Abogados de la acusación.
El caso por las prejubilaciones camina hacia su recta final con la sensación de que, hasta ahora, las cosas han ido bastante bien para las defensas y bastante mal para la acusación. Cuando menos, a la salida de la vista del 14 de febrero la moral de los acusados estaba por las nubes, consideran que tras siete días no ha aparecido el menor indicio de delito.
Una sensación en parte compartida por los periodistas y la media docena de público que ha seguido la vista (los más, antiguos trabajadores de Caja Segovia). Han quedado bastante claras algunas cosas: que los vocales del consejo de administración estaban a título decorativo, que se enteraban de entre poco y nada, que no se les ponía facilidades pero que tampoco ellos ponían mucho empeño. Hablando claro y tal como sospechaba media Segovia, que estaban más por el jamón de bellota del aguinaldo navideño, los Atilano-Tours a Argentina o Venecia, y poco más. Lo suya era confianza total, utilidad ninguna.
También ha quedado claro que el tema de las prejubilaciones tuvo bastante de “un yo me lo guiso y yo me lo como” diseñado por un núcleo duro de directivos para mejorar las indemnizaciones y retiros ante la inminente desaparición (fusión por decreto) de sus empleos, y en consecuencia, de sus buenos sueldos. Y es verdad que en la valoración ética de estos incrementos hay mucha subjetividad. Para los que vivimos de magras nóminas que nunca jamás superarán los cinco dígitos anuales, es una barbaridad. Para los afectados, en cambio, los seis millones por aquí, los tres por allá y los dos por acullá, son cifras incluso por debajo de “lo normal” en el sector bancario. Lo que ellos llaman “dinámicas de mercado”. Haber estudiado.
Pero un jucio penal no dilucida la ética del encausado, sino si sus hechos se ajustan a la ley. Y uno de los problemas de un caso tan complejo como el de Caja Segovia es que ni los mismos jueces suelen tener los conocimiento contables que se requieren para formar un criterio: dependen de las pruebas periciales, es decir, de lo que los expertos aportan. Problema: las periciales son informes de parte, sesgados por los intereses antagónicos de acusación y defensa. Es así que los jueces tienden a fiarse especialmente de los peritos del ministerio fiscal, al considerarlos más objetivos. Pero como en este caso el fiscal no está…
El incremento de 2010
En la vista por las prejubilaciones de Caja Segovia había dos tipos de periciales; las auditorías contables y los informes de especialistas en derecho laboral.
En el primer caso la estrategia de la defensa pasaba por demostrar que hubo ocultación de datos, que se derivó dinero público del FROB a financiar las pólízas de jubilación y prejubilación (apropiación indebida), y que al incrementarse indebidamente estos costes, el sobrante destinado a mantener la obra social de Caja Segovia quedó severamente mermado.
Por parte de la defensa, los peritos auditores de Grant Thornton recalcaron el conocido argumento que aunque no se hubieran provisionado las cantidades para las prejubilaciones, ese dinero nunca hubiera ido a parar a la Fundación Caja Segovia. Al respecto, volvieron a aparecer algunos datos interesantes como que BFA Bankia dotó a la Fundación por mor del perímetro de segregación 16,8M€ en caja más una serie de bienes inmuebles (bien que de un valor de mercado relativo, cuando no hipotecados, como la joya de la corona, el Torreón de Lozoya).
Especial recorrido jurídico tiene el incremento de las provisiones para el impacto de las prejuibilaciones en el año 2010. Según el informe de Grant Thornton las cantidades provisionadas por la Caja para asumir el impacto de las prejubilaciones fueron de 5M€ en 2006, 6M€ en 2007, 17M€ en 2008, 3M€ en 2009 y más de 53M€ en 2010. Estas cantidades son el bruto total para provisionar el impacto de la reestructuración del personal, 69 prejubilaciones de trabajadores así como las 13 previstas para la directiva en aplicación de la extensión en 2006 a los directivos del plan estándar de prejubilaciones. De estos 53M€, 17 se corresponden con las cantidades a pagar a los directivos.
Aquí manda Bankia
¿Por qué ese elevación tan repentina? Porque Bankia quería a toda costa dejar zanjado el tema del personal para empezar de cero. De ahí que ordena externalizar las provisiones con base a pólizas. Es decir, en lugar de ser Bankia la que peche con esos gastos, opta por que sea la Caja la que dote unos “seguros”. La Caja adelanta entonces esos dineros en su último año de vida. Comprensible que Bankia lo quisiera así, pues de este modo aumentaba su solvencia. Pero ¿por qué aceptó la Caja? ¿Y de dónde sacó esos 53M€?
La Caja aceptó porque, en realidad, mandaba Bankia, de la que la entidad segoviana era apenas titular del 2.01% del accionariado. Y mandaba porque era Bankia, y no la Caja, la que accedió a los 4.440M€ movilizados por el FROB para facilitar la integración de las diferentes cajas y, entre otras cosas, mejorar la solvencia y facilitar la reestructuración laboral. Y es así que en 2010 Bankia inyecto a la Caja unos 120M€, “como apoyo a la solvencia”, según había reconocido anteriormente el auditor de la casa, José Francisco Santos.
Plantón del perito de la acusación
Qué se hizo con ese dinero era cosa para cuyo esclarecimiento se contaba con el perito en su día contratado por Unión Progreso y Democracia, cuyas denuncias originaron el pleito. ¿Pero qué paso? Que por increíble que parezca el perito no compareció. “Que pase Ignacio Arias“, ordenó el juez. Y miradas al tendido y la secretaria judicial reconociendo que “no ha venido”. Las defensas consiguieron entonces que la prueba pericial quedara en prueba documental. Después de todo, si el auditor no viene a defender su trabajo en sala, muy cuestionado por las defensas, por algo será… Tanto para los acusados.
Ya por la tarde sí comparecieron los peritos de unos y otros, ambos expertos en derecho laboral. Se trataba de dilucidar si hubo fraude de ley en el acogimiento por parte de los directivos a las condiciones de prejubilación y jubilación habilitadas para el común de los empleados.
Era la última baza de la acusación. Jaime González intentó probar el fraude de ley por la suma de indicios incriminatorios tales como la ampliación en 2008 y 2010 de las cantidades a pagar, la disminución del cómputo temporal de 3 años a 12 meses para calcular indemnizaciones, o la rebaja en la edad mínima para beneficiar a dos (o uno, según se mire) directivos. A su lado, Fernando Pérez Espinosa, el perito de la defensa, intentaba contrarrestarlo insertando la operación en una indemnización contractual privada entre partes y que, a la postre, hubiera salido más beneficiosa para los acusados si se hubiera acometido desde Bankia que desde la Caja.
Fue una pelea en el lodo jurídico, con prolijas y áridas explicaciones de uno y otro sin ganador claro. Al menos hasta que intervino el abogado de Caser, el que cierra tanda. Pues otra de las argumentaciones de González era que el plan de prejubilaciones y jubilaciones era un fraude porque la ley sostiene que ERES y prejubilaciones deben contar con el beneplácito de los sindicatos. Pero en esto el abogado de Caser se marcó un KO por derechazo a la mandíbula. “¿Usted se ha leído las pólizas?”, le preguntó al perito. El interpelado dijo que sí. Y entonces va el de Cáser y lee las primeras líneas de las pólizas en las que explícitamente se afirma que”este acuerdo no está sometido a la ley de planes y pensiones”. La banca siempre gana.
¿Un incentivo condicionado al plan estratégico?
O casi siempre. Aún le queda una baza potente a la acusación que dirige Rafael Yturriaga. Una cosa en la que puso mucho énfasis González es la diferencia entre adherirse a un plan de pensiones, que es cuando lo conciertas, y otra acogerse, que es cuando empiezas a cobrar. Considera que los directivos cometieron fraude de ley cuando se acogieron al plan. Y ello porque la adhesión al plan tenía un fin vinculado al plan estratégico de Caja Segovia para 2006-2012. Al objeto de evitar deserciones y planificar las jubilaciones, se optó por incorporar a los directivos al plan común de jubilación de los empleados a modo de incentivo. Acogerse al plan estaba vinculado a cumplir el plan estratégico. Lo cierto es que el plan no se cumplió y entonces -según la acusación- usaron el supuesto incentivo como herramienta de diseño de su retiro. “Se desvirtuó el plan”, dice Ybarra. “Fue Caja Segovia la que decidió poner fin al plan estratégico con la fusión, no nosotros”, se defiende Manuel Escribano.
Es de prever que en la última parte de la vista cobre especial importancia este aspecto. Si como estimaba el propio perito de la defensa no era en rigor un plan de jubilaciones sino un incentivo, ¿incentivo por hacer qué?
Tribunal del juicio a las prejubilaciones.
15 febrero, 2019
¿Cómo es eso de ‘hecha la Ley, hecha…’? La Tierra seguirá girando, los ‘vivales’ al boyo, el resto de mortales t’os muertos (en vida). Voten cuando se les diga, que lo demás ya lo tenemos controlado.