El auto de la Audiencia, fechado el pasado 18 de diciembre, al que ha tenido acceso acueducto2.com confirma en su integridad el que dictara el Juzgado de Primera Instancia número 6 el pasado 4 de abril decretando el sobreseimiento de la querella que había presentado el Ayuntamiento contra el propietario y el arquitecto de la Casa de los Buitrago a los que acusaba de haber permitido y ayudado al deterioro del edificio —uno de los pocos restos palaciegos del XV y XVI que pueden encontrarse extramuros de la ciudad— y enmarca el conflicto en la vía administrativa.
En los argumentos de derecho, la Audiencia señala que los hechos denunciados “tienen difícil encaje en la modalidad de delito contra el patrimonio histórico” ya que la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de la plaza de Santa Eulalia, incluido el Palacio, se produjo en febrero de 2017, es decir, que no estaba en vigor cuando se presentó la querella ni cuando se produjeron los presuntos daños al edificio, además de que la misma declaración de BIC dictada por la Junta de Castilla y León fue anulada el pasado mes de octubre.
Los argumentos de los jurídicos municipales en base a la singular protección del inmueble también se desmontan por la Audiencia cuando recuerda que el propio Ayuntamiento cobró los correspondientes recibos de IBI tras retirar la exención de su pago precisamente por no existir esa especial protección.
De esta manera, el auto concluye que el Palacio “no es bien de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental” en el sentido de la aplicación del artículo 323 del Código Penal al que se agarraba el Consistorio en su intento de lograr que la demanda progresara. Igualmente, se ratifica que el propietario (y su arquitecto) habían cumplido las órdenes del Ayuntamiento en cuanto a las obras de conservación y limpieza del ruinoso edificio, del que apenas quedan en pie parte de la fachada principal y algunos otros elementos.
El anterior concejal de Urbanismo, Alfonso Reguera, y la propia alcaldesa, Clara Luquero, se empeñaron en abrir la vía penal contra los propietarios considerando que era responsabilidad municipal actuar contra los que consideró agresores al patrimonio, una conducta inusual en las administraciones que fue objeto de duras críticas por parte del portavoz de Centrados, Cosme Aranguren, que tachó de “inédita” la postura del Gobierno local. Luquero subrayó entonces que fueron los asesores jurídicos municipales y un informe externo los que animaban a la querella, seguros de que estaba “debidamente justificada la perpetración del delito”, algo que desmienten, por segunda vez, los jueces de Segovia.
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27 diciembre, 2018
Dña Clara, igual que una cría consentida, echando la culpa a otros de sus errores.
¿Asumirá sus responsabilidades alguna vez?
Porque el sueldo de alcaldesa lo cobra íntegro, ¿verdad?
27 diciembre, 2018
Al final las cacicadas de esta señoras las pagamos todos los segovianos menos ella, pq ni siquiera vive en Segovia. Vergonzoso
27 diciembre, 2018
Ha perseguido injustificadamente s un ciudadano de Segovia, debería pedir disculpas y asumir su responsabilidad
27 diciembre, 2018
Tanta responsabilidad de incompetencia tiene el equipo técnico como el equipo de Gobierno. Entre unos y otros, el dinero público se va en pleitos, juicios y sentencias. Un desastre de gestión municipal. Clara, váyase!!!!!!
28 diciembre, 2018
La propiedad de ese edificio es la responsable de su actual deterioro, buscado y facilitado durante años para lograr tirarlo entero y construir un edificio moderno; cuando lo adquirió estaba habitable, ahora solo quedan los muros pues la misma propiedad hizo agujeros en el tejado que lo han ido destruyendo.
El Ayuntamiento ha actuado tarde y mal asesorado. De todas formas, la vía administrativa permite al Ayuntamiento hacer los trabajos de conservación del mismo y pasarle la factura al propietario que no hay que olvidar que tiene otros edificios y solares en esa misma situación en la plaza de Santa Eulalia. Culpable de la ruina del edificio: el propietario que no lo ha cuidado nunca.