
Alguien puede aclararme cómo una menor de 15 años, cuya custodia tienen los servicios sociales, puede entrar y salir libremente de un centro que no es precisamente un alojamiento vacacional sin que nadie asuma responsabilidad alguna??
A ver si resulta que “la culpa” la tiene la niña!!!
Háganselo mirar todos, la Diputación, la Junta y quien publica la noticia.
20 febrero, 2018
Serán los protocolos que comenta el señor de Vicente… ya te digo. Habría que hacerse de mirar los ‘profesionales’ que tienen al cargo. Lo del ‘periodismo de investigación’ en esta ciudad, como que no lo veo.
20 febrero, 2018
Es inadmisible que El Estado ( jcyl) haya asumido la guarda y custodia de la menor, y no pueda controlar si sale o no del centro de acogida. Si los padres pudieran imponer su autoridad, sin miedo a ser denunciados por sus propios hijos, por ejemplo aplicando medidas, como prohibir salir de casa, durante el tiempo necesario, como castigo, no tendrían que entregar la guarda y custodia a la jcyl, que igualmente carece de instrumentos para aplicar esas medidas sin mediar una sentencia o autorización del juzgado de menores. Es urgente una modificación de la ley de menor, que les permite actuar como mayores y es imposible controlarles hasta que no cometen una infracción penal y permitir que los controles se apliquen por los padres, en sus casas, y no en centros, en los que no se sienten queridos, ni apoyados.
20 febrero, 2018
Totalmente de acuerdo con Opalo67. Qué clase de tutela y profesionales, un decir, es lo que tenemos, en la que un acogido por, se supone, problemas en la familia, se le deja al libre albedrío las salidas y entradas. Esperemos que sólo se les haya escapado un acogido. Si no sale en los medios ni nos enteramos, aunque como ha dicho el padre hoy en la radio le han dicho una autoridad que eso no se hace que las redes son muy males, o poco más o menos. Dios nos ampare.